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En las últimas 48 horas, en por lo menos dos intervenciones, el presidente Gustavo Petro reconoció que su Gobierno no podrá cumplir con la meta trazada para la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado. Incluso, en medio de un acto simbólico en el norte de Cauca, donde este miércoles se entregaron 387 hectáreas a campesinos y afrodescendientes, aseguró que la cifra planteada en el Acuerdo de Paz de 2016 es “ilusoria”. Según dijo, el Estado carece de “la audacia necesaria para lograr números que sobrepasen el millón de hectáreas”. Aunque manifestó la voluntad de contribuir al proceso de restitución y que, durante el primer año de su administración se han restituido 48 mil hectáreas, los datos revelan un rezago histórico.
El jefe de Estado colocó en duda el proceso, pues habiendo o no tierras para repartir, existen dificultades de tipo jurídico y lentitud en la resolución de los procesos. Por eso El Espectador habló con el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovanni Yule, quien confirmó el complejo panorama, pues pasados 12 años desde la creación de URT, “hay personas que han muerto esperando que les devuelvan los terrenos”. Y advirtió, como lo señaló la Fundación Forjando Futuros, que solo se ha logrado restituir -en ese tiempo- el 4,9 % de los predios despojados.
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La URT es la encargada de recibir solicitudes de reclamación sobre las tierras y de interponer demandas que deben ser resueltas por jueces. Como resultado, la solicitud entra en etapa de posfallo y es posible entregar los predios. En palabras de Yule, su trabajo es “cumplir sentencias y, por supuesto, restituir las fincas, predios o territorios que han sido despojados en el marco del conflicto y la violencia. Pero eso solo lo podemos hacer bajo las orientaciones y decisiones de los fallos judiciales”. Así las cosas, el problema estaría en la etapa jurídica y, según el funcionario, la URT ha venido perfeccionado la fase administrativa, haciendo cambios y eliminando procesos que dilataban los tiempos o que conducían a negar las solicitudes sin llegar al punto judicial.
El director aseguró que cuando llego a la jefatura de la institución evidenció que el 65 % de las solicitudes habían sido negadas en la primera etapa. “De las 140 mil que habían llegado a la Unidad se habían tramitado cerca de 100 mil, pero de esas fueron negadas 65 mil. Eso es preocupante, por lo que replanteamos la estrategia y nos dimos cuenta de que muchas de esas solicitudes negadas en realidad eran procesos legítimos y sus víctimas tenían el potencial derecho a la restitución”, aseguró. Por otro lado, hizo la anotación de que, en algunos casos, cuando la víctima opta por no recibir el predio, la Unidad ofrece compensaciones, traducidas en recursos para que puedan “fortalecer otros proyectos productivos que contribuyan al bienestar de la víctima”.
La Fundación Forjando Futuros, que ha asesorado y representado judicialmente a víctimas en los procesos de reclamación para la restitución de las tierras despojadas, señaló que -durante toda la presidencia de Iván Duque- sí se negaron solicitudes en un 65 %, pero en el primer año del gobierno Petro las negaciones se habrían reducido al 35 %. “Estos días me informaron que ya estamos aprobando más solicitudes, cerca del 72 %, y estamos negando el 28 %. Se revirtió el porcentaje en cuanto al tema de las solicitudes”, afirmó el director de la URT y líder indígena del pueblo nasa.
¿Cuál fue el motivo de que las solicitudes fueran negadas?
Según Yule, uno de los problemas era que en el interior de la Unidad había un grupo de profesionales de Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos e Infraestructura (AMEI) que “rechazaban solicitudes porque tocaban grandes proyectos regionales. Por supuesto, allí había un interés sobre la posibilidad de las víctimas que pudieran entrar en su proceso de restitución (…) Eso lo eliminamos y fortalecimos el enfoque ambiental”. De otro lado, fue creado un equipo jurídico para revisar las solicitudes que habían sido negadas y las volvieron a intervenir.
El primer punto del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC fue el que estableció que el Estado les entregue tres millones de hectáreas a campesinos afectados por el conflicto. Al inicio de su mandato el presidente Petro parecía optimista frente a esa cifra, y habló de buscar recursos para comprar tierras, se acercó a la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) y planteó que algunos predios vinieran de otras fuentes, como recuperación de baldíos y extinciones de dominio. No obstante, el jefe de Estado aseguró en otra de sus intervenciones que “no somos capaces de repartir la tierra. El Acuerdo de Paz es tierra, territorio y verdad. Tenemos problemas de implementación”.
En lo que tiene que ver con la etapa judicial del proceso de restitución, según el director, hay 57.562 hectáreas demandadas y que se han elevado al proceso judicial durante la actual administración. Eso no quiere decir que vayan a ser resueltas, pues reiteró que hay dilación en los procesos. Aunque el número de solicitudes sí evidencia cuál es el universo general del despojo en Colombia en alrededor de 50 años de conflicto armado. “Si sumamos las demandas de este gobierno con las históricas, tenemos 8,3 millones de hectáreas que estarían en proceso judicial. Nosotros hemos incrementado esos procesos”, enfatizó.
Expertos consultados consideraron que entre los líos para que la restitución sea eficiente está la lentitud de los procesos en la etapa judicial y señalaron que podría solucionarse con la creación de una jurisdicción agraria, que ya fue aprobada por el Congreso, pero que no ha sido reglamentada, así como que la URT pueda resolver expedientes de forma autónoma, en la etapa administrativa, y para eso ya hay una iniciativa en curso en el Capitolio.
Los ejercicios legislativos
El primero es un proyecto que busca reformar la Ley 1448 de 2011, de autoría del representante Alejandro Toro (Pacto Histórico) y que respalda la URT, con el que se busca simplificar el proceso, otorgándole facultades judiciales a esa entidad para resolver los casos sobre los que no hay oposición o en los que hay solo un reclamante. “Los que no tengan oposición los podemos sacar en etapa administrativa. En algunos casos no tendremos que recurrir a demandarlos ante los juzgados de restitución, ante jueces y magistrados”, explicó Yule. Por su parte, Toro señaló que también permitiría “descongestionar los despachos judiciales”. La iniciativa ya pasó su primer debate y entró a la plenaria de la Cámara, pero se tiene plazo hasta el 20 de junio del otro año, cuando termina la legislatura.
El otro es el proyecto para reglamentar la jurisdicción agraria aprobada en el período pasado, que tiene como objetivo que los líos de tierras sean resueltos por jueces especializados. “Se requieren jueces que sean móviles, que conozcan los problemas del campo colombiano, unos jueces con una sensibilidad distinta y que requieren un proceso particular de capacitación”, explicó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica. Esa iniciativa, de origen gubernamental, avanzó en su segundo debate en la plenaria del Senado este 13 de diciembre y tiene un amplio respaldo, incluso de la oposición.
Simultáneamente, el proceso de restitución se enfrenta a otros líos como la compleja situación de orden público, los intereses de algunos grupos económicos y, aunque hay procesos que ya salieron a favor de los solicitantes, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene procesos rezagados. Sin embargo, desde la URT, Yule señaló que tienen más de 450 predios en el Fondo de Tierras y cuando van llegando las víctimas, “los vamos entregando”.
Finalizó manifestando que el proceso de posfallo no termina con la adjudicación, porque “hay que afianzar los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda y coordinar con otras instituciones para que se cumplan las órdenes judiciales”, concluyó.
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Por Laura Duarte Sandoval
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