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A tres semanas de que los colombianos acudan a las urnas para la primera vuelta presidencial, en los pasillos de la Casa de Nariño ya comenzó a sonar el reloj del empalme.
Una circular expedida por la subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Alejandra María Puentes, ordenó a sus funcionarios y contratistas enlistar todos los proyectos y servicios que necesitarán financiación para el 2027.
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El documento establece el 30 de mayo como fecha límite para que las distintas dependencias reporten los contratos próximos a vencer, los servicios recurrentes y los proyectos de inversión que necesiten continuidad presupuestal. Un día justo antes de que el país decida quiénes pasan a la segunda vuelta.
La instrucción divide el proceso en dos canales organizativos: el Área Financiera, que revisará los contratos vinculados al funcionamiento básico de la entidad, mientras que la Oficina de Planeación se encargará de examinar los proyectos de inversión.
La directriz responde a un mandato legal en materia fiscal. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la Ley 819 de 2003 y el Decreto 1068 de 2015, la figura de las “vigencias futuras ordinarias” tiene un límite temporal estricto: no pueden superar el periodo del gobierno que las aprueba. Esto significa que la actual administración carece de la facultad legal para comprometer recursos de funcionamiento e inversión ordinaria correspondientes al año posterior a la entrega del poder.
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Cabe precisar que la normativa contempla las “vigencias futuras excepcionales”, para comprometer presupuestos más allá del cuatrienio presidencial, pero su aplicación está restringida a proyectos que el Conpes declare de importancia estratégica para el país. Para el resto de la operación estatal, el cierre fiscal de la administración actual marca el primer paso oficial del empalme institucional.
En ese sentido, la circular es explícita en que el objetivo de este inventario técnico no es garantizar la financiación de los proyectos, sino organizar la información para el gobierno entrante. El documento señala textualmente que este alistamiento busca permitirle “a la nueva administración evaluar oportunamente las necesidades identificadas y determinar cuáles podrán ser radicadas para trámite formal”.
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Por lo tanto, la orden interna no busca asegurar la plata para esos proyectos en 2027, sino todo lo contrario: dejar el inventario sobre la mesa para que el próximo inquilino de la Casa de Nariño decida, con total libertad y con base en sus propias promesas de campaña, qué iniciativas continúan, cuáles se recortan y cuáles se archivan definitivamente.
Esta es la circular firmada el 4 de mayo:
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