“El cese al fuego queda subordinado a acuerdos previos”: Petro sobre diálogos de paz

El presidente Gustavo Petro, durante una ceremonia de ascensos militares en Bogotá, advirtió este 15 de diciembre que todo acuerdo de cese al fuego debe tener unas condiciones previas.

Foto: Archivo Particular

En momentos en que la apuesta por la llamada paz total está de alguna manera estancada, pues la mesa con el Eln aún no arroja resultados concretos tras un año de haberse instalado y los acercamientos con narcobandas urbanas no llegan a la etapa de definición jurídica, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia sobre cómo se concebirá de ahora en adelante la declaratoria de los ceses del fuego.

En efecto, durante una ceremonia de ascensos de generales de las Fuerzas Militares y de la Policía –realizada este viernes en Bogotá–, Petro advirtió que es necesario que se den acuerdos previos sobre cómo acabar con fuentes ilegales de financiación de la guerra como el secuestro y el narcotráfico para dar un paso hacia el fin mutuo de hostilidades con las bandas con las que se negocie la paz, incluyendo guerrillas y estructuras urbanas.

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“El Gobierno Nacional no ve prioritario el cese al fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas. Las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizá la principal y aún la más poderosa; también el oro, la extorsión, el secuestro, entre varias”, enfatizó el presidente.

Y advirtió: “No nos emociona que lo único que se logre sea un cese al fuego, que no es más que detener al Estado, por una parte, y al grupo armado, por la otra; y las acciones ofensivas entre ambas partes. Lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado, sino se ataca a la sociedad (…). El cese al fuego queda subordinado a acuerdos previos sobre el reemplazo de estas economías ilícitas que he mencionado”.

Estas palabras, además, estuvieron precedidas de una serie de ratificaciones sobre cómo se enfoca ahora la persecución de drogas en el país, que no está dirigida contra el campesino con cultivos de uso ilícito o el consumidor, sino que quiere direccionar hacia los grandes capos y las mafias.

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De hecho, aseguró que por ello fue que derogó el decreto que imponía sanciones policiales sobre quienes consumieran sus dosis mínimas en ciertos espacios públicos.

“Vamos por los campos, no por los campesinos”, precisó el mandatario, quien agregó que “todo el peso del aparato represivo del Estado, de la inteligencia fortalecida del Estado, debe caer sobre el capo, el capo que corrompe el político, a las instituciones y que logra que el Estado le ayude, incluso en su labor de exportación de cocaína; el capo que, por su poder económico tiene la capacidad de arrodillar al poder, de apropiárselo, y, por tanto, de convertirse en un genocida peligroso para Colombia”.

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