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Entre la avalancha de decretos legislativos promulgados por el presidente Iván Duque en medio de la emergencia económica y social por la pandemia del COVID-19, decretada el año pasado en dos oportunidades, se emitió una ordenanza con fuerza de ley que alteraba los plazos de las entidades para responder a los requerimientos de información. La determinación aumentaba hasta el doble los tiempos que los estamentos del Estado tienen para responderle los derechos de petición a la ciudadanía en general.
Según la ley 1437 de 2011, que establece el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los plazos máximos para resolver los derechos de petición son los siguientes: 15 días para resolver las peticiones, 10 días para los pedidos de documentación e información y 30 días para las consultas a las autoridades en relación con sus cargos. Sin embargo, el decreto 491 de 2020, emitido durante la emergencia económica por la pandemia, aumentó estos plazos hasta el doble: 30 días para resolver las peticiones, 20 días para los pedidos de documentación e información y 35 días para las consultas a las autoridades en relación con sus cargos.
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La justificación de este cambio radicaba en que, a pesar de que se debía garantizar el derecho al acceso a la información, los términos “resultan insuficientes dadas las medidas de aislamiento social tomadas por el gobierno nacional en el marco de los hechos”. Aunque el decreto buscaba adaptar los tiempos de la gestión de información a los rigores de la pandemia, la determinación ha afectado la labor periodística y de control por parte de organizaciones de la sociedad civil y congresistas.
Por eso, varios miembros de la oposición radicaron un proyecto para modificar las determinaciones presidenciales y restaurar los términos de acceso a la información a los indicados por la ley. “El objeto de esta ley es favorecer las condiciones de acceso a la información y de control social que ejercen los periodistas, los medios periodísticos, las organizaciones de la sociedad civil de protección de derechos humanos, las instituciones y personas que ejercen control social”, reza el articulado del proyecto radicado en el Senado.
Este mismo texto señala que, de aprobarse, los términos extendidos impuestos por el presidente no aplicarían para periodistas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones que ejerzan el control social, veedurías ciudadanas y los miembros de los cuerpos colegiados -es decir, congresistas, diputados, concejales, entre otros-. Para el resto de la ciudadanía, seguirían rigiendo los plazos fijados por el Ejecutivo.
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Según los autores de la iniciativa, el derecho a presentar peticiones es consagrado como un derecho fundamental en la Constitución y es básico para el control social a lo público. Asimismo, los congresistas señalaron que la labor periodística es esencial, sobre todo en tiempos de pandemia, para ejercer el control al poder.
“Con esto, se favorecen las condiciones de acceso a la información de forma oportuna y suficiente, garantizando que los periodistas pueden hacer efectivos sus derechos convencional y constitucionalmente reconocidos para ejercer apropiadamente el control social característico del periodismo”, señalaron los proponentes del proyecto.
En este mismo orden de ideas, los autores del proyecto expresaron la importancia del control social durante la pandemia debido a que “en un momento tan espeical como este, es cuando más se debe prestar atención y vigilancia a los comportamientos estatales, asegurándose que las acciones políticas y administrativas estén en función de las mejores sociales y salubres de la sociedad”.
Según los proponentes, ahora es cuando es más importante que se haga una “vigilancia constante” debido a que se impiden los excesos del poder y la violación de los derechos fundamentales. Además, aseguraron que lo planteado por el presidente Duque afecta las “potestades constitucionales y legales de control político”, que tiene la rama Legislativa.
Por eso, resaltaron la necesidad de este proyecto para “generar una garantía y seguridad a la ciudadanía en la vigilancia de la efectividad de la gestión pública por parte de sus representantes democráticamente elegidos; velando por el cumplimiento de las expectativas de la población y de las propuestas y compromisos estipulados con los planes de desarrollo”.
La propuesta de reforma a lo decretado por el presidente Iván Duque está justificado en las competencias que tiene el Congreso en el marco de la emergencia económica y social. Según la Constitución, como contrapeso al poder que toma el poder Ejecutivo durante los estados de excepción, la Cámara y el Senado pueden revisar los decretos para hacer el debido control político y, al mismo tiempo, tienen un plazo de un año para realizar las reformas que consideren a las decisiones presidenciales, tanto para ampliarlas como para modificar o restar sus efectos.
