Un proyecto de acto legislativo presentado al presidente Gustavo Petro por parte de organizaciones sociales propone modificar la Carta Magna para dar facultades especiales al Ejecutivo, que podría otorgar amnistía política “en los casos en que este beneficio contribuya de modo fehaciente a los fines de la política de paz total”. Este perdón solo aplicará para aquellas personas que, por “errores jurisdiccionales”, no puedan ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz.
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Con nueve artículos, la iniciativa abriría la puerta a la “anulación de las condenas y sanciones judiciales y el archivo de las investigaciones en curso” a las que personas que reciban ese “perdón judicial” por parte del presidente y verán sus derechos políticos restablecidos. En caso de que el acto se apruebe, estas facultades especiales transitorias “se ejercerán por el Presidente de la República de manera directa, sin necesidad de desarrollo legislativo” y tendrán una vigencia de dos años.
Así, el Ejecutivo “creará un equipo jurídico que analizará los casos judiciales” que, “por errores jurisdiccionales, y por la instrumentalización de la justicia politizada” tuvieron sanciones, investigaciones o sentencias judiciales condenatorias “influidas directa o indirectamente por política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad generado por este”.
Según el proyecto, todo actor del conflicto armado que sea beneficiado por el perdón judicial “resarcirá o reparará al Estado y a la sociedad con el retorno de los recursos apropiados y señalados en los fallos correspondientes”. Si alguno de estos vuelve a incurrir en “corrupción y/o cualquier comportamiento o actividad que vulnere los derechos fundamentales, la administración y el erario público”, perderá los derechos adquiridos con esta ley.
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También se establecería un “tribunal de cierre” o de “amnistía política” para la reintegración de los beneficiados por la ley en la sociedad. Este será designado en su totalidad por el presidente, “en el entendido que [la] Constitución Política consagra que no existen delitos irredimibles y será producto de un gran acuerdo político nacional”.
Los motivos expuestos para este proyecto de acto legislativo recaen en que hay actores que están siendo excluidos de la Paz Total. Según la iniciativa, estos han sido “afectados por el Estado a través de sus agentes o de terceros intervinientes y, en general, por el poder tradicional, hecho presentado por la existencia de una justicia politizada, puesta en muchas ocasiones al servicio de los detentadores del poder, no obstante que algunas veces haya prevalecido la independencia de la justicia, también con claros efectos políticos”.
Este es el proyecto de acto legislativo completo:
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