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El presidente Gustavo Petro celebró que la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) accediera a revisar la petición de Colombia, hecha por la canciller Laura Sarabia, para que expertos revisen y evalúen técnicamente el régimen global de drogas. Se trata de una movida con la que el Gobierno espera impulsar su visión de la política contra las drogas.
“Avanzamos, pero no ganamos. Así es la diplomacia mundial. Más bien se procrastina, pero es un avance indudable. Un grupo de expertos, a los que recibiremos con toda nuestra información, evaluará la política antidrogas del mundo. En mi opinión, un rotundo fracaso”, escribió el presidente en X.
Por su parte, la canciller Sarabia celebró que “¡el mundo escuchó a Colombia! La Comisión de Estupefacientes de Viena aprobó nuestra resolución para que expertos revisen y evalúen técnicamente el régimen global de drogas. Un modelo más humano y eficiente es posible”.
Y Laura Gil, representante permanente ante la ONU en Viena, agradeció a los diplomáticos “Germán Calderón, Fabio Pedraza y Mauricio Carabalí, que le pusieron el alma”.
Gil también explicó que “a fines de 2024, Colombia envió el expediente a la Organización Mundial de la Salud y se espera que el Comité de Farmacodependencia publique sus conclusiones en octubre de este año. Colombia trabajó un año entero en la producción de ese dossier”.
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En un comunicado, la Cancillería manifestó que la CND es el espacio donde los Estados Miembro de la ONU establecen políticas sobre todas las cuestiones relacionadas con las drogas.
“Colombia aspira a que el panel interdisciplinario, conformado de manera incluyente y geográficamente representativa, presente conclusiones y recomendaciones para discusión de la CND que planteen una visión que nos aleje del fracaso”, señaló el ministerio.
Como lo contó El Espectador, las movidas en Viena coinciden, precisamente, con la puesta en marcha de un ambicioso plan de sustitución de cultivos en el Catatumbo. Esto, en el marco de la conmoción interior por la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc, así como de impulso a la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas.
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En esa región hay 53.000 hectáreas de coca, por lo que el Gobierno planteó erradicar voluntariamente cerca de 25.000 con una inversión de $330.000 millones. Según Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos, la idea es pagarles $1.280.000 durante cada mes durante un año a los cocaleros que tumben sus matas, esto mientras se garantiza su paso a una economía lícita.
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