A menos de un año de las elecciones presidenciales, fue sancionada este jueves la ley que establece nuevas reglas para la elaboración, publicación y divulgación de encuestas políticas y electorales en Colombia. La norma, de autoría multipartidista, regula desde las metodologías hasta los tiempos en que se podrán compartir estudios de opinión y refuerza la vigilancia del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las firmas encuestadoras.
Entre los principales cambios está la restricción de tiempos para divulgar encuestas con intención de voto: solo podrán publicarse a partir de los tres meses anteriores al inicio del periodo de inscripciones de candidaturas. Además, una vez cierre ese plazo, las mediciones deberán incluir a todos los candidatos oficialmente inscritos.
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La ley también impone mayores requisitos técnicos. Toda encuesta electoral deberá garantizar representatividad mediante métodos científicos y solo podrán divulgarse estudios hechos por firmas registradas ante el CNE. Estas, a su vez, deberán entregar insumos detallados como cuestionarios diligenciados, grabaciones, ficheros de datos y el código computacional con el que se seleccionaron las muestras. Esta información deberá conservarse por al menos dos años.
El texto fue promovido por más de 20 congresistas de distintos partidos. Entre sus principales impulsoras están las senadoras Clara López (Pacto Histórico), Angélica Lozano (Alianza Verde) y Paloma Valencia (Centro Democrático), así como el representante Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo), quien fue ponente en la Cámara. La norma retoma elementos del proyecto de reforma al Código Electoral que fue tumbado por la Corte Constitucional, y fue construido con apoyo técnico de expertos como Hanwen Hang e Iván Mendivelso.
La ley crea, además, una Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral, compuesta por cinco profesionales en estadística con experiencia en muestreo probabilístico, que será la encargada de auditar la calidad de los estudios.
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Las firmas que no cumplan con los requisitos establecidos podrán enfrentar sanciones civiles y penales. Asimismo, los medios de comunicación estarán obligados a rectificar en un plazo máximo de tres días si el CNE detecta errores sustanciales en los resultados divulgados.
Desde la Misión de Observación Electoral (MOE), su directora, Alejandra Barrios, advirtió que la entidad ya inició una revisión sobre los posibles impactos de la norma. “No se puede restringir la información de las encuestadoras porque eso se llama acceso a la información”, dijo hace unas semanas en la Comisión de Seguimiento Electoral.
“Las encuestas afectan la opinión. Entonces, se trata de que sean técnica e imparcialmente elaboradas. El objetivo es que cumplan los estándares técnicos estipulados de manera estadística, para que sus resultados sean confiables”, le explicó López a El Espectador en diciembre del año pasado, cuando se presentó la iniciativa en la Comisión Primera de Senado.
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