Caída de consulta y resurrección de la laboral dejaron a Gobierno y oposición en guardia

Luego del round de la consulta popular que no terminó por nocaut, el oficialismo y la oposición intentan reclamar la victoria para usarla como motor para su estrategia política. El Gobierno del presidente Gustavo Petro ansía volver a las calles y de hecho ya anunció que presentará de nuevo la consulta ya no con 12, sino con 13 preguntas, incluyendo una nueva sobre medicamentos. Mientras tanto, la oposición se apega a la narrativa de que actúa “en defensa de las instituciones”. En el interín, en la Casa de Nariño buscan apagar fuegos internos y un nuevo triunvirato aglomera cada vez más poder.

El pasado miércoles, cuando los gritos se habían aplacado en el Capitolio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a toda prisa rumbo a la Casa de Nariño. También se dirigían allí todos los congresistas —tanto senadores como representantes de la Cámara— del petrista Pacto Histórico. En el recinto del Senado habían varios, pero otros recibieron mensajes para que asistieran cuanto antes.

Todos terminaron a puerta cerrada en una oficina palaciega, enfrentando la realidad de una de sus mayores derrotas legislativas tras el hundimiento de la consulta por apenas dos votos: el resultado, notificado a las 4:07 pm, fue de 49 por el no y 47 por el sí. En la reunión, que se extendió hasta pasadas las siete de la noche, evaluaron las opciones a seguir.

También, vía Benedetti, recibieron los mensajes del presidente quien, desde China, dejó claro que el camino a seguir es uno ya conocido: el de las movilizaciones, con el llamado a “cabildos populares”. De hecho, en chats revelados por El Espectador, el jefe de Estado le dijo a su funcionario —uno de los hombres fuertes del Gobierno— que era el momento de una “huelga general”.

Luego de conversar con los parlamentarios, el ministro se ausentó y los congresistas se mantuvieron en su improvisado cónclave, del que ni los asesores más cercanos pudieron enterarse. Fuentes que estuvieron allí contaron que uno de los primeros asuntos fue confrontar a la senadora guajira Martha Peralta, salpicada también por el saqueo a la UNGRD, por no haber estado en la votación. Aunque si hubiera llegado, la consulta igualmente habría fracasado, pero sus colegas progresistas le dejaron sus prevenciones y reparos.

Precisamente, las conclusiones de esa reunión y los mensajes de Petro a Benedetti, que luego se tradujeron en una publicación en X y en una alocución del presidente desde Beijín, dejaron en evidencia la estrategia que ahora quiere desplegar la izquierda tras el hundimiento de un proyecto con el que quería anticipar el llamado a urnas y medir sus fuerza en votos.

Por eso, y aunque la reforma laboral revivió y retomará su trámite en el Congreso, ahora desde la Comisión Cuarta del Senado —y la Séptima tiene pendiente la minirreforma que impulsa el liberalismo—, la prioridad del presidente es demostrar su músculo callejero.

Calles, plata y tutelas

El presidente Petro aterrizará este lunes en Colombia luego de un periplo de ocho días por el gigante asiático, donde suscribió el ingreso del país a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y un paso corto por Italia, país en el que este domingo quiere invitar el papa León XIV a que viaje hacia territorio nacional. El martes viajará a Barranquilla. En el paseo de Bolívar, en el centro de la capital del Atlántico, el presidente convocó a un “cabildo popular” y pidió que este se replique en “todos los municipios”. Originalmente, el evento sería el lunes, pero el ministro Benedetti informó este sábado que se aplazó un día.

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Como le dijeron varios congresistas a este diario, el petrismo ve como una victoria a largo plazo la caída de la consulta porque así “nos sacan a lo que más nos gusta: las calles”.

Eso demuestra que en medio de choques con las otras ramas del poder, cada vez más difíciles de aplacar, el jefe de Estado optará en los próximos meses por mantener con vida el furor en las calles, incluso con la aspiración de emular el paro de 2021.

