En la tarde de este viernes 27 de marzo, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria en el polideportivo de Cereté (Córdoba). El nuevo decreto modifica la Ley 270 de 1996 de administración de justicia y es un “manual de instrucciones” definitivo para que empiecen a operar los juzgados especializados en problemas de tierras y conflictos agrarios en todo el país.
La función principal de esta jurisdicción es tramitar procesos de clarificación de propiedad, deslinde de tierras, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y protección de los derechos de los trabajadores agrarios. También incluye centros de apoyo técnico y facilitadores que brindan asesoría gratuita con un enfoque de presencia directa en las veredas; busca prevenir que las disputas por linderos o títulos se conviertan en focos de violencia.
“Lo que ha traído acá el Gobierno al territorio es libertad, superando las necesidades vitales de la gente, y aún hay que seguir haciéndolo, y el empeño, señores ministros, es que hasta el último día el Gobierno se dedique completamente a superar necesidades del pueblo”, expresó Petro en la entrega.
En medio de la jornada, el jefe de Estado entregó más de 3.000 hectáreas de tierra a cerca de 1.000 familias campesinas afectadas por la emergencia climática en el departamento de Córdoba. Los predios entregados provienen de diferentes fuentes, entre ellas el Fondo de Reparación a Víctimas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y de procesos de adquisición directa. Algunos de estos terrenos fueron recuperados por el Estado tras haber estado en manos de exjefes paramilitares, según informa la Presidencia.
Las tierras están ubicadas en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista, Montería, Cereté, San José de Uré y Puerto Libertador, beneficiando a organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas como el Resguardo Indígena Zenú.
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Al mandatario lo acompañaron la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman; el jefe de Gabinete, Raúl Moreno, y la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Nhora Mondragón.
También se anunció el inicio de las demoliciones de jarillones, para la recuperación de ecosistemas estratégicos en la región, especialmente la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Con el fin de restablecer los flujos naturales del agua, mejorar las condiciones ambientales y fortalecer los medios de vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
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