Luego el que presidente Gustavo Petro subiera a tarima a varios capos de las narcobandas de Medellín con los cuales hay acercamientos dentro de la política de paz toral, voces de diferentes sectores políticos de esa ciudad e incluso de otras capitales salieron a expresar preocupación por los impactos que este tipo de acciones simbólicas pueden tener.
Una de esas primeras voces fue la del alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, quien en varias oportunidades fue mencionado en tarima por el jefe de Estado durante el plazoletazo de este 21 de junio.
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En efecto, el mandatario local advirtió que la lucha frontal contra la delincuencia puede quedar herida por lo que sucedió y —de paso— generar amenazas sobre la institucionalidad de Antioquía.
“Yo siempre he estado acostumbrado a que me amenazaran los delincuentes. A lo que sí no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente al lado y del lado de los delincuentes”, dijo Gutierrez, quien agregó que el evento de este sábado en La Alpujarra —centro del poder de esa región— “es una amenaza directa y solicito a estas entidades (Fiscalía, Procuraduría y Fuerza Pública) tomar nota de lo sucedido hoy (sábado) en Medellín”.
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En un sentido similar se expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que poner a los capos de las bandas criminales en una tarima pública deriva en una afrenta a la democracia.
“Dime con quién andas y te diré quién eres. El presidente Petro vino a la capital de Antioquia a rodearse de criminales, esto es una afrenta, una humillación a las víctimas, una traición al Ejército y a la Policía Nacional. Los antioqueños cuentan con el alcalde Gutiérrez y con su Gobernador. En Antioquia no nos dejamos doblegar”, precisó Rendón.
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Lo que generó estas reacciones de los gobernantes regionales, que en todo caso hacen parte de la oposición y tienen el respaldo del Centro Democrático, es que durante el evento de visos electorales en el que el presidente Petro defendió su relato constituyente para reelegir a la izquierda en 2026, habló de sus reformas laborales y pensional también abordó, entre otros temas, los acercamientos con las combos delincuenciales ligados al narcotráfico que hay en Medellín.
Entre lo que el mandatario dijo está que le pedía a la fiscal General, Luz Adriana Camargo, y a otros funcionarios del ente acusador que lo acompañaran directamente hasta las cárceles para verificar de qué forma se podría lograr un acuerdo que lleve a su desarme, pese a que aún no hay un piso jurídico claro que permita concretar este propósito.
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Fue en ese marco que estuvieron presentes varios de los capos de estos combos, quienes ahora ejercen como voceros de las estructuras criminales. Entre ellos se vio a José Leonardo Muñoz, alias Douglas; Freyner Ramírez García, llamado “Carlos Pesebre”; y Juan Carlos Mesa, a quien en los expedientes judiciales identifican como “Tom”.
Otra de las voces que se escuchó fue la del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que el Estado —en lugar de estar apareciendo en plaza pública con personas ligadas a la criminalidad— debería promover espacios de legalidad y fortalecimiento de la democracia.
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“En lugar de subir a la tarima a jefes de organizaciones delincuenciales activas, lo que Colombia necesita es que rodeemos a las instituciones y apoyemos a los organismos de seguridad, a los jueces y a los fiscales en la lucha contra la delincuencia”, enfatizó Galán.
Lo que hizo el jefe de Estado este 21 de junio en Medellín es un proceso de fortalecimiento de las movilizaciones callejeras en varias ciudades del país, cuyo fin no solamente es promover el relato de la Asamblea Nacional Constituyente, sino de fortalecer lo que considera son las políticas que deben empujarse para que el progresismo que él representa tenga una segunda oportunidad en la Casa de Nariño.
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