En esa línea, desde antes de la fallida votación, el Gobierno ya había instalado comités promotores de la consulta y, lejos de acabarlos, espera potencializar con esto los llamados a las calles. Pero además de la simpatía ideológica para luchar por el control de la narrativa, en la ecuación entrará un elemento clave: la plata.

Ya hay evidencia de recursos que se destinarán en aras de las movilizaciones oficialistas. Por ejemplo, recientemente se conoció la suscripción de un contrato entre el Ministerio del Interior de Benedetti y el RTVC de Hollman Morris por $88.964.440.069. El objeto del millonario acuerdo es “prestar los servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas que se requieran para el desarrollo de las funciones, planes, programas y metas del Ministerio del Interior”.

En el contrato se incluyen las labores de servicios audiovisuales, servicios de catering, planificación y organización de transporte, y servicios de promoción cultural. De acuerdo con la información publicada en el Secop, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

También El Espectador accedió a un contrato celebrado por Presidencia, por $11.000 millones, para la promoción de mecanismos de participación popular.

Por otra parte, tal y como lo ha venido contando este medio, estos nuevos acuerdos contractuales se suman a otros millonarios procesos que se han suscrito en aras de la promoción del Gobierno. Desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, las entidades oficiales destinaron más de $132.000 millones para pauta publicitaria en medios “tradicionales”, comunitarios y de nuevas tecnologías. Además, ha destinado recursos para contratar a influenciadores que apoyan al oficialismo desde sus redes, convirtiéndose en una tropa de propaganda que —como lo documentó este diario— usan sus miles de seguidores para potenciar la gestión oficialista.

Además, durante el último año, ministerios como Interior, Salud, Transporte, Minas, Ambiente, Deporte y Culturas han adelantado proceso por más de $180.000 millones con organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC), los cuales han coincidido con el apoyo constante de las mingas en las marchas progobierno, como la que se registró el pasado 18 de marzo.

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Además, varias organizaciones de acción comunal han estado vinculadas en millonarios procesos y todo parece indicar que podría aumentar su participación en la última etapa del Gobierno, en la que Petro espera poner a toda marcha la ejecución presupuestal de sus ministerios para cumplir con sus promesas de campaña, a la vez que le da participación a sus bases populares.

Un ejemplo de esto es el programa “Caminos Comunitarios para La Paz Total”, que maneja el Instituto Nacional de Vías y cuyo objetivo es la pavimentación y mejora de carreteras. Las organizaciones comunales han tenido una participación por más de $600.000 millones y, de hecho, la Procuraduría abrió hace unos meses procesos contra algunos funcionarios de la entidad por supuestas irregularidades.

Adicionalmente, la reforma agraria, una de las políticas claves del Ejecutivo, también serviría para tal fin como lo dijo el mismo Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). “El movimiento campesino ha generado expectativas con su capacidad de movilización, hoy hay 450 comités de reforma agraria en 450 municipios de Colombia. Bajo esa consideración estamos abiertos a que realmente se discutan las transformaciones que requiere este país”, confirmó en una reciente entrevista con este diario.

Esa será la primera parte de la estrategia. La segunda, pasará por lo institucional. Por un lado, ya se presentó una cascada de recursos jurídicos que buscan revertir la decisión del Senado, alegando un supuesto “fraude”. Este medio conoció las dos primeras tutelas que se han presentado para tal fin.

El primer recurso lo puso el senador León Fredy Muñoz (Alianza Verde) y, el segundo, lo radicaron de manera conjunta Peralta y Fabián Díaz (también congresista verde). Por un lado, Muñoz alegó que hubo una “violación directa al derecho fundamental de participación política efectiva”. De acuerdo con el documento, “no basta con habilitar formalmente un mecanismo constitucional como la consulta popular si se impide de facto su realización mediante trampas procedimentales”.

Por el lado de los senadores Peralta y Díaz, citan la “omisión” para tramitar y resolver el recurso de apelación de la reforma laboral presentado por el senador verde, así como “la negativa a considerar la proposición de reapertura de la votación”.

