En la noche del miércoles, el Gobierno de Gustavo Petro expidió el cuarto decreto de emergencia económica que buscará enfrentar las consecuencias de las inundaciones provocadas por un frente frío que afectó varios departamentos de la Costa Caribe, especialmente en Córdoba.
El decreto 0150 abarcará a ocho departamentos (Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó) y busca recaudar COP 8 billones a partir de nuevos impuestos temporales durante un mes. Frente a esta decisión que había sido anunciada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, a inicios de la semana, hay opiniones divididas en el país.
En un inicio, el plan del Gobierno era que la Corte Constitucional frenara la suspensión que tiene la emergencia económica decretada en diciembre para reactivarla y afrontar la emergencia. De no lograrse este camino, el ministro aseguró el pasado 9 de febrero que si el alto tribunal no atiende al llamado del presidente “habría un nuevo pedimento de una emergencia económica de un hecho sobreviniente”, aseguró el ministro.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, una de las mandatarias que se opuso al decreto de emergencia económica anterior, debido a los impuestos que se ponían a los licores y cigarrillos, e incluso fue parte de la llamada ‘rebelión de los gobernadores’ que prometía no aplicar estos impuestos. En esta ocasión, Toro se opuso al nuevo decreto, al cuestionar que los recursos para atender la calamidad por la ola invernal están en las bolsas de regalías que no se han ejecutado.
“En el decreto de emergencia, permita que estos recursos se destinen a atender los estragos generados por las lluvias en los territorios. Esa es su razón de ser: invertirse en la tierra donde se producen y beneficiar directamente a la gente”, agregó la gobernadora.
El cuestionamiento de Toro viene después de la propuesta de usar saldos no ejecutados de regalías administradas por la Nación para atender la emergencia que ha provocado el frente frío en el país, presentada por el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.
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Algunos candidatos presidenciales como Juan Manuel Galán también se han opuesto al nuevo decreto de emergencia económica, al cuestionar la “falta de transparencia” de esta administración y el manejo que le dará el Gobierno Nacional a los recursos obtenidos en los nuevos impuestos, los cuales cataloga como “cheques en blanco”.
“Si existiera confianza, sería otra conversación [...] Presidente Gustavo Petro, a Córdoba no se le responde con decretos desde Bogotá, sino con obras, ayudas reales y resultados medibles en el territorio. La tragedia no puede convertirse en herramienta política en plena campaña”, comentó Galán desde su cuenta de X.
Uno de los contradictores del Gobierno que apoyó la implementación del decreto de emergencia económica fue José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), quien aseguró que en esta ocasión “una medida de esta naturaleza si tiene una estructura institucional que garantice que los recursos que eventualmente el sector privado vaya a satisfacer las necesidades que se vayan a requerir estas zonas. Creo que hay un desastre y medidas de esta naturaleza el sector ganadero si lo apoyaría.”
Una posición que fue rechazada por el senador Wilson Arias (Pacto Histórico), al mencionar que Lafourie apoya una emergencia que ayuda a los ganadores, pero no “otra emergencia para atender la tragedia de los compatriotas de a pie o el presupuesto de inversión social”.
Esta decisión se anunció el pasado 9 de febrero, y ocurrió en medio de tensiones del presidente Gustavo Petro con el magistrado Carlos Amargo, a quien insinuó que era “irracional” al suspender su decreto de emergencia. Así como con congresistas de los departamentos afectados, a quienes acusa de hundir la ley de financiamiento y los cataloga como los culpables de la crisis.
“Congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del Estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo”, aseguró en su cuenta de X días atrás.
Según el ministro de Hacienda, los nuevos impuestos tendrían un enfoque progresivo. En particular, plantearon modificaciones al impuesto al patrimonio para que el recaudo provenga de los patrimonios más altos, especialmente aquellos superiores a COP 10.000 millones y COP 30.000 millones, con tarifas de 0,6 % y 1,2 %, respectivamente.
Este es el nuevo decreto de emergencia económica:
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