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“En la defensa de los intereses de nuestro país no hay colores políticos, colores partidistas, aquí todos somos Colombia. Nuestra Constitución es clara y define que los límites de Colombia solo son modificables a través de tratados internacionales”, aseguró el presidente Iván Duque desde San Andrés.
El mandatario colombiano viajó al archipiélago para recibir la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se conocerá este 21 de abril a las 3 de la mañana, hora colombiana. Duque aseguró que la decisión del tribunal de justicia de La Haya solo puede cumplirse dentro de los parámetros de la Constitución.
“Defender los derechos de la comunidad Raizal y, por supuesto, ejercer por parte de Colombia la protección de la biosfera, la lucha contra el narcotráfico y la protección de los derechos de nuestra gente. Bajo esa línea estaremos recibiendo el mensaje de la Corte”, agregó Duque.
El presidente hizo un llamado para que se genere una unidad nacional frente a lo que se decida en La Haya: “Todos somos este Archipiélago, lo queremos y lo sentimos en nuestro corazón”.
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Pero, ¿cuál es el fallo que esperamos? Esta vez la Corte se pronunciará sobre la tercera demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia, por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, informó la Cancillería.
Esta vez, no está en riesgo San Andrés ni ningún territorio o delimitación, sino la defensa de los derechos de pesca de los raizales.
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Según explicó la Cancillería, “esta vez no se pide una nueva delimitación, es un caso sobre responsabilidad internacional y derechos de los Estados. De igual forma, la corte también decidirá si es Nicaragua la que ha infringido el derecho internacional, en virtud de las dos contrademandas que interpuso Colombia”.
¿Qué quiere Nicaragua?
El proceso judicial que tiene a Colombia de nuevo en los estrados tiene como origen una decisión del tribunal en 2012 que confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe, pero que le dio a Nicaragua una porción de mar mucho mayor de la que tenía anteriormente.
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En septiembre de 2013, Nicaragua demandó de nuevo a Colombia ante la CIJ con el objetivo de “terminar de definir” los espacios marítimos entre Nicaragua, poco después de que la Corte ya hubiera fallado, acusando al Gobierno colombiano de no acatar la sentencia de 2012. Colombia ha defendido que la CIJ no tiene competencia en el caso.
En el marco de este proceso, Colombia contrademandó a Nicaragua, mediante dos reclamaciones: que Nicaragua violó los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales, y que Nicaragua ha expedido un decreto que busca adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia.
El equipo jurídico de Colombia centró su defensa en la violación de derechos de pesca tradicionales de la comunidad Raizal y ha sido enfático en señalar que “este caso trata sobre los derechos y libertades de los ambas partes en el área, no sobre el cumplimiento o ejecución del fallo de 2012 por lo cual Nicaragua tiene la carga de probar cada violación alegada”, según la Cancillería.
