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El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de que se conociera sobre un salvamento de voto presentado por los representantes investigadores de la Comisión de Acusaciones Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, quienes quieren llamarlo a indagatoria por temas relacionados con la financiación de su campaña en el año 2022. Algo que se contrapone con la ponencia del también representante de esta comisión, Alirio Uribe, quien planteó un auto inhibitorio dentro del proceso con el fin de que no pueda ser investigado.
“Ya amenazaron [con] encarcelarme sin cometer un solo delito. Ya sabemos que viene si no se detiene la época oscura de Colombia”, dijo Petro al respecto a través de su cuenta de X. Este mensaje se enmarca en plena época electoral, donde además, el mandatario ha insistido en participar de lleno apoyando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda e incluso varias de sus fichas en el alto Gobierno contemplan renunciar con el fin de adherirse de lleno en la campaña.
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La próxima semana, la Sala Plena de la Comisión deberá evaluar dos propuestas y decidir si archiva la investigación contra el presidente o si, por el contrario, cita a Gustavo Petro a indagatoria por presunta financiación ilícita y por exceder los topes de financiación durante la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.
¿Cuál es la polémica detrás este caso?
El caso se sustenta en las indagaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en abril confirmó una sanción al equipo de campaña del mandatario y determinó que hubo vulneración de los límites de aporte, con un exceso de COP 3.000 millones. Entre los sancionados figuran el gerente de campaña, Ricardo Roa —actualmente en licencia y presidente de Ecopetrol—, la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto; todos ellos podrían ser multados por hasta COP 6.000 millones.
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Esto sucede luego de que el pasado 11 de mayo, la Fiscalía General de la Nación formulara cargos contra Ricardo Roa por supuesto incumplimiento de los topes electorales. Según la Fiscalía, durante su gestión como gerente de la campaña “Petro Presidente” en 2022 se habrían excedido los límites legales de financiación en por lo menos COP 1.664 millones y, además, no se habrían declarado varias donaciones millonarias recibidas durante la campaña. En la audiencia, Roa negó las imputaciones.
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