¿Cuál es el balance general de estos últimos 4 años en materia de paz?
Desafortunadamente la situación humanitaria y de seguridad se deterioró bajo el gobierno Petro, vimos un crecimiento en los indicadores de desplazamiento, de casos de confinamiento de comunidades, de secuestro, de reclutamiento de menores y, aunque en menor proporción, también en la tasa de homicidios.
A nivel territorial lo que nosotros pudimos ver es que básicamente a raíz de tres factores, la ausencia de una política de seguridad efectiva en el territorio, los efectos perversos de la política de paz total y la lentitud en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 lo que sucedió a nivel territorial es que distintos grupos de crimen organizado ampliaron su control territorial y poblacional.
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Como resultado de eso nosotros publicamos informes dando cuenta no solo de la afectación humanitaria, de las poblaciones que estaban desprotegidas frente a la amenazas de estos de estos grupos sin que el Estado hubiese estado allí, sino además de la forma en la cual, a raíz de que había distintos ceses al fuego no debidamente monitoreados ni verificados dentro de las negociaciones de paz total, pues dejaron a esas poblaciones desprotegidas.
¿Y existieron aportes positivos durante el gobierno saliente?
La situación de seguridad desafortunadamente no fue positiva. Yo destacaría, en otros elementos del acuerdo, que sin duda tuvimos en los últimos años hubo avances muy importantes por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que imputó y condenó como criminales de guerra y criminales de lesa humanidad tanto a los máximos responsables de las antiguas FARC, como a exmiembros del ejército. Por supuesto, está aún pendiente la ejecución de las sanciones, pero tener esa atribución de responsabilidad por los crímenes más graves, por supuesto, incluyendo la política de secuestro y la práctica de las ejecuciones extrajudiciales conocida como falsos positivos, pues fueron avances significativos en el logro de justicia y de satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
¿Qué falencias tuvo este gobierno en el manejo de la paz?
Lo primero que yo diría es que hubo problemas en términos metodológicos de cómo trazar una negociación realmente basada en las experiencias del pasado, que reconociera que, pactar ceses al fuego desde el inicio genera incentivos perversos para que las partes usen la negociación para fortalecerse y no para realmente lograr la terminación de un conflicto. Tener tantos procesos al mismo tiempo, sin mecanismos de monitoreo de los ceses, sin una articulación entre la política de seguridad y paz, pues generó este tipo de impactos.
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Lo siguiente que diría es que el acuerdo de 2016 ya preveía la importancia de hacer frente a la criminalidad organizada que iba a quedar pendiente incluso después de la firma del acuerdo y establecía un proceso de fortalecimiento de la capacidad de judicialización de los grupos de crimen organizado.
De manera desafortunada no vimos bajo esta administración un proceso de reforma al sector seguridad que fortaleciera la capacidad de investigación judicial y de capacidad forense focalizada en el desmantelamiento de redes del lavado de activos o de desmantelamiento de las redes de reclutamiento o desmantelamiento de las redes de corrupción que permiten que los grupos de crimen organizado se fortalezcan.
Creo que ahí hay una deuda pendiente, si bien, por supuesto, es real que el escenario operacional cambió luego de la firma del acuerdo, creo que estaba previsto que se requería fortalecer esa capacidad de judicialización y eso desafortunadamente aún no ha sucedido.
¿Hay alertas específicas respecto a la situación de paz y de seguridad en el país?
Yo creo que el nuevo gobierno tiene una tarea fundamental de poner en marcha una política de seguridad efectiva y respetuosa de derechos humanos. Si algo hemos aprendido en América Latina es que la ciudadanía no tiene que escoger entre seguridad o la protección de sus derechos.
Sería fundamental que este nuevo gobierno asuma la tarea de fortalecer la capacidad de investigación y de judicialización. De nada sirve hacer procesos de captura o lanzar operaciones ofensivas en contra de los eslabones más bajos de la cadena criminal cuando no hay procesos sistémicos que realmente permitan cortar las redes de corrupción, del lavado de activos, de reclutamiento, de tráfico de armas, que son las que permiten que las organizaciones sigan controlando esas poblaciones y esos territorios.
¿Que se espera de la implementación del Acuerdo de Paz con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella?
Es muy importante señalar la obligación que está dentro de la Constitución colombiana de cumplir de buena fe por parte de todas las instituciones acciones públicas, lo que está establecido en el Acuerdo de Paz de 2016.
Colombia ya vivió la experiencia bajo el gobierno Duque del tiempo perdido en un debate político sobre si se debía avanzar o no en la implementación del acuerdo. Sería fundamental si este gobierno prioriza la recuperación de las condiciones de seguridad con un énfasis en la protección de la población y en concentrarse en lo que debería ser una prioridad nacional, además de la recuperación de la seguridad, que es la reducción de esa brecha de pobreza entre el campo y la ciudad en Colombia. Pues esto es lo que ha generado de alguna manera que los distintos tipos de conflictos en la ruralidad colombiana se perpetúen, porque quienes allí habitan terminan fácilmente vinculados, sometidos al control de los grupos armados y de crimen organizado, cuando no tiene ningún otro tipo de oportunidades de vinculación a economías lícitas y a vinculación en general con el desarrollo del resto del país.
Si al menos esas dos prioridades de recuperación de la seguridad basada en la protección de derechos y en concentrar y focalizar la política pública para reducir esa brecha de pobreza entre el campo y la ciudad en Colombia se tuvieran, creo que podría haber unos cambios muy importantes para el país.
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Por Luna Mejía Farías
