El primer mes de este 2025 terminó con una semana que fácilmente puede entrar en la lista de las más agitadas que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde el lunes 27 de enero se empezaron a sentir los coletazos del inédito choque entre Colombia y Estados Unidos, puntualmente entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, por cuenta de la negativa del primero a recibir dos vuelos que traían a colombianos deportados por entrar de manera irregular a ese país.
Como lo contó Laura Peralta, aunque el “impasse” se superó por las diligencias diplomáticas del saliente canciller Luis Gilberto Murillo y su reemplazo, Laura Sarabia; lo cierto es que el episodio demostró que la relación del Gobierno actual con la potencia norteamericana quedó fracturada y que está latente la posibilidad de que un nuevo choque entre Petro y Trump pueda revivir las amenazas de este último de cancelar visas e imponer aranceles de hasta un 50 % a los productos nacionales que llegan a su suelo. Por tales razones, en el Congreso ya preparan debates de control político para preguntarle a los funcionarios de Petro por el devenir de las relaciones con Estados Unidos.
En medio de esa coyuntura, el Ejecutivo dio a conocer el decreto de aplazamiento de los $12 billones que le faltan al presupuesto del 2025. Como ya lo había anticipado esta sección, la medida generó un choque político porque entre los recortes entraron entidades como el Congreso y el CNE. Desde esta última, por ejemplo, rechazaron el recorte de $600 mil millones y hablaron de riesgos para las elecciones, pero la propia Registraduría los descartó.
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El miércoles 29 de enero, Daniel Valero, contó cómo fue que el choque Petro-Trump incluso obligó al saliente canciller Murillo a mover sus fichas en Estados Unidos para poder entrar a ese país y reunirse con varias figuras políticas en busca de zanjar las diferencias entre los dos gobiernos. El hecho demostró, una vez más, que la relación diplomática está resentida y que será la nueva canciller Sarabia la encargada de intentar recomponer los lazos de una alianza clave para Colombia en términos comerciales y de seguridad.
El jueves les contamos la historia detrás de la silenciosa puja entre el Gobierno, la JEP y el partido Comunes por las sanciones de esa magistratura. El Ejecutivo es de la tesis de que la decisión del tribunal de ampliar su rango de acción más allá de los “máximos responsables” hace que su tarea de fondo se retrase y que incluso esté latente un desborde de capacidades como el que se evidenció con Justicia y Paz.
Así mismo, se explicó que hay una diferencia sobre los lugares donde se deberán pagar las “sanciones propias”. Mientras que desde de la JEP le han hecho saber al Gobierno que es su responsabilidad establecer esos sitios, desde el Ejecutivo han contestado que zonas golpeadas por la guerra hay varias, y distintas a los municipios catalogados como PDET, en los que se pueden brindar todas las garantías –incluyendo las de seguridad– para que los comparecientes puedan responder a lo decidido.
Ese mismo jueves se conocieron los primeros decretos, nueve en total, que desarrollan el estado de conmoción interior en el Catatumbo. Uno de estos generó rápidamente una controversia política, ya que incluía en uno de sus artículos la opción de la expropiación administrativa para dar tierras a las víctimas del desplazamiento en esa región. Aunque el Gobierno negó cualquier proceso irregular, voces en el Congreso aseguraron que movidas como esas abren la puerta a creer que el presidente Petro quiere utilizar la conmoción para aprobar medidas que el Congreso ya le negó.
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Más historias claves de la semana
Este domingo, María José Barrios reveló los hilos detrás de la pelea por 7.000 hectáreas en un lujoso sector del norte de Cartagena. Aunque inversionistas extranjeros han tenido en su mira desde hace dos décadas esa región, un fallo de la Corte Constitucional puso en jaque todo lo proyectado ante la imposibilidad de generar ventas. Ahora, quienes reclaman la propiedad se encuentran a la espera de una decisión de fondo de la Agencia de Tierras.
No hay que perder de vista que esta semana se conocieron las renuncias de David Luna (Cambio Radical) y Humberto de la Calle (Verde Oxígeno) a sus curules en el Senado. Ambos buscan un papel relevante en las elecciones del 2026. No se pierda las entrevistas que Luna y De la Calle le dieron a El Espectador. Y también puede ver cómo quedan las fuerzas en el Senado tras ambas renuncias.
Esta semana el petrismo retomó las movilizaciones para enfrentar a la oposición en las calles. El primer escenario de esta estrategia fue Barranquilla, tierra del presidente del Senado, Efraín Cepeda, duro contradictor de la Casa de Nariño. Ahí, el presidente Gustavo Petro arremetió contra la clase política de la región por hundir la ley de financiamiento y también habló de lo que considera son las “tarifas ilegales” de la energía eléctrica.
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