De manera sigilosa, en medio de la vertiginosa cadena informativa que suele producirse en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se viene librando un duro pulso con alta carga política y que puede tener impacto directo a nivel jurídico en varios frentes. Y todo por cuenta de la falta de decisiones de fondo que ayuden a cerrar los expedientes que ese tribunal transicional tiene que resolver.
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Si bien es un tema que ya se ha ventilado en algunos escenarios públicos –incluyendo editoriales de este diario–, lo que hasta ahora no se conocía era la razón de por qué todas las partes involucradas no han logrado ponerse de acuerdo para darles celeridad a las sanciones que se deben dictar sobre casos que tocan esencialmente a las FARC y a miembros de la Fuerza Pública.
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El Espectador, que lleva indagando por este tema desde noviembre pasado, estableció que son al menos tres los escenarios que se registran en medio de un pulso que toca a la JEP, al Gobierno, a Comunes –partido que surgió tras el desarme de los FARC–, a organismos internacionales y hasta a un nobel de paz.
Una de las primeras voces que sacó ante la opinión esta necesidad de darles celeridad a las decisiones de fondo fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien en su momento le dijo a este diario que “la obligación del Gobierno es hacer cumplir las condenas que imponga la JEP, y el Gobierno lo ha dicho de todas las maneras: estamos listos para hacerlas cumplir, impongan las sanciones”.
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Eso motivó a que se dieran una serie de acuerdos para establecer mesas de trabajo que permitan establecer las necesidades, y de paso cómo suplirlas, para sacar adelante lo que se llaman “sanciones propias”.
Incluso, durante este 2025 se han dado algunos de esos acercamientos y, según fuentes enteradas de la minucia de estos acercamientos, el presidente Gustavo Petro está enterado de todo y lo habría hablado con el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, durante un encuentro que sostuvieron a mediados de diciembre pasado.
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Pero aquí es donde comienzan a surgir las diferencias con una alta carga política de fondo. El Gobierno actual es de la tesis de que la decisión de la magistratura de la JEP de ampliar su rango de acción más allá de los “máximos responsables”, lo cual ha venido haciendo a través de los once macrocasos que ha abierto en los poco más de siete años que lleva operando, hace que su tarea de fondo se retrase y que incluso esté latente un desborde de capacidades como el que se evidenció con Justicia y Paz.
De hecho, según conoció este diario, así como ya se habla de ampliar la vigencia de la jurisdicción que cobijó a las desmovilizaciones paramilitares y que tiene periodo activo hasta este 2025, extraoficialmente se ha planteado la viabilidad de implementar un proceso similar así la JEP tenga vigencia hasta el 2037.
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El escollo más grande para dar un paso así, o incluso para mover algún tipo de reforma que toque estructuralmente a la JEP y permita acelerar sus decisiones –algo que también se ha hablado en las varias reuniones que se han hecho– es que las partes firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 deben estar de acuerdo en pavimentar un camino de esa naturaleza y, de paso, llevar todo al Congreso. La realidad política, de acuerdo con información que se maneja en la Casa de Nariño, es que ni el Estado ni los ex-FARC quieren hacerlo ni en el Capitolio hay ambiente para una iniciativa de esa naturaleza. “Se le darían nuevas municiones a la derecha”, dijo una fuente del entorno del jefe de Estado.
El escenario de tensión que se vive en privado, aunque en público se intentan enviar mensajes con cordialidad para no frenar la búsqueda de consensos, lo han atestiguado hasta delegados de las Naciones Unidas, que hacen parte –en diferentes niveles– de las instancias de verificación de que lo pactado en La Habana se cumpla. De hecho, esa es una de las razones por las que hace pocas semanas, ante el Consejo de Seguridad, desde esta organización multilateral se habló expresamente de la necesidad de que se emitan sanciones pronto.
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Por otro lado, de acuerdo con la información documentada desde todas las partes involucradas en estos diálogos, se viene dando un análisis desde la misma magistratura de la JEP sobre los tiempos que tiene para cerrar expedientes. La razón es que la etapa de sanciones propias no pasa por un proceso previo similar a lo que en la justicia ordinaria se conoce como juicio, sino que al tener ya identificados los patrones delictivos y de paso contar con la aceptación de los comparecientes, el paso final no debería contar con más escollos.
