El presidente Gustavo Petro, en el evento de la entrega de la sede de la Universidad del Valle, mencionó que “en los próximos días” se radicará en el Congreso el proyecto de ley de competencias que determinará la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), tras ser reformado. El jefe de Estado le encomendó al ministro del Interior designado, Armando Benedetti, la tarea de sacar adelante esta iniciativa.
A este articulado le van a “incluir la cofinanciación de la educación superior y preescolar, de tal manera que ahí sí cumplamos con lo que ordenó la Constitución”, como declaró el presidente.
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos, departamentos y los territorios indígenas para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico.
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La reforma, que recibió el visto bueno del Congreso a finales del año pasado, aumentará estas transferencias, que pasarían a ser del 39,5 %, con un incremento gradual durante 12 años, empezando en 2027.
Ese porcentaje desató una polémica debido a que, cuando se aprobó, desde Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y el Banco de la República manifestaron preocupaciones sobre las posibles consecuencias fiscales que este proyecto puede generar.
“Se va a quebrar el Estado si seguimos con el centralismo en el que estamos, que no ha cerrado las brechas territoriales, que no permite un desarrollo económico de las regiones. Parece increíble que haya economistas anclados en el pasado que quieren desconocer los principios de la Constitución del 91. Este proyecto tiene cero costo fiscal”, dijo Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior y quien apoyó este proyecto, el año pasado cuando se le preguntó por esta duda fiscal.
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Desde los departamentos, existe la preocupación de los gobernadores por la falta de diálogo con el Gobierno para la formulación de esta iniciativa. También sobresalen las críticas de Rafaela Cortés, del Meta, y Andrés Julián Rendón, de Antioquia. Este último, incluso, hace parte de los impulsores de un referendo en el que se plantearía la cuestión sobre la autonomía fiscal de los departamentos.
El futuro de la ley queda, entonces, en las manos del reemplazo de esta cartera, Benedetti. Al ser designado, ya se sabía que el exsenador y exembajador de Venezuela debería asumir la responsabilidad de llevar completar los trámites de las reformas a la salud y la laboral, así como de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria. Ahora el presidente le sumó esta nueva labor a cumplir.
Benedetti ya se ha reunido con representantes de diferentes bancadas y partidos para empezar a generar apoyo para las reformas y los proyectos que se están impulsando desde la Casa de Nariño. También se reunió con los senadores del Pacto Histórico para dialogar y asegurar que “el legado de este movimiento”, como ellos mismos denominaron a las reformas, pueda sobrevivir en el Legislativo.
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