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La preocupación de la oposición escala. En una carta dirigida al presidente Iván Duque, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo, 26 senadores y representantes en contra del Gobierno manifestaron que les inquieta lo que llamaron “actos intimidatorios” que vienen realizando integrantes y altos mandos de la Fuerza Pública. A su juicio, esto tendría graves afectaciones a la democracia colombiana.
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“Pareciera que estos actos pretenden silenciar las denuncias que hemos realizado en redes sociales los y las congresistas de la bancada de oposición, en el marco de nuestras funciones, y ante los entes correspondientes y a la ciudadanía, sobre los excesos de uso de la fuerza y las violaciones a derechos humanos presuntamente cometidos por integrantes de la fuerza pública contra manifestantes durante el paro nacional”, escribieron los firmantes.
Entre otras cosas, se refieren a la carta que hace poco envió el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional. Según la oposición, dicha carta. La misiva del militar llegó al Congreso bajo carácter reservado, cosa que alertó a los parlamentarios.
“A mí me llegó la carta. Precisamente, lo que estoy señalando es que la carta tiene carácter público reservada, por lo que yo no puedo divulgar el contenido. Por eso le envié un derecho de petición para preguntarle a qué normatividad está acudiendo. En términos formales, sin referirme al contenido, es un acto intimidatorio”, expresó la representante Ángela María Robledo, quien se pronunció en esta misma línea el pasado 25 de mayo, durante la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano.
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En el derecho de petición, Robledo le exige al comandante de las Fuerzas Militares que explique en qué ley “se contempla la excepción que le permite a usted darle a la carta con radicado No. 2021252000946161 dirigida a mí, el carácter de pública reservada” y cuáles son los intereses que “se pretenden” proteger con dicho carácter. Así mismo, pide exponer las razones y pruebas “por las cuales se causaría un daño presente, probable y específico superior al interés público si la comunicación no tuviese dicho carácter”.
Por dicha situación, más el estallido social derivado de la protesta social y los casos de abuso policial en el marco del paro, los parlamentarios reiteran que, como funcionarios de elección popular, deben representar los intereses de la ciudadanía “ante las graves denuncias que a la fecha suman 60 asesinatos, 43 de ellos cometidos presuntamente por la Fuerza Pública, 46 personas con heridas oculares y 22 víctimas de agresión sexual, desde el pasado 28 de abril”.
“Exhortamos al Gobierno Nacional y al as autoridades militares y de policía, adoptar y obedecer l as normatividades nacionales e internacionales que garanticen no solo nuestro ejercicio como funcionarios de la rama legislativa, sino, además, el de los y las ciudadanas de ejercer los derechos a la libre expresión y manifestación pacífica, respetando los deberes y límites de l os servidores en el control de las manifestaciones y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, señaló la misiva.
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Finalmente, los firmantes recalcaron que el Gobierno debe cumplir lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 7641 de 2020, en la que dicta que no se puede estigmatizar la protesta social.
Esta es la carta dirigida al presidente Iván Duque, el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: