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El presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre al ELN, que estaría reclutando a personas de Venezuela en Catatumbo, a la vez que defendió su propuesta de impulsar el proyecto de ley de competencias del Sistema General de Participaciones (SGP) concertándola con organizaciones sociales.
“El ELN crece con mercenarios. Es la modalidad del traquetismo. Pero no solo el mercenarismo es une expresión de debilidad y aislamiento del pueblo: todo ejército mercenario es débil; no solo es una demostración que los cuantiosos recursos que se necesitan para configurar una fuerza mercenaria provienen es del narcotráfico: imposible sostener una fuerza mercenaria con el simple apoyo campesino; sino que es el narcotráfico el que termina dirigiendo la fuerza mercenaria”, afirmó en una publicación en su cuenta en X.
En ese sentido, aseguró que, como “la violencia está cimentada en la economía ilícita”, si una acaba, la otra también. “La economía ilícita se acaba si se legaliza, caso de la cannabis, cuya violencia innecesaria y su poder de financiación de armas y muertes, se perpetúa por la decisión del Congreso de no legalizar, o se termina sustituyendo lo ilícito por lo lícito, y aquí depende del campesinado cultivador de hoja de coca y la alianza estrecha que se pueda establecer con el gobierno para lograr economías prósperas agroindustriales lícitas”, aseguró.
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De esa forma, unió el tema de la violencia en el Catatumbo y de la economía ilícita con el proyecto de ley de competencias que definirá cómo se destinarán los recursos en las regiones, que, gracias a la reforma al SGP, pasarán del 22 % al 39 % del total de ingresos corrientes de la Nación.
“Si la ciudadanía cuida los recursos locales y sectores grandes de la sociedad dejan de vender el voto y eligen lo mejor que crean de sus regiones. Habrá de aquí y en los 10 años siguientes muchísimo más dinero manejado en los municipios del país”, dijo.
Y añadió: “Si muchos de los llamados técnicos de los ministerios y planeación ubicados en Bogotá, concentraron los recursos en grandes corrupciones y en un centralismo ineficaz que no llega ni siquiera al mar, que las ciudadanías regionales y movimientos sociales puedan construir la prosperidad de sus regiones y por tanto construir paz”.
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De esta forma, reiteró la orden que le dio al Ministerio del Interior en el pasado consejo de ministros para que este, y otros proyectos, se concerten primero con movimientos sociales.
Como contó El Espectador, se trata de una forma de la Casa de Nariño de darle legitimidad a sus propuestas legislativas, en un momento en el que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo pasa por uno de los valles más complejos, luego de que la Comisión Séptima hundiera la reforma a la laboral y dejara en vilo la de salud, lo que llevó a Petro a convocar una consulta popular.
De hecho y como lo confirmaron varios legisladores del Pacto Histórico, esa orden de pasar las propuestas primero por el diálogo social, en una suerte de “consulta previa” generalizada, resultaría en un gana gana. Así como las comunidades, y particularmente las bases petristas, podrían ver de manera más clara sus intereses representados, al progresismo le serviría para articular los comités del Sí para la consulta popular y aceitar el camino de cara a las elecciones de 2026.
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