La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó, en primer debate, un proyecto de ley que tiene por objeto simplificar el trámite para la renovación del porte de armas en Colombia. La propuesta contó con 17 votos a favor y seis en contra y debe surtir otros tres debates para convertirse en ley.
Aunque la tenencia de armas está regulada en el país, actualmente rige una suspensión en ese decreto -que fue renovada por el Ministerio de Defensa hasta el 31 de diciembre de 2025- por lo que, para portar un arma, se requiere un permiso especial. Lo que busca el artículo, precisamente, es que la suspensión ya no rija el territorio nacional y, así, facilitar el trámite para solicitar el permiso del porte así como para renovarlo.
“Gracias al acuerdo de paz, que por un año se iba a prohibir, quienes hoy tienen armas con porte no pueden hacer uso de ellas, les toca guardarlas. Esto ha incurrido en temas de corrupción. Quien quiera tener el porte de arma, le toca ir a un jefe de estado mayor para que le den un permiso regional, que valen entre 10 y 15 millones, buscamos quitar eso y fortalecer el departamento control de armas”, dijo Wills. De hecho, en tres ocasiones -desde 2020-, el representante conservador ha presentado proyectos que van en la misma línea, pero que han sido archivados.
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Y agregó: “Lo que decimos con este proyecto, además de darle más fuerza al Estado para que ejerza el monopolio de las armas, es autorizar a quienes tienen armas en su posesión y con permiso vigente, puedan hacer uso de ellas. Los bandidos salen a cometer sus armas sin un permiso de armas”.
En la ponencia del proyecto se explica que “la Contraloría General de la República realizó una auditoría (2020) en la cual señala que el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) se demora alrededor de 924 días para gestionar y culminar el trámite de un permiso especial de porte de armas. El hallazgo de la Contraloría denota varias falencias dentro del Ejército Nacional para tramitar estos permisos especiales”.
En ese sentido, el artículo 2 del proyecto señala que “podrán obtener el permiso para porte o tenencia, según sea el uso solicitado con base en la potestad discrecional, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, pagando un cuarto (¼) de salario mínimo mensual legal vigente, a la cuenta bancaria que determine el Comando General de las Fuerzas Militares, por cada arma que se encuentre en esta situación dentro de los seis (6) meses siguientes al entrar en vigencia la presente ley”.
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Pese a que tuvo una importante mayoría, en el debate hubo voces que manifestaron su desacuerdo con el trámite, particularmente, desde la bancada del Pacto Histórico. Serán, entonces, discusiones que se mantendrán en los próximos debates del proyecto.
Puede leer el proyecto completo aquí:
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