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El presidente Gustavo Petro usó sus redes sociales para cargar, durante las últimas 24 horas, contra instituciones que con base en su independencia constitucional tomaron decisiones que van en contravía de los preceptos de la Casa de Nariño. Incluso, y faltando solo tres semanas para la primera vuelta presidencial, también atacó con fuerza a la Fiscalía.
Lo que desató la seguidilla de mensajes en redes contra la institucionalidad fueron varias decisiones judiciales. Por un lado, aseguró que el freno que el Consejo de Estado le puso a un decreto que convertía la intervenida Nueva EPS en la única operadora en más de 500 municipios, según él, afecta al golpeado sistema de salud.
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Lo que se cayó fue el decreto 182 de 2026, el cual estableció que una EPS debía tener al menos el 3 % de los afiliados de un departamento para poder operar, lo cual legalmente atenta contra el derecho de los ciudadanos a elegir su entidad y, de paso, movía a cerca de 3 millones de personas más a la intervenida prestadora.
“El Consejo de Estado aquí le hace grave daño a la salud, porque la salud preventiva se hace por circunscripción territorial y no puede hacerse por dispersión de afiliados”, precisó Petro.
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Luego, a través del reposteo de mensajes de su superintendente de Comercio, Cielo Rusinque, le dio validez a una serie de argumentos que van en contra de una decisión de la Corte Constitucional que tocó las medidas que precisamente la entidad de esta funcionaria tomó sobre jugadores profesionales de fútbol y lo que el Gobierno calificó como “prácticas anticompetitivas implementadas por la Dimayor y varios clubes”.
El jefe de Estado, además, le dio uso en favor de su relato electoral a dos casos judiciales que tiene la Fiscalía contra personas cercanas suyas. Según Petro, se trata de una supuesta persecución, pero lo que se está determinando es si hay o no veracidad en el acervo probatorio por el que se sindica de presunta corrupción a parte de quienes han estado en su círculo más cercano.
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“Una Fiscalía que persigue a un Gobierno por política, tal como lo había denunciado. Meten a la cárcel si no denuncian ministros”, dijo el mandatario luego de que la encarcelada Sandra Ortiz, quien fue su directora de regiones en Presidencia, dijera que presuntamente intentaron presionarla para que declarara contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco dentro de las indagaciones que se siguen por el megasaqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.
De hecho, hizo eco de quejas de su primogénito, el exdiputado Nicolás Petro, quien es investigado por posible enriquecimiento ilícito y otros delitos por cuenta de cómo manejó recursos de al parecer dudosa procedencia y que llegaron a sus manos cuando en teoría iban para la campaña de 2022 del hoy mandatario.
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Estas tensiones con la institucionalidad las vienen promoviendo el presidente Petro y varios de sus funcionarios, con el fin de promover un relato de supuestos intentos de frenar a su administración. Y todo para impulsar la campaña de continuidad de la izquierda en el poder a través de la candidatura del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.
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