Mitigar la violencia en el Bajo Cauca antioqueño y tener el control de la zona disputada con el Clan de Golfo, son los problemas que la Gobernación de Antioquia, alcaldes de la región y el Gobierno tratan de resolver por estos días. La situación tiene a Gustavo Petro en una encrucijada, pues el primer mandatario, quien antes de llegar a la Presidencia pedía no estigmatizar la protesta y eligió la paz total como la columna vertebral de su mandato, da un paso atrás en su aspiración pacifista con este grupo armado y tiene que atender las exigencias de varios gobernadores y alcaldes de hacer valer la “libertad y orden”.
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Suspender el cese al fuego con el Clan del Golfo es solo una de las decisiones que ha tomado el presidente Petro tras recientes acciones violentas del grupo criminal, que desde gobiernos pasados ha mostrado que tiene un poder superior al del Estado en zonas como el Bajo Cauca. En el afán por avanzar con la paz total, el gobierno Petro tuvo salidas en falso que lo llevaron a no tener las garantías suficientes para que el sometimiento de este actor armado se materialice, dicen exministros y exnegociadores de paz consultados por este diario.
El exministro del Interior y exnegociador de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo, considera que suspender el cese al fuego con el Clan del Golfo es una acción acertada por parte de Petro, pero señala que muchas decisiones previas se tomaron sin tener claro cómo avanzar hacia una salida del conflicto. Que el Ejecutivo tenga su mayor apuesta en la paz es loable, dice Cristo, pero “el problema ahora es que aterrizar esa voluntad no es fácil, no hay una estrategia, no hay una organización jurídica, un marco jurídico definido para cada uno de los grupos violentos y eso genera una confusión muy grande en el país que es lo que tenemos hoy. Nadie sabe exactamente con quién se negocia, ni con quién hay ceses bilaterales o no, ni quién viola los ceses, hay vacíos muy grandes en eso”.
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Sobre el manejo que tendría que dar el Gobierno a la situación, dice Cristo, “es importante presionar unitariamente a estos grupos armados a tener una estrategia de seguridad porque si no, cualquier estrategia de negociación o cualquier ley de sometimiento va a quedar incompleta, va a quedar cojo si no hay una estrategia de seguridad y de persecución a los grupos armados”. También, dice el exministro, es necesario “presentarle al país una estrategia de seguridad para combatir a los distintos grupos armados. Yo creo que hace falta que los colombianos conozcamos cuál es la estrategia del gobierno y de las fuerzas militares para golpear a quienes existen en las alcalinas”.
Por otra parte, el exministro del Interior del gobierno de Iván Duque, Daniel Palacios, considera que el problema de orden público en zonas como el Bajo Cauca son “las consecuencias de un apaciguamiento por parte de la fuerza pública, de una instrucción del presidente de la República, de generar unos ceses de operaciones”. Palacios añade que “eso tiene una consecuencia inmediata y es que terreno que las fuerzas militares o de policía sueltan es un terreno que los grupos criminales intentan ganar” y también “quiere decir, en donde se cesa la acción militar o la acción policial, la gana la acción criminal”.
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Para el exfuncionario, el gobierno Petro erró al cesar el fuego, pues manifiesta que “cuando se le suelta un centímetro a la criminalidad, recuperar ese centímetro cuesta demasiado. Cuando se retiran tropas de un lugar, cuando se deja de hacer seguimiento de inteligencia, volver a insertar esas tropas, volver a ubicar cabecillas, no se hace de la noche a la mañana”. Dice Palacios que haber parado la persecución contra el grupo armado afecta “no solamente la percepción de seguridad, sino tiene una implicación directa en la capacidad de los grupos subversivos para impactar a la comunidad, hacer bloqueos, acciones ofensivas contra la fuerza pública”.
Oficialmente, el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, dice que dentro de lo que se habló con el Gobierno en materia de orden público es que “la instrucción ha sido y se mantiene de alerta máxima a la fuerza pública para mantener una presencia muy disuasiva de cualquier acción contra las instituciones o contra la población”. El gobernador dice también que “se ha tenido información de combates y de enfrentamientos entre Eln y Clan del Golfo. Esta es una situación que al parecer también pudiera estar presentándose en los límites entre Antioquia y Bolívar, entre municipios de Bolívar y municipios de Nechí y El Bagre”.
Para seguir aspirando a la paz con el Clan del Golfo, dice el exministro Cristo, “el gobierno debe suspender el trámite de la ley de sometimiento, complementar la decisión de reactivar la pensión con una suspensión del trámite de la ley de sometimiento para que no se envíen mensajes equívocos”. Esto, dice él con el fin de que quede claro “que el Estado va a perseguir a esos grupos y que solo cuando haya unos caminos claros y una voluntad de paz, de mostrar o de sometimiento, en el caso del clan del Golfo, a la justicia, se pueden comenzar a discutir en el Congreso las condiciones de ese sometimiento”.
Aunque en el Bajo Cauca antioqueño no es la principal zona de control del Clan del Golfo, si es una en donde, en los últimos años, ganó poderío tras la desarticulación de los Caparros, otra estructura de origen paramilitar que controlaba esa subregión del departamento. La muerte en operaciones militares y policiales de los líderes de los Caparros le permitieron al Clan del Golfo reclutar hombres armados que quedaron a la deriva en el mundo criminal. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa de 2022, el Clan del Golfo tiene cerca de 1.400 hombres armados, los cuales se concentran principalmente en el Urabá antioqueño, su histórico bastión operacional.
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