Una de las administraciones más agitadas que ha tenido Colombia en diversos frentes está a 24 horas de completar tres años en el poder y, por esa misma vía, comenzar los 12 meses finales del que sin duda es un Gobierno que partió la historia política reciente. Y no solo porque el presidente Gustavo Petro es el primer mandatario de izquierda pura que comanda la Casa de Nariño, sino también por la forma en que desde su llegada al poder se comenzó a manejar lo público.
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La decisión del jefe de Estado de darles preponderancia a quienes defienden su proyecto político por encima de los perfiles técnicos –lo cual ha llevado a por lo menos 56 ajustes de ministros en lo que va de mandato (y faltan los cambios para esta recta final)–, así como la firme defensa de postulados ambientales y la potenciación de la presencia colombiana en asuntos de geopolítica, pasando por apuestas arriesgadas en materia económica y de seguridad, hacen que el actual Ejecutivo deje una huella con distintos matices.
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Este fue el gobierno que desde el momento uno calificó como “genocidio” la ofensiva que desplegó Israel sobre Palestina por cuenta de un atentado terrorista de Hamás en octubre pasado; también, el que restableció todo tipo de contactos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela; además, el que apostó por la llamada paz total y en cuyo periodo los cultivos de uso ilícito sobrepasaron las 260.000 hectáreas; incluso, el que mantiene la cifra de desempleo en un solo dígito y al mismo tiempo el que sobrepasó la regla fiscal.
“No ha sido, como yo esperaba, como quiero que sea, un gobierno para todos”, aseguró el expresidente del Congreso Roy Barreras, el senador que el 7 de agosto de 2022 le puso oficialmente la banda presidencial a Petro.
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“Estamos hablando de más de 600.000 hectáreas de tierra que se han entregado, 1’300.000 hectáreas de tierra que se han formalizado. Esto implica que el campo, que fue el origen del problema, empieza a ser el origen también de las soluciones, porque tenemos unos sectores que crecen y lo hacen por encima de un modelo que era meramente extractivista”, precisó la senadora María José Pizarro, quien ese mismo día, como uno de los primeros actos de simbolismo de la actual administración, fue la encargada de poner en los hombros de Petro la banda de mandatario antes de la toma de juramento constitucional.
“No hay, en ningún ámbito, una política asertiva del gobierno Petro. Pero sí valoro que nos obligó a dar debates públicos sobre temas que no habíamos discutido; por ejemplo, cómo mejoraremos el sistema de salud, el pensional y el laboral. Mi visión y postura es radicalmente opuesta, pero valoro que esos temas se hayan puesto en el centro del debate”, reconoció la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático.
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Esas tres posturas pueden condensar lo que ha sido la gestión del presidente Gustavo Petro bajo los postulados progresistas que profesa y por lo que está en una férrea campaña para que en 2026 se dé la reelección del proyecto que representa. Y es ahí, bajo el reflector electoral, que el mandatario se moverá con más fuerza durante estos 365 días de poder que le restan a partir de este jueves, día en el que además el país sabrá qué tan profunda es la herida con la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Estarán juntos en los eventos protocolarios o al menos se volverán a saludar?
Ahora bien, durante la administración del presidente Petro se pusieron a tambalear las relaciones con Estados Unidos por las duras diferencias con el magnate republicano Donald Trump; también se desplegó una sombra de corrupción que tocó a muy altos funcionarios del Gobierno (como el saqueo a la UNGRD) y del corazón mismo del proyecto de izquierda; además, movilizó constantemente a sus bases para refrendar el apoyo ciudadano que mantiene; y, algo que no es menor, puso la agenda de discusión pública y del Congreso durante estos tres años, algo que sin duda intentará en este epílogo. Y fue en esta administración que el pasado 7 de junio se vio, tras varias décadas, un intento de magnicidio; la víctima fue Miguel Uribe Turbay.
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Es en ese contexto que este diario se dio a la tarea de recoger los retos que se le avecinan en al menos tres frentes más determinantes a un jefe de Estado que, fiel a su estilo, decidió que la ceremonia de este 7 de agosto sea en Leticia (Amazonas) para mostrar fortaleza en un nuevo roce diplomático que tiene su administración con Perú y que fue divulgado con el concepto de defender la soberanía nacional.
Seguridad, paz y orden público
El presidente Petro tiene aquí uno de sus mayores desafíos. De hecho, llega a la ceremonia del 7 de agosto con un confinamiento de más de 5.000 personas en el sur de Bolívar por cuenta de la guerra que se declararon el ELN y el Clan del Golfo, dos de los grupos criminales con los que intentó infructuosamente vías de desarme. Además, esas mismas estructuras, junto a disidencias que hay en varias regiones, tienen azotadas zonas de Chocó, Cauca, Casanare y, entre otras, Putumayo. Según cálculos de las Fuerzas Militares, hay más de 22.000 personas integrando esas fuerzas ilegales. En esta ecuación también entra que, de acuerdo con Naciones Unidas, en el país ya hay más de 260.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, lo que alimenta con más fuerza el narcotráfico. Y la paz total aún no da resultados concretos y solo tuvo avances con Comuneros del Sur (disidencia elena). Lo que sigue, sin descontar la ley de sometimiento que se quiere aprobar, es conocer el plan de seguridad que se desplegará para las elecciones de 2026 y la forma en que se buscará frenar a todos esos actores delincuenciales. Y otro dato: según la Policía, con corte al pasado 14 de julio, iban 6.642 homicidios.
Diálogo interno e internacional
Si bien la movilización callejera para presionar el avance de sus propuestas en el Congreso y las altas cortes tomará más bríos, el diálogo con esas otras dos ramas del poder público será clave. Y no solo por la necesidad de restablecer canales de diálogo institucional heridos por la fuerte polarización, sino porque las tres reformas clave del mandatario siguen dependiendo de una u otra forma de lo que en esas instancias se defina. La de salud está para tercer debate, la laboral necesita desarrollos y la pensional está en análisis constitucional. Además, los ministros que lleguen a esta recta final, pese a su origen más militante, serán los encargados de mover estas agendas. Y, en paralelo, la Venezuela de Maduro y el Perú de Diana Boluarte, como el Estados Unidos de Donald Trump, entre otros, marcan una agenda externa que ya tiene agitados los canales diplomáticos. El reto es evitar un aislamiento del país.
Economía y el bolsillo del país
Más allá de bajarle a la confrontación con el Banco de la República y dejar atrás el espejo retrovisor sobre la salud financiera, el presidente debe buscar cómo potencia el hecho de tener la inflación por debajo del 5 % por primera vez desde octubre de 2021. Además, está el reto de seguir bajando la tasa de desempleo, que el Dane ubicó en 8,65 % en junio pasado, y de revertir el aumento de la informalidad. También tiene que controlar el déficit fiscal, que de acuerdo con cifras oficiales cerraría en este 2025 en un 7,1 % del PIB. Y todo, además de otros asuntos, en momentos en que espera que el Congreso le apruebe un presupuesto general de $556 billones que depende de una tributaria con la que se aspira a recaudar $26 billones. En este panorama también está la reducción de la producción de petróleo y el freno paulatino a la exportación de carbón, lo que obliga a buscar otras fuentes de financiación del erario para consolidar la transición energética.
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