:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/n5bNq1kRnTLtioYtmtYssB28bjc=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/DMT55MJYPBHZ3NNA2VCN3QXFQU.jpg)
La insistencia del presidente Gustavo Petro de eliminar el permiso para el porte de armas, incluso con permisos especiales, planteada una vez más en el marco del consejo de seguridad realizado en la noche del miércoles en Bogotá, generó reacciones de todo tipo. Al referirse a las estrategias de seguridad para la capital, el primer mandatario habló de la implementación de un plan de desarme “mucho más eficaz que el incluso iniciamos en Bogotá hace mucho tiempo”, pero aplicado para todo el país”, y enfatizó: “Pienso que hay que eliminar incluso hasta los permisos especiales de porte de armas”.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
De hecho, desde antes de asumir su mandato, Petro ya había puesto sobre la mesa esa propuesta cuando a comienzos de agosto, durante la entrega del Plan de Emergencia para la Protección de la Vida de líderes y lideresas sociales, afirmó que era necesario “eliminar el porte de armas, con beneficios positivos de acuerdo a los indicadores en la disminución de homicidios en la ciudad, ese es un tema que vale la pena valorar a nivel nacional”. La idea incluía los permisos especiales y que las armas incautadas fueran destruidas inmediatamente, no revendidas.
Como se conoce, fue en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos cuando a través del decreto 2515 de 2015, el Ministerio de Defensa suspendió los permisos para el porte de armas, inicialmente para reducir los índices de violencia en las fiestas decembrinas. Sin embargo, se dejó la puerta abierta a la expedición de permisos especiales a quienes lo soliciten ante las autoridades militares.
Posteriormente, en 2016, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en prohibir por un año el porte de armas de fuego. La medida tuvo mayor éxito del esperado y, desde entonces, cada año esta prohibición ha sido prolongada. Ahora último, en pleno fin de 2020, el entonces presidente Iván Duque prorrogó dicha prohibición por todo 2021.
La determinación se fundamentó en un pronunciamiento de la Corte Constitucional en la que se expresó que “es posible sostener que el porte de armas promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor de desigualdad en las relaciones entre particulares”. Y agrega, además, que los permisos deben ser de orden excepcional, “cuando se hayan descartado todas las demás posibilidades de defensa legítima que el ordenamiento jurídico contempla para los ciudadanos”.
Con permiso especial para portar armas están el personal activo de la Fuerza Pública; miembros de la reserva activa de la Fuerza Pública; congresistas y secretarios generales del Congreso de la República; magistrados de las altas cortes judiciales, tribunales y jueces; el fiscal general y fiscales de todo orden; el procurador general y los procuradores delegados; el contralor general; gobernadores y alcaldes municipales. También los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, del CTI de la Fiscalía, de la Dirección Nacional de Inteligencia, de Migración con funciones de policía judicial y del Inpec. Asimismo, integrantes de empresas de vigilancia, esquemas de seguridad del sector público y los ciudadanos que demuestren que el porte de un arma es la única forma de preservar su seguridad.
Pero la propuesta del presidente Petro tiene sus contradictores. Incluso el año pasado, miembros del Centro Democrático radicaron un proyecto de ley buscando tumbar el decreto de prohibición del porte de armas, con la justificación de que el crecimiento de la inseguridad y de la criminalidad obligaba a que los ciudadanos tuvieran derecho a defenderse cuando alguien quiere atentar contra su vida.
“Con este proyecto lo que queremos tener es una legislación que salvaguarde y proteja a los colombianos del crimen y la violencia. El que quiera tener su arma y esté en plenas facultades, que no tenga antecedentes y que va a quedar en un portal, y que va a ser responsable de lo que suceda con esa arma, es quien va a poder usarla, eso no tiene ningún misterio”, señaló en ese entonces la senadora María Fernanda Cabal, una de las impulsoras de la iniciativa, que finalmente no fue aprobada.
Ahora, ante la propuesta del jefe de Estado de un desarme casi que total, han surgido también voces críticas, como la del abogado y exprecandidato presidencial uribista Rafael Nieto Loaiza, quien señaló: “Petro propone eliminar incluso el permiso especial de porte de armas. No hay evidencia de que suspender el porte legal ayude a disminuir el delito. En cambio, los bandidos tendrán certeza de que los ciudadanos no podrán defenderse. Ganan los bandidos”.
A su vez, el representante a la Cámara Christian Garcés, también del Centro Democrático, trinó: “Quitar los apenas 4.000 portes especiales a personas con gravísimos problemas de seguridad y no atacar los tres millones de armas ilegales que están en manos de grupos armados y delincuencia. Me preocupa la lógica de la seguridad humana de Gustavo Petro”. La polémica va para largo.