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12 Apr 2021 - 11:54 p. m.

Proyecto de consulta previa no fue socializado con pueblos indígenas, afros y rom, dicen congresistas

Ángela María Robledo, Luis Alberto Albán y Juanita Goebertus, representantes de la oposición, expresaron su preocupación frente a la iniciativa y la catalogaron como un “atentado contra la democracia”.
Más de 40 organizaciones étnicas, académicas y civiles participaron en la audiencia pública sobre el tema. Rechazaron el proyecto. /Gustavo Torrijos
Más de 40 organizaciones étnicas, académicas y civiles participaron en la audiencia pública sobre el tema. Rechazaron el proyecto. /Gustavo Torrijos
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Este lunes, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se discutió el proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la consulta previa. Durante una audiencia pública, más de 40 organizaciones ciudadanas, de académicos y voceros de pueblos indígenas, rom y afros tomaron la palabra para indicar que dicha iniciativa era un “atentado contra la democracia”, opinión que compartieron algunos congresistas de oposición.

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Entre quienes expresaron su preocupación con el articulado de la propuesta están los representantes Ángela María Robledo, Juanita Goebertus (Alianza Verde) y Luis Alberto Albán (Partido Comunes). Según comunicaron, el proyecto, de autoría de Cambio Radical, “paradójicamente no fue consultado con los pueblos indígenas, afro y rom”, es decir, que sus visiones fueron excluidas en la elaboración de una propuesta que está dirigida a las comunidades étnicas del país.

Tanto fue el rechazo del proyecto que los parlamentarios de la circunscripción especial indígena, Feliciano Valencia y Abel Jaramillo (Partido Mais), pidieron el retiro del mismo a través de un comunicado. En el documento expusieron que su negativa responde a que este proyecto pretende “reglamentar la consulta previa sin respetar ni garantizar, justamente, este derecho fundamental y autónomo de los pueblos y comunidades étnicas. Esta es la tercera ocasión en la que el mismo proyecto de ley es radicado a lo largo del cuatrienio actual, sin dar oportunidad para dialogar, proponer, controvertir y concertar esta iniciativa, es decir, sin el debido ejercicio del derecho de Consulta previa, libre e Informada de medidas legislativas”, manifestaron.

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Su postura estuvo respaldada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), Confederación Indígena Tayrona (CIT), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia –Gobierno Mayor, Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO), Consejo Regional Indígena del Caldas (CRIDEC), Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y el grupo Coca Nasa, de Fabiola Piñacué y David Curtidor.

Así mismo, comunicaron que “toda reglamentación del derecho fundamental debe darse de gobierno a gobierno”. Es decir, con esta frase reiteran que los pueblos indígenas, afros y rom no se deben entender como beneficiarios de una ley, sino como interlocutores directos que deben ser tenidos en cuenta en la construcción del proyecto. De igual forma, enfatizaron en que no quieren legitimar el debate de un proyecto “inconsulto” y lo señalaron como “altamente regresivo”.

Al respecto, la congresista robledo mencionó que dicho articulado era “inaceptable”. “Las múltiples intervenciones de las organizaciones, academia y comunidades evidenciaron no sólo lo problemático del proyecto por la falta de consulta, sino porque, el mismo limita de fondo este derecho fundamental creando un mayor riesgo para las comunidades éticas que enfrentan a diario grandes vulneraciones a sus derechos y sus territorios”, agregó.

A su turno, la parlamentaria Goebertus expresó que adelantar un proceso y presentar el proyecto sin socializarlo con los sujetos afectado en el mismo era “inadmisible”. “Cualquier proceso debe garantizar la participación y vinculación de las comunidades étnicas”, apuntó.

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La oposición resaltó que la propuesta legislativa contraria las disposiciones institucionales ratificadas en el país, como lo es el convenido 169 de la OIT, que dispone que la consulta previa debe ser realizada siempre que se traten temas y derechos que tienen un impacto directo sobre las comunidades étnicas. Citó, también, el concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que este mecanismo constituye “derecho humano y la Corte Constitucional ha reiterado la importancia de vincular a las comunidades étnicas en todos los procesos que impactan o afectan los derechos de estas comunidades”.

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