En medio de interpretaciones jurídicas, presiones políticas y dardos que van y vienen entre legisladores y miembros del Ejecutivo, el Gobierno mide su capacidad de maniobra política con el arranque en el Congreso de las sesiones extraordinarias, con las que la Casa de Nariño busca salvar su reforma pensional. Es otro de los legados —como la reforma laboral, que logró ser sancionada esta semana— que el presidente Gustavo Petro quiere dejar antes de irse del poder, el 7 de agosto de 2026. La defensa de esa bandera, que recibió un revés recientemente cuando la Corte Constitucional la regresó al Capitolio para corregir vicios de procedimiento, ya está trazada: discutir exclusivamente la propuesta que hizo hace más de un año la representante María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), por la cual la Cámara acogió el texto aprobado por el Senado, evitando así una conciliación y, en consecuencia, el archivo del proyecto.
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Lo que se busca es que, por lo menos, la proposición se debata durante tres horas, lo cual, según la interpretación y explicación del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), es lo que establece la Ley Quinta como suficiente ilustración. Aunque el representante dijo que esperaba que la discusión se extendiera más allá de esos 180 minutos, lo clave para el autodenominado “Gobierno del cambio” es evitar que se reabra el debate artículo por artículo, ya que, entre otros asuntos, la Corte estableció que la plenaria de esa corporación tendrá 30 días hábiles para discutir y un cambio en el texto obligaría a una incierta conciliación con el Senado.
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El afán del Ejecutivo viene desde antes. Aunque el decreto estaba listo hace varios días, el jefe de Estado no lo había podido firmar y publicar, pues no se conocía la comunicación oficial del alto tribunal sobre su decisión. Apenas eso ocurrió, se empezó a mover la invitación. “Espero de todas las bancadas su asistencia a este acto ordenado por la Corte Constitucional y citado como plenaria de la Cámara. Millones de personas de la tercera edad en toda Colombia se lo agradecerán”, trinó el presidente este viernes.
El apuro es tal, que de hecho Salamanca citó la plenaria para el mismo 27 de junio. En esta apuesta de volver a “pupitrear” la reforma cumple un papel fundamental el ministro del Interior, Armando Benedetti. Su trabajo comenzó con el impulso a Salamanca para que hiciera la citación este mismo viernes, apenas unas horas después de que se diera a conocer el decreto. Y es que el Gobierno se blindó para asegurar que desde el mismo decreto que la discusión no se ampliara al Senado, corporación que preside Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien ha sido uno de los principales opositores de Petro durante la tercera legislatura. De hecho, esta semana volvieron a chocar luego de que el presidente del Senado sancionara cuatro leyes que el jefe de Estado había objetado.
El Decreto 0747 de 2025 es claro: el objeto de la convocatoria es debatir la proposición presentada por María del Mar Pizarro, que fue aprobada por la Cámara el 14 de junio de 2024 con 86 votos a favor y 32 en contra. Aunque en los hechos la citación fue inmediata, el decreto establece que las sesiones extraordinarias se extenderán entre el 27 de junio y el 19 de julio. Así las cosas, la plenaria fue citada cuatro días antes de lo que, en principio, iba a ser la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley.
El plan del Gobierno también implica traer de vuelta a la capital a los representantes. Con el Congreso en receso desde el pasado 20 de junio —día en el que se aprobó la conciliación de la reforma laboral—, buena parte de los legisladores ya se había desconectado: están en los territorios que los eligieron, en actividades de control político local o de campaña. Pero para que la plenaria pueda deliberar y votar se necesita quórum, lo cual depende de que los congresistas interrumpan su agenda y regresen a Bogotá. Ahí es donde arranca una operación política que incluye llamadas, mensajes y negociaciones. El peso de esa tarea recae sobre Benedetti, quien tiene que alinear intereses y voluntades dispersas para garantizar que el proyecto no corra peligro nuevamente por falta de manos en el recinto.
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Por ahora, desde el Pacto Histórico han empezado a moverse esperando que otros sigan su ejemplo, sobre todo porque la mesa directiva dejó claro que no será posible la participación mixta en las sesiones. Es decir, de manera virtual y presencial. Por ejemplo, la representante Karmen Ramírez, quien se encuentra en Suiza, dijo que está haciendo todo lo posible para volver y que su regreso es una prioridad. “Agradezco de antemano a la persona encargada de gestionar los viajes en la Cámara de Representantes la celeridad en el proceso, ya que es crucial que pueda llegar a tiempo y participar de esta importante sesión”, escribió.
En cualquier caso, la tarea no pinta sencilla. Desde que Salamanca señaló que citaría para este viernes a las 7 de la noche para anunciar el debate —y luego arrancar formalmente el sábado a las 10 a.m.—, no han dejado de llover críticas y lecturas jurídicas diversas, empezando por las de la misma mesa directiva de la Cámara. La segunda vicepresidenta Lina Garrido (Cambio Radical) advirtió que no firmaría la citación a extras, y aunque el reglamento no exige unanimidad, sí se requieren al menos dos firmas de la cúpula de la corporación para que la convocatoria sea válida. En ese sentido, el documento cuenta con el aval del primer vicepresidente, Jorge Tovar.
Garrido, quien actualmente se encuentra en Madrid participando en el Foro de la Iberosfera, organizado por el partido Vox y su tanque de pensamiento, Fundación Disenso, argumentó que la Casa de Nariño no puede llamar a las extras sin que la Corte Constitucional haya notificado debidamente a la mesa directiva de la corporación sobre su decisión. La representante de Cambio Radical, además, ha tenido roces públicos con aliadas del Gobierno, como la senadora María José Pizarro y la exministra de Ambiente Susana Muhamad, en medio de las tensiones por el manejo del trámite legislativo y las decisiones de la mesa directiva.
Otras voces de la oposición aseguran también que el decreto podría estar viciado. La representante Katherine Miranda (Alianza Verde) dijo que el decreto fue firmado por el presidente Petro el mismo día en el que dejó con funciones presidenciales al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, mientras él viaja a Francia y España para asistir a una reunión de alto nivel de la OCDE y la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. “Congresistas, no sean bobos útiles, esta citación está viciada, no debemos asistir”, escribió la legisladora en sus redes sociales. A lo que el ministro Benedetti le respondió: “¿A dónde viajaste que no puedes volver?”.
Al respecto, Salamanca dijo: “El decreto goza de presunción de legalidad y no me compete a mí decidir sobre la misma”. Según él, su obligación es acatar tanto el decreto como el fallo de la Corte: “Sustraerme al cumplimiento de ese imperativo me expone a incurrir en los delitos de prevaricato por omisión y fraude procesal (...). No es un tema de posición política, sino de carácter jurídico”.
El presidente de la Cámara insistió en que la decisión final es autónoma de la plenaria. Siendo las 8:30 p.m. de este viernes, en el Salón Elíptico solo estaban presentes varios miembros del gabinete y algunos representantes del Pacto y la Alianza Verde, como Martha Alfonso y Catherine Juvinao. Salamanca señaló que, si hoy no se logra el quórum necesario para anunciar la discusión de la proposición que busca acoger el texto aprobado por el Senado de la reforma pensional, se volvería a citar mañana, y el debate se realizaría el domingo.
En todo caso, este fin de semana la corporación deberá debatir y decidir si acoge el texto del Senado o si arranca la discusión artículo por artículo. Por ahora, lo único claro es que el pulso apenas comienza, y el Gobierno pone a prueba su capacidad de mover apoyos en medio de vacaciones y resistencias.
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