31 Jan 2018 - 1:46 p. m.

¿Para qué ha servido el nuevo Código de Policía?

Iván Cepeda, Ángela María Robledo y Alirio Uribe citaron a una audiencia pública para discutir si el código que entró en vigencia en enero de 2017, sí ha cumplido con su objetivo de mejorar la seguridad y la convivencia.

Redacción Política.

Un año después de que entrara en rigor el nuevo Código de Policía, los señalamientos en su contra continúan. Aunque desde el Gobierno lo han presentado como una forma de modernizar las medidas correctivas y de mejorar la seguridad y la convivencia en el país, las voces críticas se mantienen. Es el caso de los congresistas Iván Cepeda, Ángela María Robledo y Alirio Uribe, quienes citaron a una audiencia pública sobre el tema este miércoles.

A la audiencia, realizada en el Congreso de la República, fueron citados el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, el ministro de Interior Guillermo Rivera, así como “líderes de los sectores afectados por el código”, entre los que se cuentan vendedores ambulantes, habitantes de calle, cuidadores de personas en situación de discapacidad, gente dedicada a la prostitución y representantes de la comunidad LGBTI.

Insisten los congresistas en que es necesario “crear una nueva Policía para el posconflicto, porque tenemos una Policía y en general una fuerza pública formada para la guerra, para un país en guerra y por eso ahí necesitamos profundas transformaciones. En eso hemos estado trabajando y seguiremos exigiendo que no haya más corrupción en la policía, que no hay más ESMAD y que no haya más personas agredidas en la calle por abuso policial”.

(Lea aquí: Este es el texto completo del nuevo Código de Policía).

Pero ¿por qué Cepeda, Robledo y Uribe insisten en que el nuevo Código de Policía no ha sido efectivo, sino que, por el contrario, ha llevado, entre otras cosas, al aumento de “los casos de abuso policial”, así como de ciertos delitos? Lo primero en lo que insisten es que “el código nunca tuvo un enfoque preventivo, sino un enfoque de control social y represión que no se armoniza adecuadamente con los derechos humanos”.

Sobre el punto del aumento de los abusos policiales, los congresistas exponen que “la Policía reportó tener a septiembre de 2017 unas 9000 investigaciones disciplinarias vigentes por abuso de autoridad, incumplimiento de órdenes, agresión física, manipulación imprudente de armas de fuego entre otras iniciadas contra agentes de Policía”.

Hay cinco temas, además del aumento de delitos como el hurto a personas, de celulares y de bicicletas, en los que los tres parlamentarios centran su atención. El primero es las demandas ante la Corte Constitucional, que según ellos son más de 60, “de muchas de las normas que en el debate dijimos que eran inconstitucionales y la Corte nos dio la razón”. Ponen como ejemplo, en ese punto, “la demanda en la que logramos tumbar esa norma que pretendía llevarse a la fuerza a los habitantes de la calle”.

(Le puede interesar: ABC de las multas del nuevo código de Policía).

Luego está el punto de los llamados “traslados por protección”, que consiste, según el artículo 155 del código, en la facultad de los agentes de llevar a personas que “deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia (…) o cuando esté involucrado en riñas” a un Centro de Protección, que, según los propios congresistas, son las mismas UPJ, pero con distinto nombre.

El problema, señalan los tres, es que estos traslados son “privaciones de la libertad, detenciones que hace la policía a la gente sin haber cometido ningún delito”. Y, entre enero y septiembre de 2017, se hicieron 5673 procedimientos de ese tipo. Por eso, la Corte Constitucional le puso varios requisitos a ese procedimiento, como que la persona solicite que acabe el traslado, solicitándoselo al superior del agente que lo efectuó.

Otro de los temas, y en la misma línea del anterior, a los que le ponen la lupa es la retención de personas envueltas en riñas o “comportamientos agresivos hacia la Policía”. Ese punto, explican, lo lograron tumbar en una de las demandas al código, aun así, insisten en que “nos habría gustado que se hubieran acabado todas esas formas de detenciones administrativas que cada vez las disfrazan más como para justificarlas al punto que no le llaman detención sino traslado por protección. En realidad, la libertad solo la debería poder limitar un juez, no la policía”.

(También: Claves de la restricción al parrillero en moto).

Además, señalaron las sanciones a los vendedores informales en espacio público. Afirman que el código no tuvo en cuenta los derechos de estos trabajadores, por lo que la Corte Constitucional en la sentencia C-211 de 2017 “condicionó la aplicación de las sanciones establecidas para ocupación del espacio público a que cuando se trate de los vendedores no se les pueden aplicar las multas, ni el decomiso o destrucción de la mercancía, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación”.

Por último, dicen que “también se tumbó en la Corte algo que era muy grave y a lo que también nos opusimos que era la posibilidad de que la policía ingresara a un domicilio privado sin orden de un juez. El domicilio es inviolable, nadie se le puede meter a uno a la casa”.

Toda esa crítica, pues, que hacen los congresistas al nuevo código persigue un solo propósito: asegurar que la Policía, más que cambiar las normas que la rigen, deben cambiar su estructura. “No podemos cambiar las normas de Policía sin cambiar a quienes las aplican, o sea a la Policía. Mientras siga habiendo corrupción en la Policía y mientras no se sancione a quienes abusan de su poder, ni la mejor norma va a servir”, concluyen.

Comparte: