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18 May 2021 - 10:51 p. m.

Paro Nacional: confirman moción de censura contra Mindefensa por uso excesivo de la fuerza

La mesa directiva de la Cámara de Representantes citó a Diego Molano para que acuda a la plenaria el próximo martes 25 de mayo. Justo hoy, la Procuraduría anunció que adelanta 71 indagaciones contra integrantes de la Policía por presuntas violaciones a derechos humanos.
Molano deberá responder también por la implementación la asistencia militar “sin el lleno de requisitos en las manifestaciones de los últimos días".
Molano deberá responder también por la implementación la asistencia militar “sin el lleno de requisitos en las manifestaciones de los últimos días".
Foto: RAUL ARBOLEDA

Justo dentro de ocho días, el próximo martes 25 de mayo, la plenaria de la Cámara de Representantes escuchará, durante un debate de moción de censura, al ministro de Defensa, Diego Molano, por aparente uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante el paro nacional.

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Según confirmó la mesa directiva de la Cámara, sumado a los aparentes excesos, el funcionario del gobierno de Iván Duque deberá responder en plenaria por la implementación la asistencia militar “sin el lleno de requisitos en las manifestaciones de los últimos días, hechos que podrían generar consecuencias que comprometan sus funciones como ministro”.

A principios de mes, en medio de las marchas y protestas, y la difícil situación de orden público, el Ejecutivo sacó el Ejército a las calles como parte de las medidas de contención. El argumento es que la Policía, una fuerza de naturaleza civil, no es suficiente para salvaguardar la seguridad, por lo que se convocó a una fuerza militar en ciudades como Cali.

A pesar de las críticas a esta determinación, bajo el argumento de que se estaría estigmatizando las protestas, el presidente Iván Duque anunció que la militarización de las ciudades continuará hasta que la situación lo amerite. “La asistencia militar se mantendrá hasta que cese los hechos de grave alteración de orden público, nuestras fuerzas militares están apoyando el trabajo de la Policía Nacional”, explicó en ese entonces.

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Justo este martes, la Procuraduría General de la Nación anunció que, sumado a nueve acciones disciplinarias contra funcionarios públicos, adelanta 71 indagaciones contra integrantes de la Policía Nacional por presuntas violaciones a los derechos humanos, con ocasión de su intervención en las protestas, en la medida que podría entrañar presunto exceso de la fuerza y abuso de autoridad.

“En ejercicio del poder preferente se han asumido 20 investigaciones que estaban a cargo de la Inspección General de la Policía Nacional para adelantar la acción disciplinaria y garantizar el debido proceso, la celeridad de las actuaciones, y los derechos de las víctimas, a fin de alcanzar la verdad material”, explicó la entidad.

De acuerdo con el organismo, las 51 indagaciones restantes están relacionadas con actuaciones oficiosas o quejas presentadas por los ciudadanos. Entre los casos en investigación figuran nueve casos de homicidios en Cali (Valle del Cauca), Madrid (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Adicionalmente, tres procesos disciplinarios por presunto abuso sexual en Cali (Valle del Cauca), Popayán (Cauca) y Manizales (Caldas).

El pasado 4 de mayo, en medio de las denuncias de excesos y abuso en el uso de la fuerza por parte de la Policía en el marco del paro nacional, fue en el Senado donde fue radicada una moción contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

La iniciativa, argumentan un grupo de congresistas por medio de una carta dirigida al presidente del Senado, Arturo Char, busca discutir “el tratamiento de guerra que se le ha dado a la movilización social, y la situación de orden público” que enfrenta el país en el marco del Paro Nacional.

Entre las motivaciones, los parlamentarios recuerdan que, a raíz de la fallida reforma tributaria que tuvo que retirar el gobierno de Iván Duque en el Congreso, se convocó a una jornada de paro desde el pasado miércoles 28 de abril. Todo ello, en un contexto de insatisfacción general por el mal manejo gubernamental de la pandemia, el incremento de la pobreza, el desempleo y, en general, el deterioro de las condiciones de salubridad y vida de la población.

“Desde el mismo momento de la convocatoria, autoridades gubernamentales intentaron disuadir a la ciudadanía a través de discursos estigmatizantes para no realizar las manifestaciones convocadas”, explicaron, señalando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cuenta de la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19, ha recordado la obligación estatal de respetar los derechos humanos.

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