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Antes de la pandemia, en la agenda nacional había un tema reiterativo, y era el de las plataformas de transporte de pasajeros, como Uber, Cabify, Beat, Didi, entre otras. Desde su llegada al país, hace casi seis años, chocaron con los taxistas y cambiaron las reglas del mercado, golpeando al sector de los amarillos, que se había quedado estancado en un modelo de negocio de los años 80. Sin embargo, este tipo de plataformas, catalogadas como economía colaborativa, no han sido regularizadas por la ley y se encuentran en la ilegalidad, que ha sido castigada en diferentes niveles: a los conductores les han retenido el carro y quitado la licencia, mientras que las empresas han sido sancionadas por las superintendencias de Industria y Comercio y de Puertos y Transporte.
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En el Congreso ha sido un asunto espinoso, pues el gremio de los taxistas tiene un potencial electoral bastante grande en las capitales. Ninguna iniciativa para reglamentar estas empresas ha prosperado hasta el momento, la última se hundió el pasado 20 de junio y, desde el Legislativo, solo se han endurecido los castigos para los conductores de estos servicios -como la medida que les quitaba la licencia por 25 años a los reincidentes, que después tumbó la Corte Constitucional-. Sin embargo, y a pesar de la pandemia, el tema volverá a la agenda en la nueva legislatura y con más fuerza que nunca. Este 20 de julio se radicarán tres iniciativas sobre estas plataformas y se espera que también el Gobierno presente su propia propuesta.
Los senadores Álvaro Uribe (Centro Democrático) y Jorge Robledo (Polo), y el representante Mauricio Toro (Alianza Verde) son los autores de los tres proyectos. El Espectador conoció los borradores y pudo establecer que la iniciativa del partido de gobierno y la de la Alianza Verde tienen puntos en común, mientras que la del Polo es la más dispar y la más restrictiva, dejando el negocio en manos de las empresas de taxis actuales y prohibiendo del todo el uso de los carros particulares para el transporte de pasajeros. Si se pusiera en un plano, Robledo y Toro estarían en extremos opuestos, mientras que Uribe estaría en un punto medio. El representante de los verdes celebró este panorama, pues “se activó la conversación y se pasó a la idea de reglamentación, mas no de prohibición”.
Robledo ha sido un abanderado del gremio taxista en este problema de las plataformas y su proyecto así lo deja ver: “Solo las empresas habilitadas por la autoridad competente para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros podrán usar plataformas de internet”. Esto quiere decir que solo podrían usar las aplicaciones digitales las actuales empresas de taxi. Para que algunas de las actuales plataformas pudieran seguir funcionado, señaló Robledo, “tienen que cumplir con las leyes colombianas y convertirse en empresas de transporte”. En cambio, los otros dos textos contemplan la regularización de estas plataformas y el uso de carros particulares para el transporte de pasajeros, aunque desde el uribismo se plantea que los carros tengan distintivos como tal para su reconocimiento.
Las propuestas de la Alianza Verde y del Centro Democrático establecen que las actuales empresas -como Uber, Cabify, Didi y otras similares- pueden seguir funcionando en el país, pero tienen que aclarar su situación. Vale reseñar que ambas proposiciones fueron redactadas tras consultar al gremio de los taxis y a las mismas plataformas, aunque, según Toro, en estas últimas persiste la resistencia de una de las empresas más grandes, a la cual “le funciona operar en ese vacío legal”. En este apartado, la propuesta de los verdes establece que “las plataformas tienen que constituirse plenamente en Colombia y pagar los respectivos impuestos (renta y operación)”, mientras que en la de Uribe, explicaron en su UTL, las empresas seguirían operando tal como hoy, pagando el IVA.
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En ambas propuestas se contempla que las empresas y los conductores afiliados a estas queden plenamente identificados a través de un sistema de registro. En el proyecto de Toro, este se llama Registro Único Nacional del Servicio Privado de Transporte Intermediado (Runspti) y se le da al actual RUNT un período de seis meses para crearlo. En el caso del texto del uribismo, se sugiere que este sistema sea jurisdicción de las autoridades municipales. Ninguna empresa o conductor que no esté en los registros, según las dos iniciativas, podrá prestar el servicio y, de hacerlo, serían sancionados. Asimismo, las propuestas establecen que los taxis serán los únicos que pueden recoger pasajeros en vía pública “sacando la mano”.
Ahora, en las tres iniciativas, los cambios planteados afectarían a los conductores. En el caso de la propuesta de Robledo, el transporte está limitado a los taxistas, pero deben ser entrenados en servicio al cliente y tener sus prestaciones sociales. En cambio, en las del uribismo y la Alianza Verde, no se entra a hablar de los taxistas, solo se menciona a los conductores “del transporte privado de pasajeros”. Estos siguen siendo independientes de la empresa, pero deben tener la licencia habilitada para el transporte público y renovarla cada tres años, como exige la ley. Sin embargo, Toro dice que deben reconocerse como “trabajadores digitales”, una categoría que se plantea en otro proyecto de ley y que incluye también a afiliados de otro tipo de aplicaciones.
Los tres proyectos también entran a hablar de cupos y tarifas. Desde el Polo se propone que el monopolio de la fijación de las tarifas se mantenga en las secretarías de transporte locales, aunque abre la puerta a una tarifa dinámica, cuyos parámetros establecería el Ministerio. Por otro lado, los otros dos proyectos establecen que las aplicaciones tienen completa libertad para fijar tarifas y cobrar una posible dinámica. No obstante, Uribe señala que la tarifa de los servicios de transporte privados nunca puede ser menor al valor de la carrera mínima de los taxis. En cuanto a cupos, el uribismo plantea un máximo de carros particulares funcionando por franjas, que nunca pueden superar la cantidad de taxis. Toro da total libertad, e incluso propone abolir el sistema de cupos -indemnizando a los taxistas con un fondo de estabilización creado con el 1 % de las ganancias de particulares-.
En un breve resumen, la propuesta de Robledo busca habilitar las plataformas de internet para los taxis únicamente, mientras que el senador Uribe y el representante Toro proponen incluir en el negocio del transporte a las plataformas actualmente consideradas ilegales. Eso sí, los últimos dos tratan de nivelar la cancha con las hoy afectadas empresas de taxis. Para este fin, les imponen unos nuevos seguros y pólizas a las empresas digitales. Además, se establecen una especie de impuestos para crear un fondo que ayude a los taxis para mejorar su actual organización. Ahora falta ver si el Congreso no le saca el cuerpo a la discusión.
