Presentarán un proyecto de ley para desincentivar el acoso judicial a periodistas

El proyecto obligará que el proceso de la demanda se lleve de manera virtual o en la ciudad de residencia del periodista. / Archivo

El próximo 20 de julio, cuando se dé inicio a la última legislatura del Congreso, el senador Rodrigo Lara radicará un proyecto de ley con el que busca desincentivar el acoso judicial a periodistas que lideran investigaciones de corrupción. El objetivo, según Lara, es proteger la libertad de expresión y el derecho a la información.

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“Se ha vuelto costumbre por parte de unos abogados, unos políticos corruptos, unos políticos vinculados a estructuras criminales la de utilizar el derecho, las denuncias penales o las denuncias civiles por daños contra periodistas que investigan casos que los conciernen, son casos que no buscan una condena del periodista, pero que sí buscan intimidarlo permanentemente”, dio como diagnóstico al problema el senador Lara.

Según explica, las personas interesadas en interrumpir una investigación periodísticas presentan denuncias fuera del lugar de residencia del comunicador para obligarlo a viajar y destinar recursos para su defensa. Con esto, explica, “buscan romper la voluntad del periodista y desestimular la investigación que está llevando a cabo”.

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El proyecto de ley que pretende darle un freno a estas prácticas establecería un marco regulatorio que se conoce como anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation o Litio Estratégico contra la Participación Pública). Esta herramienta jurídica “refuerza las garantías a los periodistas y medios de comunicación con el fin de que puedan llevar a cabo su trabajo de control social con plenas garantías”.

Además de tipificar el acoso judicial en el Código General del Proceso, cuando se detecten estas prácticas, el juez puede dictar sentencia anticipada y multar al demandante con una sanción económica de más de $27 millones por incurrir en hostigamiento.

En otras disposiciones del proyecto, se pedirá que el proceso de la demanda se desarrolle en el lugar de residencia del demandado o que las audiencias se lleven a cabo de forma virtual. “Esta es una iniciativa con una profunda inspiración democrática. Tenemos que fortalecer la protección a los periodistas para evitar que algunos poderosos utilicen los mecanismos judiciales como instrumento de intimidación. Cuando se calle a un periodista, se coarta también a la sociedad en su derecho a informarse de manera veraz e imparcial. Esto vulnera a la democracia”, concluyó Lara.