La movida está lista. El argumento jurídico también. Y en especial la decisión política, porque lo que se quiere con el llamado a urnas es medir qué tanta fuerza electoral se tiene para buscar la reelección del progresismo en 2026. Es en todo eso, precisamente, en lo que se basa el decreto que está próximo a salir y con el cual se convocará a la llamada consulta popular, de acuerdo con la decisión que el presidente Gustavo Petro terminó de cuajar en las últimas 24 horas.
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El sustento para dar un paso de esta naturaleza, que termina desconociendo la votación negativa que el Senado realizó el pasado 14 de mayo (49 votos en contra y 47 a favor), es que en esa plenaria se habrían dado presuntas irregularidades de orden legal y constitucional que llevarían a invalidar todo lo actuado.
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Pero más allá del debate jurídico, que para la Casa de Nariño ya está solventando y por eso acudirá al “decretazo”, la discusión política que se abre es sobre la posibilidad de que todo esto termine rompiendo el equilibrio constitucional de poderes que establece la Carta de 1991 con los riesgos que ello implica en un año preelectoral como el actual. Y todo con el colofón de un proyecto progresista buscando una segunda oportunidad en la jefatura del Estado.
“Sé que me va a caer todo, y que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero el pueblo debe expresarse porque es el único dueño del poder político”, precisó Petro en una alocución de más de media hora en la que habló de la información que dijo recogió sobre presuntos intentos de atentar contra su vida y de la reforma pensional que la Corte Constitucional está discutiendo.
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Esta tesis la viene cocinando desde hace varios días, con asesoría directa del ministro del Interior, Armando Benedetti, aunque en varios círculos jurídicos y políticos reconocen al viceministro Jaime Berdugo como la persona que dio las primeras puntadas para impulsarla.
Y en la tarde de este martes, a puerta cerrada y por más de dos horas, el presidente les sumó a sus asesores a abogados como el exfiscal Eduardo Montealegre, el exsenador Héctor Helí Rojas y Yefferson Mauricio Dueñas Gómez; este último viene de ser parte del equipo de defensa del polémico excanciller Álvaro Leyva en el expediente de los pasaportes, que le valió una sanción disciplinaria de 10 años.
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“Hicieron trampa”, precisó Petro tras esa reunión. Y agregó, reforzando los dardos que le envía cada tanto al presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), que “el pueblo” es el que debe tener la última palabra en las urnas.
“Lo que hizo el señor Cepeda fue ilegítimo, porque no dejó votar a tres senadores que estaban en la plenaria y querían votar sí, y un señor de la oposición votó sí pero luego le cambiaron el voto. (…) Habrá proceso largo, pero nos mantendremos firmes con la bandera en alto hasta el final. El pueblo de Colombia debe expresarse sobre la reforma laboral”, enfatizó el mandatario.
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En la alocución –en la cual estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el director de Colpensiones, Jaime Dussán, y la directora (e) de Prosperidad Social, Carolina Hoyos– dejó claro que las urnas tienen que dirimir esta tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque reconoció que al final la última decisión la tendrá la Rama Judicial, otra con la cual también ha chocado.
En efecto, el decreto se hará público esta semana y se espera que la convocatoria a urnas sea entre julio y agosto próximo, fechas que coinciden con el arranque del último año de la primera administración de izquierda pura. Pero como la oposición ya anunció que lo demandará, tendrá un primer examen ante el Consejo de Estado, tribunal objeto de constantes señalamientos del Gobierno; pero al final, por control normativo, el tema puede escalar ante la Corte Constitucional.
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A esta última instancia ya han llegado dos personas muy cercanas ideológica y personalmente al presidente Petro. Se trata de los ahora magistrados Vladimir Fernández –su exsecretario Jurídico– y Héctor Carvajal –uno de sus abogados–, por lo que hay expectativa de cómo queden las cargas en torno a los nueve togados que conforman su sala plena.
“Ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado social de derecho”, fue otro mensaje que envío Petro en referencia a la reforma pensional y como un anuncio tácito en torno a que tendrá que dirimir el futuro del decreto de la consulta.
Y de esto ya son conscientes en otras instancias del Ejecutivo. El propio Benedetti afirmó que seguirán atentos a los debates de la reforma laboral en el Congreso, la cual está pendiente de surtir su último debate en la plenaria del Senado, y de la reforma a la salud, la cual está citada para tercer debate en la Comisión Séptima de la misma corporación.
Aunque no es claro si el presidente Petro decida echar reversa sobre del “decretazo” si pasa la reforma laboral como él la ha venido promoviendo, es un hecho que el arsenal jurídico para defenderlo ante la rama judicial ya está en construcción. Y, para completar la estrategia, la presión desde las calles será cada vez mayor.
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“Vendrán demandas ante el Consejo de Estado, que serán de nulidad por ser un acto administrativo, pero la prevalencia la tiene y por lo mismo el cierre la Corte Constitucional”, precisó Benedetti.
Todo este maremágnum comenzó a tener reacciones de inmediato. De hecho, el senador Cepeda, quien viene arreciando su oposición al presidente Petro, le dijo que tomar esa decisión es un golpe a la institucionalidad y que, por lo mismo, deberían replantearse el abordaje de este tipo de situaciones.
“Es un absoluto exabrupto y una ruptura de los poderes públicos, porque esto no es solo contra el Legislativo que negó legítimamente la consulta, así sea por dos votos y eso sí que les ha dolido mucho, y contra el poder judicial que es el que tiene que conocer de presuntas irregularidades. Sean serios, esto es un golpe contra el poder Legislativo y contra el poder Judicial”, respondió de inmediato el líder del Capitolio. Y agregó: “Estamos dirigiendo una comunicación al Registrador (Hernán Penagos) con la certificación de que la consulta se votó y no se aprobó”.
En todo caso, el debate que se abrió no es menor, pues implica que la Casa de Nariño no reconoció la certificación emitida por el Congreso y que, por lo mismo, ahora será desde el Palacio de Justicia en donde se resuelva una apuesta con la que el presidente Petro quiere esquivar la falta de gobernabilidad en el Legislativo y demostrar, como él mismo lo ha dicho, que su proyecto político tiene respaldo popular y que podría ser reelegido. La duda es hasta dónde estirará la cuerda institucional en medio de esta discusión.
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