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Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro posesionó este martes a dos de sus nuevos ministros; en la cartera de Transporte oficializó a María Fernanda Rojas y en el Ministerio de Trabajo a Antonio Sanguino. Ambos son cercanos a la Alianza Verde, lo que para muchos demuestra que el presidente quiere abrir las puertas de su administración a algunos partidos que serían claves en el remate de su gobierno y en lo que se viene de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso en el 2026.
Durante su discurso, el jefe de Estado les puso varias tareas a Rojas y Sanguino, y aprovechó para referirse al trámite de sus apuestas en el Congreso y a la suerte de la reforma pensional en la Corte Constitucional. Según dijo, el Legislativo no ha querido avanzar en la discusión de sus propuestas y la única que ha logrado salir con éxito pende de un hilo en el alto tribunal, por lo cual aseguró, como lo han hecho otros integrantes del oficialismo, que es hora de la movilización social.
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Tras la posesión de los nuevos ministros, a las que se sumarán varias más, Petro aseguró que este año todos sus funcionarios deberán enfocarse en el programa de gobierno por el que millones votaron en las urnas. En el caso puntual de la cartera de Trabajo, le pidió a Antonio Sanguino trabajar por la laboral y la pensional. Así, criticó algunas modalidades de contrato, las largas jornadas laborales y dijo que el reto de Sanguino es que los trabajadores sean tratados con dignidad.
En cuanto a la pensional, demandada ante la Corte Constitucional por posibles vicios de trámite, dijo que no se puede hablar de Estado social de derecho si los “viejos y viejas se mueren de hambre”. Así mismo, aseguró que cedió en varios temas con los fondos privados de pensiones, pero que ahora otros sectores no están respetando los acuerdos.
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En el caso de la ministra de Transporte, dijo que esa cartera fue “cooptada por los carteles de la contratación” y habló del caso del Muelle 13 en Buenaventura, que volvió a definir como una propiedad pública. “Y de pronto resulta que hay jueces que dicen que hay que aplicar la concesión, porque una funcionaria del Ministerio del Transporte lo puso en un papelito, quién sabe por qué”, agregó el mandatario.
Según dijo el presidente, es responsabilidad del Ministerio de Transporte que no haya carreteras en las zonas de violencia. Y agregó que en la cartera “hay funcionarios que no merecen seguir siendo funcionarios. El deber de la ministra de Transporte es vigilar esos contratos de concesión y ver si han cumplido, porque las normas establecen que si hay incumplimiento en los contratos, lo dineros se van a otro lugar, que es donde está la gente pobre”.
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