De acuerdo con el escrito, se constituiría “una vulneración directa y grave de los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación política y a la igualdad, configurando una vía de hecho parlamentaria que habilita la intervención del juez constitucional para restablecer el orden jurídico y garantizar la supremacía de la Constitución”.

A los recursos se suma que, en los próximos 33 días —hasta el 20 de junio cuando se acabe la legislatura—, el oficialismo buscará que se apruebe la resucitada reforma laboral. El tercer debate quedó en manos de la Comisión Cuarta del Senado, presidida por la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), quien ha querido marcar distancia del furor político.

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“Es un desafío para el Senado. Es una prueba de fuego, de seriedad y de compromiso con los colombianos. Esto no es una puja política. Esto es para responderles a los colombianos con una reforma laboral seria, de fondo, y no aguadita, ni por sacar cualquier cosa, ni mucho menos por hacer conejo y hundirla. Los tiempos son estrechos, apretados, pero con voluntad política y decisión de aprobarla, es posible”, dijo en entrevista con este diario.

Además, está por verse qué pasará en la Comisión Séptima del Senado con el proyecto liberal que busca cosas similares y que también tiene mensaje de urgencia; esto sin contar que ahí mismo estará la cirugía al sistema de salud que promueve la Casa de Nariño pendiente de su tercer debate.

Sin embargo, mientras el Gobierno y sus seguidores quieren más calle para generar presión, el Ejecutivo también debe apagar fuegos internos.

Las fracturas palaciegas

Por el viaje de Petro a China, el gabinete se dividió en dos grupos. Un grupo viajó con Petro al gigante asiático, mientras que otro se quedó en el país. Este último estuvo conformado por Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), como presidente encargado —luego del reversazo en la designación de Benedetti—, el propio Benedetti, Antonio Sanguino (Trabajo), Julián Molina (TIC) y Angie Rodríguez (directora del Dapre). Los mencionados, precisamente, estuvieron en el Congreso. Y tanto el martes como el miércoles, además de Benedetti y Sanguino, que lideraron la discusión de la reforma laboral y la consulta, en el Senado estuvieron Jaramillo y Rodríguez.

Los dos, junto con el ministro de la política, se han convertido en un triunvirato poderoso y sincronizado que han cambiado los pesos en la balanza del poder de la Casa de Nariño.

El ejemplo más claro de ello es la relegación de Laura Sarabia, hoy canciller. Una de las escenas más significativas de la mala hora de la otrora todopoderosa funcionaria se dio en la alocución de Petro el miércoles pasado.

Rodeando al presidente estuvieron los titulares de los ministerios de Ciencias, Yesenia Olaya; Hacienda, Germán Ávila; Comercio, Cielo Rusinque; Minas, Edwin Palma; Agricultura, Martha Carvajalino, y el director UNGRD, Carlos Carrillo. Sin embargo, la canciller brilló por su ausencia, pese a estar también en China.

Pese a que desde su entorno se explicó que no estuvo porque no viajó a Shanghái como los demás en avión, sino en tren, que no se viera en la transmisión generó suspicacias sobre la cada vez más profunda distancia que hay entre ella y el presidente. De hecho, no son pocos los rumores que indican que se estaría cocinando su salida del Palacio de San Carlos.

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No obstante, 24 horas después se divulgaron videos de cómo, entre risas y abrazos, acompañó a Petro en su reunión con delegados del banco de los países Brics.

Ahora bien, no es la única fractura que se ha visto por el fortalecimiento del triunvirato. Precisamente, la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presentó su carta de renuncia a la cartera alegando que Rodríguez y Benedetti la habrían presionado para nombrar funcionarios y sacar a otros, como parte de cuotas burocráticas. En respuesta, Petro aseguró que Buitrago no renunció, sino que fue él quien le pidió la renuncia y Jaramillo, como designado, la protocolizó. Y el ministro del Interior, aseverando que “está cansado”, anunció una denuncia contra la abogada por injuria y calumnia.