“Yo entiendo que es un proceso largo, están tratando de buscar toda la verdad posible y creo que han hecho una interpretación en donde han ampliado demasiado el número de comparecientes y eso dificulta el trabajo. En búsqueda de un propósito sano, pero creo que ha demorado mucho”, alertó el ministro Cristo cuando puso sobre la agenda el debate. Y con esto que ahora se viene conociendo es que encaja la ampliación de sus indagaciones, lo que deriva en las trabas procedimentales.
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El tercer escenario, que no es menor, es la diferencia que se ha gestado en torno a los lugares donde se deberán pagar esas “sanciones propias”. Mientras que desde de la JEP le han hecho saber al Gobierno que es su responsabilidad establecer esos sitios, desde el Ejecutivo han contestado que zonas golpeadas por la guerra hay varias, y distintas a los municipios catalogados como PDET, en los que se pueden brindar todas las garantías –incluyendo las de seguridad– para que los comparecientes puedan responder a lo decidido.
En este punto hay una diferencia adicional que este diario ya ha ventilado en otras oportunidades, pero que ahora tocó a estos escenarios de la JEP. Resulta que el comisionado de Paz, Otty Patiño, estructuralmente debería ser parte clave de las interlocuciones para definir esas zonas y de paso acelerar las sanciones, pero desde todos los frentes –sumando a los internacionales– hay “quejas” sobre la falta de diálogo con su despacho para este y otros temas.
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Hace tres semanas El Espectador reveló que hay $10 billones frenados y que se requieren para la puesta en marcha de tres planes territoriales de implementación del Acuerdo de Paz, y en ese momento se descubrió que parte de las trabas radica en que entre el alto Gobierno ha circulado un borrador de decreto para modificar la estructura gubernamental que se encarga de los asuntos de posconflicto, pero que ha sido Patiño quien, al parecer, ha entorpecido su avance. Una fuente contó en ese momento que eso podría restarle margen de acción al comisionado, algo que este diario intentó constatar con él, pero nunca respondió.
“Lo cierto de todo es que no hay avances y cada vez se agota más el tiempo, por lo que sí se ha hablado de la posibilidad de ampliar el mandato de la JEP, pero con el compromiso de que se avance con todos los actores; con todos”, confirmó la senadora de Comunes Sandra Ramírez.
Y en un sentido similar, pero con un tono más fuerte, se expresó el también senador de Comunes Carlos Lozada: “En la JEP no quieren sacar nada porque se terminaron politizando; incluso, el Acuerdo habla de una resolución única de conclusiones, y ahora quieren sacar varias, lo cual es violar lo que firmamos; vamos hacia otra Justicia y Paz”.
Este diario buscó al magistrado Alejandro Ramelli para conocer sus posturas acerca de todo esto que ahora se conoce. No obstante, la respuesta llegó desde el equipo de comunicaciones de la JEP, desde donde indicaron que por ahora no tienen pronunciamientos porque están esperando los avances de la mesa técnica que se tiene con el Gobierno sobre “sanciones propias” y a que se culminen proceso como la identificación de los restos hallados en La Escombrera, asunto que además volvió a la JEP blanco de duras críticas del expresidente Álvaro Uribe y sus aliados por las implicaciones en Antioquia y el resto del país que tiene ese caso.
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En todo caso, mientras se dan estos debates en todos los frentes, la JEP recibió una rama de olivo desde la Casa de Nariño. Este martes, luego de conocerse que el recorte de ayudas estadounidense que ordenó el presidente Donald Trump toca a esa jurisdicción transicional, Petro dijo que el monto que represente ese freno de caja lo cubrirá el Estado colombiano con sus recursos, aunque no aclaró –en épocas de recortes y desfinanciaciones– de dónde saldrían las partidas.
Las tensiones siguen latentes y si bien todos los actores involucrados de alguna manera coinciden en rodear a la JEP, incluso el expresidente y nobel de Paz, Juan Manuel Santos, quien también les ha pedido a sus magistrados celeridad en las decisiones de fondo, lo cierto es que la discusión política que rodea las “sanciones propias” es la que, al menos con la foto actual, está marcando el rumbo de un debate que, según el Acuerdo de Paz, debería estar guiado por la búsqueda de la verdad y el resarcimiento de las víctimas de la guerra.
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