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Proyecto que busca la terminación de la JEP en 2028 pasa primer debate en Senado

La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo del senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) que busca no prorrogar la Jurisdicción Especial para la Paz.

Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, y Alejandro Ramelli, magistrado de la JEP.
Foto: Archivo particular
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El proyecto de acto legislativo que busca que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) culmine sus funciones en marzo de 2028 pasó su primer debate en el Senado. El texto de Enrique Gómez, senador del partido oficialista Salvación Nacional, pasó su primer debate con 10 votos de respaldo pleno, pues los congresistas de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella salieron de la sesión que se desarrolló este miércoles. Además de volver a la fecha inicial de terminación de funciones de la JEP, el texto también pide que los procesos que se adelantan en en ese tribunal recaigan en la justicia ordinaria y bajo las garantías presentadas en el marco del acuerdo del 2016.

El documento, en lo formal, quiere ajustar el Acto 01 de 2017 con el que se determinó el tiempo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial de la siguiente manera: "El plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP", dice apartado que pide incluir el líder de Salvación Nacional.

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La Jurisdicción, en respuesta a este trámite legislativo, advirtió que la reducción del periodo de la JEP podría "comprometer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, al imponer un cierre improrrogable y definitivo, sin garantizar que los procesos judiciales hayan concluido". En ese mismo sentido, el tribunal especial también señala que tras este cierre, en donde los procesos terminarían en justicia ordinaria, podría "afectar la garantía constitucional del juez natural y desmantelar el modelo de justicia transicional, al sustituir la jurisdicción especializada creada para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado".

La discusión, que pasará a la Plenaria del Senado, llega en medio de la polémica por la reducción de recursos en el Presupuesto General de la Nación 2027, a buena parte de las instituciones que nacieron del Acuerdo de Paz de 2016. El propio Enrique Gómez pasó una proposición para reducir el presupuesto de la Jurisdicción en COP 100.000 millones. Después del fallido trámite en la Cámara, el texto de Presupuesto se decretó incluyendo la proposición que hizo Gómez en Comisiones Conjuntas.

El senador oficialista señala que "la JEP no ha traído justicia, ha traído una enorme dosis de impunidad, de amargura y una tergiversación casi que sistemática de la subversión y de los daños que esta le ha hecho por casi 60 años a la sociedad colombiana". Sobre el futuro de los procesos, en caso de que se aprobara este proyecto de acto legislativo, el congresista señala que "el hecho de que la jurisdicción termine no podría significar que reciban un tratamiento penal o procesal más gravoso por el simple traslado a la justicia ordinaria".

La senadora María Claudia Posada (Centro Democrático) realizó tres proposiciones que fueron aprobadas en este debate. Lo clave es que los cambios impulsados por el partido uribista incluye, por ejemplo, que "las sentencias condenatorias contra los comparecientes que no acepte responsabilidad en la Jurisdicción Especial para la Paz, o el juez equivalente en el régimen de cierre y transición, serán examinadas automáticamente por la Corte Suprema de Justicia". También se señala que las tutelas contras las decisiones de la JEP serán conocidas por esta alta corte y se eliminó la creación de una sala de cumplimiento que se podría extender por 20 años, lo que la senadora del uribismo calificó como un "mico" en el proceso de negociación.

Ahora, este proyecto de Salvación Nacional, que pasó con las modificaciones del Centro Democrático, tendrá que pasar por la plenaria del Senado para seguir su ruta legislativa. El camino de este texto es largo, pues por su naturaleza de proyecto de acto legislativo, debe ser sometido a ocho debates entre Cámara y Senado. En la primera vuelta, que debe pasar antes del 20 de junio, el texto requiere mayoría simple, mientras que en la segunda vuelta de debates, deberá contar con mayoría absoluta para su aprobación.

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