A las comisiones económicas del Congreso llegó lo que para muchos legisladores es una bomba de tiempo. El documento de 755 páginas del proyecto de presupuesto general de 2026, radicado el miércoles por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, es, según varias voces del Capitolio, la piedra angular del último año del primer gobierno de izquierda en Colombia.
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El texto recoge la apuesta del presidente Gustavo Petro por llenar las arcas públicas con $557 billones para lo que podrían ser los 12 meses más convulso de su administración; marcado por las elecciones, procesos judiciales, líos diplomáticos y la confrontación en las calles y las redes sociales. Para afrontar ese epílogo de su Gobierno, el mandatario quiere $365 billones para el funcionamiento del Estado, $102,4 billones para pagar deuda y $88,7 billones para invertir en sus proyectos. El problema, sin embargo, es que sus cuentas tienen un déficit de $26 billones para la cifra total.
Así las cosas, durante varios consejos de ministros y reuniones a puertas cerradas con sus altos funcionarios, el jefe de Estado ideó una estrategia con la que busca presionar al Congreso atando el presupuesto a una nueva ley de financiamiento que para los legisladores es una reforma tributaria más. Senadores y representantes de diferentes bancadas concuerdan en que un proyecto de ese estilo, que toca directamente el bolsillo de los colombianos y las empresas, tiene poco futuro, menos en época electoral; no obstante, también señalan que Petro y sus alfiles tienen herramientas para presionar.
“En caso de que la ley de financiamiento no sea aprobada o sea aprobada de forma parcial o su debate continúe en la siguiente legislatura, el Gobierno Nacional, como prevé la Constitución Política y el Estatuto Orgánico de Presupuesto, realizará las suspensiones de gasto a las que haya lugar”, dijo Petro en el mensaje que acompañó la radicación del presupuesto. Para varios congresistas, esas palabras se pueden entender como una suerte de amenaza o intimidación para sumar los votos que necesita.
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Lo cierto es que varios legisladores se mantienen cautos ante el anuncio, pues saben que el mandatario, por ejemplo, podría recortar los dineros que se giran a los proyectos en sus regiones, lo que impactaría directamente en la dinámica electoral del 2026. Un caso modelo es el de Antioquia y Medellín. En julio, cuando el alcalde Federico Gutiérrez se quejó de que el Gobierno les recortó el giro de recursos, Petro respondió que era culpa de los congresistas de oposición de esa región que no aprobaron el presupuesto de 2024 ni la ley de financiamiento que lo acompañaba. Y ahí lanzó la advertencia que se suma al mensaje de este miércoles: “Sepan que si vuelven a hacer lo mismo este año, condenarán a la muerte financiera al Estado hasta 2034, porque la deuda se volverá impagable”.
Las bancadas de oposición ya anunciaron que no aprobarán una reforma tributaria y cuestionaron el presupuesto asegurando que repite la fórmula del año pasado de presentar un monto desfinanciado para gastar más en burocracia –el rubro de funcionamiento aumentaría un 11,1 %– y golpear la regla fiscal. “Un presupuesto irreal, insostenible y con claro tinte electoral. El 2026 no se financia con cuentos, pongámonos serios”, anunció Cambio Radical. De hecho, ya está circulando por el Capitolio una solicitud para devolver el proyecto.
Además de la presión de los recortes, Petro echará mano de su capital político, que, aunque se ha desgastado en estos tres años con debates como el de las reformas a la salud y laboral, aún existe y ha salido a relucir en votaciones recientes como la de la cirugía al sistema pensional. El primer pulso en este sentido es el de las mesas directivas del Legislativo, en el que la administración ha obtenido resultados agridulces. En cuanto a las plenarias, en la Cámara ubicó a un aliado, Julián López (La U), pero en el Senado tendrá a un crítico de la agenda oficialista, Lidio García (Liberal).
En las comisiones constitucionales el resultado está en tablas. En las económicas, que definirán el rumbo del presupuesto y la tributaria, el Ejecutivo perdió en Senado y tendrá que lidiar con dos opositores: Jairo Castellanos (ASI) liderará la Tercera y en la Cuarta estará Enrique Cabrales (Centro Democrático). El primero anunció que le dará “cristiana sepultura” al texto y el segundo sentenció que “Colombia no está preparada para otra reforma tributaria, ya hay muchos impuestos a los empresarios y a los colombianos”. Pero en la Cámara aseguró a dos cercanos: los representantes Wilmer Castellanos y Liliana Rodríguez, ambos de Alianza Verde, que encabezarán la Tercera y la Cuarta, respectivamente.
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A esto hay que sumar que todos los presidentes de las comisiones de Cámara tienen afinidad con el proyecto de Petro. Además de los dos mencionados, en la Comisión Primera quedó Gabriel Becerra (Pacto Histórico); en la Segunda Mauricio Londoño (La U); en la Quinta Erick Velasco (Pacto Histórico); en la Sexta Haiver Rincón (Curules de Paz); y en la Séptima Camilo Ávila (La U). Por el lado del Senado, Petro y Armando Benedetti (ministro del Interior) se anotaron importantes victorias como la de Julio Chagüi (La U) como presidente de la Comisión Primera, pero también una fuerte derrota en la Comisión Séptima, donde se rompieron los acuerdos para un presidente de Comunes y ganó el liberal Miguel Ángel Pinto.
Así las cosas, el gobierno Petro parece tener una brecha para impulsar la aprobación voto a voto de su presupuesto y de la ley de financiamiento, aunque, según varios congresistas, si esto último se llega a dar, es casi imposible que sea un articulado de $26 billones. Por otra parte, sobre la mesa está la pregunta de qué pasará con las otras iniciativas si el capital político se va en asegurar la plata. Tras 10 días del inicio de la última legislatura, aún no parece haber ambiente para discutir la reforma a la salud, la ley de sometimiento, la ley de tarifas y la jurisdicción agraria, entre otras iniciativas. Aún así, el ministro Benedetti se siente optimista, pues asegura que hay “una nueva era de entendimiento y diálogo” con el Congreso e incluso disposición para modificar el contenido de las reformas.
En la Casa de Nariño y La Giralda, sede del Ministerio del Interior, saben muy bien que la labor que se les viene es a contrarreloj, ya que todos los congresistas señalan que el espacio para aprobar proyectos va hasta diciembre, ya que –según explican– después del receso navideño todos se volcarán a las calles en búsqueda de su reelección o de la de los integrantes de sus grupos políticos en las legislativas del 8 de marzo.
Se espera, además, que a partir de este 7 de agosto el panorama se aclare un poco más, ya que el presidente Petro prometió un nuevo remezón ministerial para rodearse de funcionarios que cumplan el programa de gobierno a cabalidad. Los movimientos podrían incluso tocar a la cartera política, pues desde hace varias semanas se habla de una posible salida de Benedetti para darle paso a Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud y uno de los hombres que mayor confianza le genera al presidente.
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En suma, Petro busca presionar al Congreso por todas las vías para asegurar un presupuesto de $557 billones que, como se lo ha ordenado a su gabinete, tiene que verse y sentirse en las calles, donde la estrategia se complementará con movilizaciones sociales como la que el propio presidente anunció en Bucaramanga sobre pensiones, agua y otros temas.
Parte del dinero solicitado seguramente alimentará políticas como la del bono pensional, la compra de tierras, los créditos populares, entre otras; todas banderas con las que el progresismo espera argumentar que cumplió las promesas de 2022 y merece más tiempo en el poder. “Queda un año y espero que vengan cuatro más. Cuatro años más del proyecto popular en Colombia”, reconoció Petro este jueves desde Caloto, en el Cauca.
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