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Este viernes y muy madrugados, la Alianza Verde, Iván Cepeda (Polo) y Ángela María Robledo (Colombia Humana) radicaron una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que ordene a la Registraduría dar a conocer en detalle las irregularidades del censo del 2018 que por el desfase en el que se encontraba dio por perdida la Consulta Anticorrupción cuando, en realidad, según Cepeda sí se superó el umbral y se obtuvieron 400.000 votos de más.
Esto quiere revivir dicha Consulta, pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que reconozca la victoria de este mecanismo, una vez se haya surtido el proceso de verificación del censo electoral de 2018 y el umbral que superó en esa jornada. “La tutela se basa principalmente en tres argumentos: la violación al derecho fundamental a elegir, entendido este como parte esencial del derecho a la participación política; del derecho a conocer la verdad electoral y a que el sentido de esa verdad se materialice en democracia; y sobre la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, como consecuencia de la composición irregular y la omisión de depuración del Censo Electoral en 2018, que afectó el reconocimiento de la Consulta Popular Anticorrupción como un mandato vinculante dado por la ciudadanía al Estado”, explicó la oficina de prensa del senador Cepeda.
“En el debate que llevamos a cabo el pasado 7 de diciembre, junto al senador Antonio Sanguino, demostré que el censo electoral esta gravemente afectado y distorsionado con millones de cédulas, eso fue reconocido en el trámite del Código Electoral por parte del registrador Alexánder Vega, por esta razón consideramos junto a los promotores de la consulta, que esta se ganó y superó el umbral por mas de 400 mil votos. Es necesario que la justicia restaure el derecho de los ciudadanos”, dijo el parlamentario del Polo.
El censo electoral para la Consulta era de 36′421.026 personas. Se necesitaban 12′140.341 votos y se lograron 11′672.122. Sin embargo, con lo denunciado por Cepeda, el censo debía de ser de 33′140.341, debido a que estaban contando a colombianos fallecidos y miembros de la Fuerza Pública, que no pueden votar. Y en ese sentido, el umbral tenía que ser de 11′247.723 votos. Cifra que se superó con el resultado de esa jornada.
“En su momento se dijo que solo habíamos logrado el 32% de los votos, cuando la Constitución exige el 33%. Pero se probó que el censo estaba inflado, que aparecían personas fallecidas, privados de la libertad o miembros de la Fuerza Pública. (En ese sentido) Colombia le dijo sí a la Consulta y hoy mediante esta tutela pedimos que se reconozca esa realidad, esas fallas y que se ordene cumplir los siete mandatos de la anticorrupción”, comentó la senadora verde, Angélica Lozano, que fue una de las principales promotoras de este mecanismo.
De los siete mandatos, cuatro fueron aprobados por el Congreso después de la Consulta. Estos son: pliegos tipo, rendición de cuentas, mayor responsabilidad penal para los corruptos y publicación de la declaración de renta.
En caso de que el Tribunal atienda este llamado y ordene reconocer la victoria de la Consulta, los tres mandatos faltantes pasarían a ser ley y se zanjaría una discusión que el Legislativo se resistió a dar, pues tocaban directamente la permanencia de muchos en las corporaciones públicas y la reducción de sus salarios. Estos puntos fueron hundidos, el primero, en plenaria de la Cámara, y, el segundo, en primer debate en Comisión Primera de esa misma corporación luego de que todos los miembros se declararan impedidos, a excepción de la representante Juanita Goebertus, quien iba a ser recusada.
El tercer mandato que está pendiente es el de presupuestos públicos con participación de la ciudadanía y fue el único que no tuvo una discusión. Se hundió por falta de trámite, aun cuando tenía mensaje de urgencia del presidente.