También queda en el aire las divisiones del oficialismo con el regaño público de Petro a Gustavo Bolívar en un evento público en Tibú (Norte de Santander). “El que renunció, renunció”, afirmó el presidente cuando vio que Bolívar, que terminó este viernes su trabajo en Prosperidad Social, estaba en el orden del día para hablar. Esto no es un hecho aislado, pues ya se había evidenciado esta distancia cuando en el primer consejo de ministros transmitido en febrero hubo un grupo de funcionarios que se manifestó en contra de la retorno de Benedetti al Ejecutivo.

En ese “sindicato”, como lo llamó Petro, estuvo la vicepresidenta Francia Márquez. Y la distancia entre las dos cabezas del Ejecutivo es cada vez más evidente. De hecho, en una reciente entrevista, afirmó que no está segura de si asistirá a las nuevas manifestaciones, pese a que ha solido ser una figura constante en marchas en Cali.

“La llegada del ministro Rosero ha sido refrescante, ha sido importante; en lo más evidente ha habido un cambio directivo. Aquí tenemos un nuevo equipo, aquí hay un nuevo equipo sacando esto adelante”, le dijo a El Espectador Pablo Zabala, el nuevo viceministro de Juventudes, sobre la ruptura entre el ministro de Igualdad, Carlos Rosero, y la vicepresidenta Márquez, pese a que fueron aliados políticos en el pasado y le hicieron campaña a Petro. Con ese panorama, la oposición tampoco se ha quedado quieta con la intención de darle aire a sus posturas.

Las movidas de la oposición

Mientras la senadora María José Pizarro hablaba el miércoles en el lobby del Senado a medios, lanzando fuertes críticas a la oposición, detrás suyo estaban, precisamente, congresistas contrarios que entre risas y abrazos sonreían y reclamaban un triunfo por el hundimiento de la consulta popular. En esas se pudo ver a las precandidatas uribistas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, y al vocero de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Conservador), salió escoltado por policías tan pronto levantó la sesión.

Lejos de amilanarse ante las acusaciones de fraude provenientes del Pacto, los sectores contrarios del Gobierno han enfilado su estrategia hacia la promesa de, en sus palabras, una “defensa de las instituciones”. De hecho, Motoa ya dejó ver que, así como el progresismo piensa en tutelas, en la oposición también se estarían evaluando opciones jurídicas para llevar la pelea con el jefe de Estado a los estrados judiciales.

“A Gustavo Petro le parece más importante desgastar al Congreso con una nueva consulta popular, en vez de atender los temas fundamentales del Estado. Un disparate más del presidente de la República y si va a insistir en presentar la consulta, también haremos lo propio ante la autoridad judicial porque existiría un abuso de poder”, afirmó el congresista del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

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Por su parte, voces del Centro Democrático, como las mencionadas senadoras, y de otros partidos como la Alianza Verde, desde el sector no oficialista, han insistido en que el hundimiento de la consulta no fue por cálculos políticos, sino para “evitar” el gasto de unos $700.000 millones, cifra en la que tasó la Registraduría la realización del mecanismo sin incluir los gastos en publicidad de los comités.

“En el país he sentido que hay alivio por la decisión que tomó el Senado frente a la consulta popular, con la que el Gobierno pretendía que los colombianos le pagaran el inicio de su campaña política”, manifestó Cepeda.

De esta manera, han respondido a las acusaciones de que la resurrección de la laboral se trató de una “jugada” con la que se consiguieron los votos necesarios para frenar la consulta, argumentando que, si se discutía la reforma en el Capitolio, no haría falta la manifestación de las personas en las urnas.

Así las cosas, desde uno y otro sector político buscan sacar rédito a un episodio que, lejos de poner fin a los choques entre ambos, marca el inicio de nuevas confrontaciones que se darán en las calles, los estrados y el Congreso.

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