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El panorama en el Congreso parece complejo para el Gobierno Petro en la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2026, radicado por $557 billones. Además de las críticas al alto monto y a que esté acompañado de una ley de financiamiento de $26,3 billones, ya hay congresistas evaluando la opción de devolver el proyecto.
Hasta el próximo 15 de agosto, las comisiones económicas de Senado y Cámara tienen plazo para devolver el presupuesto al Ejecutivo.
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El representante Christian Garcés, vocero del Centro Democrático en la Cámara, aseguró que “están presentando un presupuesto más inflado que el anterior. Hay que devolverle el PGN al Gobierno Nacional para que ajuste el proyecto a una versión más realista, responsable y alineada con las verdaderas necesidades de la Nación”.
Y agregó: “Hacemos un llamado a los congresistas de las comisiones económicas de Cámara y Senado para que, más allá de ideologías, analicemos este presupuesto comprometidos con el equilibrio fiscal”.
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Según el congresista, hay cuatro preocupaciones. La primera es que se requerirá una ley de financiamiento por $26,3 billones. La segunda, que el déficit fiscal para 2026 está en 5,3 % del PIB, sobre el límite de la regla fiscal. Además, advierte que se trata del presupuesto más alto de la historia “sin garantizar que los ingresos proyectados tengan sustento técnico”. Finalmente, señala que “mientras el gasto en funcionamiento aumenta en 11 % y el número de cargos de la rama ejecutiva crece en 1.250 personas, la inversión pública en algunos sectores clave para reactivar la economía —como educación, comercio, agricultura, vivienda, deporte y tecnologías— presenta reducciones”.
La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), quien tiene asiento en la Comisión Tercera del Senado —encargada de evaluar el presupuesto—, también lanzó una voz de alerta. “El Gobierno trajo un proyecto de presupuesto, pero hace seis semanas publicó el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Los datos son completamente distintos. No ha hecho los recursos que se comprometió para justificar la cláusula de escape para romper la regla fiscal. Trajo un presupuesto más alto que el del año pasado. Este proyecto dice que se recaudarán ingresos por $317 billones, es decir, anuncia deuda por $240 billones”, dijo.
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No obstante, el presidente Gustavo Petro ya se ha mostrado crítico frente a la posibilidad de que, como ocurrió para 2025, el Congreso le niegue una vez más su presupuesto y deba expedirlo por decreto.
“Mi conducta es hacer lo que considero correcto. El déficit fiscal que sale del sobreendeudamiento producido por Duque debe pagarse con impuestos de los más ricos. No deben existir subsidios a los combustibles fósiles, y si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento —que ya beneficiará al próximo gobierno—, el recorte de gasto debe ir contra las transferencias al gran capital”, escribió en su cuenta en X.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó: “Consideramos que el país y el Congreso deben tener un altísimo grado de responsabilidad, de coparticipación en las decisiones estratégicas para la economía del país. Es lo que hemos denominado el gran pacto fiscal por el equilibrio económico del país”.
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El proceso, en todo caso, es complejo en el Capitolio. En las comisiones económicas del Senado, la Tercera y la Cuarta, obtuvieron la presidencia senadores opositores. En la Tercera fue elegido Jairo Castellanos (ASI), y en la Cuarta, Enrique Cabrales (Centro Democrático). Castellanos aseguró que a la ley de financiamiento le “daremos cristiana sepultura”.
Ahora, en la Cámara tiene aliados: Wilmer Castellanos y Liliana Rodríguez, ambos de la Alianza Verde y cercanos al Ejecutivo.
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