Prevención y predictibilidad: enfoques del proyecto Pedro Pascasio Martínez

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Recién posesionado Iván Duque, uno de sus primeros compromisos como mandatario fue el de apoyar la Consulta Anticorrupción que tanto criticó el Centro Democrático durante su trámite en el Capitolio, así como ad-portas del día de votación (el 26 de agosto de 2018). Aun con un resultado adverso, pero nada despreciable, Duque se comprometió a crear un acuerdo multipartidista para que los siete puntos de la consulta se presentaran en el Congreso en conjunto con su Gobierno. Así fue y en septiembre de 2018 se radicaron las iniciativas. Hasta la fecha, solo tres son leyes de la República (declaraciones de bienes y rentas; pliegos tipo y rendición de cuentas).

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Alternamente a los siete mandatos de la consulta, que se convirtieron en la bandera del hastío ciudadano por la corrupción por casos recientes como el del cartel de la toga y la hemofilia, el Gobierno a título personal en las pasadas legislaturas ha radicado sus propios proyectos, algunos parecidos a los presentados en conjunto con los partidos y otros con sus particularidades.

Entre ellos está el proyecto de ley Pedro Pascasio Martínez, más conocido como el proyecto que busca proteger a denunciantes y delatores de casos de corrupción dentro del aparato estatal como medida para prevenir actos en detrimento al patrimonio público.

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La iniciativa tiene nombre propio porque, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, el Gobierno quiso homenajear a Martínez, soldado de apenas 12 años. Algunos dicen que él fue uno de los primeros ciudadanos en la historia del país en denunciar un hecho de corrupción, al delatar al coronel realista José María Berreiro en su intento por escapar tras la derrota en la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 liderada por Simón Bolívar.

Precisamente la delación y la denuncia son el quid de la iniciativa que volvió a tener impulso esta semana en la Comisión Primera de la Cámara, luego de que la discusión en primer debate se dilatara por cuenta de una lluvia de proposiciones (55 en total), el pasado mes de noviembre, y la Mesa Directiva se vio en la necesidad de crear una subcomisión para el estudio y armonización de estas.

Las proposiciones versaron en cuanto forma para que el articulado quedará más preciso, a la vez que se le sumaron nuevos artículos que buscan brindar incentivos económicos y laborales (en caso de ser funcionarios) a quienes denuncien y delaten. También se añadieron apartes que contemplan los casos de mala fe y los castigos cuando se verifique que no hay lugar a casos de corrupción.

Tras la unificación de un informe de ponencia por la subcomisión y bajo el amparo de las sesiones remotas, este martes se comenzó la discusión con del proyecto en relación con los impedimentos. De 37 miembros, solo nueve presentaron impedimento por algún proceso en curso y por investigaciones de familiares funcionarios. Solo a Alfredo Deluque, de la U, y Álvaro Hernán Prada, Centro Democrático, se les aceptó dicho impedimento.

Y nuevamente, tras el anuncio del proyecto, otras diez proposiciones se le sumaron a la discusión postergando el debate para el próximo lunes, pidiendo la eliminación de conceptos y detalles de redacción. En términos generales, los ánimos para el primer debate no son los más positivos, pues algunos insisten en que la denuncia y la delación debe continuar en el anonimato.

“Las denuncias anónimas existen independiente a este proyecto, cualquiera las puede hacer. De ser así, no necesitaríamos una iniciativa legislativa”, dijo el representante ponente, César Lorduy.  Y, a su juicio, estas denuncias remitidas a Procuraduría, Fiscalía y Contraloría se quedan en el aire por la falta de capacidad institucional que demanda más tiempo e infraestructura para investigar los casos sin que haya un testimonio.

Por eso, para Lorduy es imprescindible fomentar la denuncia, delación o reporte a través de una contraprestación a través de la protección e incentivos de quienes revelen información que lleve a destapar hechos contra la administración pública. “Las personas no denuncian porque están desprotegidas”, dice.

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Otro de los componentes del proyecto es encontrar a los beneficiarios finales, es decir, a la persona o grupo de personas que aprovechen de los recursos públicos. “Estos están detrás del contrato y están ocultos, entre otras, por el velo corporativo o por el sistema financiero”, explicó el representante.

Igualmente, la idea es que, también, la Contraloría lleve un registro de beneficiarios finales de todos los contratos adjudicados por el Estado, con el fin de identificar quiénes son personas naturales y jurídicas. Y así, según el proyecto, se procuraría la vigilancia en medio de la ejecución de recursos públicos.

Además del enfoque preventivo, la iniciativa también contempla uno predictivo a través de un Observatorio Anticorrupción, manejado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. A través de cruce de datos, la idea es establecer patrones de conductas corruptas que servirán para tomar decisiones a futuro sobre política pública.

“Este es un proyecto recomendado por Transparencia Internacional. Se ha propuesto varias veces en el Congreso por Álvaro Uribe, el mismo presidente Duque, Carlos Fernando y Juan Manuel Galán y Antonio Navarro Wolff. No hay suficientes mecanismos de transparencia, las decisiones que facilitan la corrupción son discrecionales, por eso, en tiempos de pandemia, cuando los términos de contratación se recortaron y son casi que directos, es importante un proyecto como estos”, insistió Lorduy.