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El presidente Gustavo Petro y el registrador nacional, Hernán Penagos, sostuvieron una reunión este martes en la Casa de Nariño para discutir detalles logísticos sobre la posible realización de una consulta popular.
El encuentro, que fue a puerta cerrada y duró menos de una hora, se centró en las implicaciones prácticas y organizativas de ese mecanismo de participación ciudadana que impulsa el Ejecutivo.
Aunque fuentes cercanas a Palacio señalaron que la cita fue solicitada por el propio jefe de Estado, este punto aún no ha sido confirmado oficialmente. Lo que es cierto es que el presidente quería conocer de primera mano qué implicaría, en términos operativos y presupuestales, realizar una consulta de carácter nacional.
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En entrevista con El Espectador, Penagos aseguró que la intención de que los colombianos acudan a las urnas para defender las reformas sociales del gobierno podría costar hasta 700 mil millones de pesos.
“Todo tiene unos ajustes, pero fácilmente puede costar entre $600 y $700 mil millones, porque se trata de un día que no es electoral y prácticamente la Registraduría tiene que desplegar su fuerza en todos los rincones de Colombia en los que la ciudadanía puede votar. Es prácticamente convocar y organizar logísticamente unas elecciones ordinarias”, dijo el registrador.
Penagos también ha sido enfático en que, por ley, el día de la consulta popular no puede coincidir con ninguna otra elección.
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Por lo pronto, el pasado 1° de mayo, el presidente radicó el cuestionario ante el Congreso -que tendrá 30 días para tomar una decisión sobre la viabilidad de la iniciativa-. Entre este martes y miércoles ha habido una serie de reuniones en el Capitolio entre las diferentes fuerzas políticas que definirán el futuro de la consulta en la plenaria del Senado.
Mientras tanto, comités ciudadanos ya han comenzado a organizarse para respaldar el “sí” en la consulta que no solo busca darle oxígeno a la reforma laboral del “gobierno del cambio”, sino medir el aceite del progresismo de cara a las elecciones de 2026.
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