Casi al mismo tiempo que el país se preparaba para ir a las urnas, el Ministerio de Igualdad estaba en proceso de liquidación. Un decreto con fecha del 19 de junio de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro, dejó en firme el cierre de la cartera que, al menos hasta esa fecha, estuvo a cargo del ministro Luis Alfredo Acosta. Ahora, los trabajadores están en vilo ante la falta de directivas en torno a su destino.
Lo que dice ese decreto es que el mandatario es el único que podrá designar al liquidador, que se convertirá, además, en el “representante legal de la entidad, y deberá continuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la liquidación”. Dentro de los 30 días siguientes a que asuma sus funciones, esa persona deberá elaborar “un programa de supresión de cargos, determinando el personal que por la naturaleza de las funciones desarrolladas debe acompañar el proceso de liquidación”. Hasta este momento, la persona no ha sido nombrada, lo que ha sumado a la incertidumbre de los funcionarios.
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“El liquidador no podrá vincular nuevos servidores públicos a la planta de personal del Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación, ni realizar cualquier tipo de actividad que implique celebración de pactos, convenciones o acuerdos colectivos, o cualquier otro acto que no esté dirigido a la liquidación de la entidad. El liquidador podrá contratar personas naturales o jurídicas especializadas para la realización de las diversas actividades propias del proceso de liquidación cuando las necesidades del servicio lo ameriten”, se lee en el documento.
Según conoció El Espectador, previo a ese decreto hubo varias reuniones entre el mismo Acosta y los trabajadores de los sindicatos y los no sindicalizados. En esos encuentros no solo se habló de las directrices que hasta el momento se dirigieron hacia el Minigualdad, también dos circulares en las que se hablaba sobre la “Estabilidad Laboral Reforzada” y la entrega de los informes para el cierre de la cartera. Sobre ambas, los trabajadores señalaron incongruencias y pidieron ampliar los plazos para presentar los documentos que les permitieran hacer parte de la primera. En ese momento, se prometió que se levantarían ambas circulares.
Todo eso toca directamente a los cerca de 600 funcionarios de planta que tiene la cartera y que en este momento están en vilo. De acuerdo con fuentes que hablaron con este diario, parte de esas dudas vienen por la falta de un agente liquidador que comience a adelantar las funciones necesarias para, entre otras cosas, oficializar la salida de los trabajadores de esa cartera. Sin eso, las personas técnicamente seguirían trabajando para la entidad, que en ese momento, ya no tiene personería jurídica: “Estamos vinculados, pero no sabemos a qué”, dijo una de las personas que habló con este medio.
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Precisamente con eso en mente es que se organizaron las manifestaciones de este lunes, en las que varios de esos funcionarios se presentaron en el Ministerio de Igualdad. El acceso les fue negado, de acuerdo con una directiva de la Secretaría de la cartera, encabezada por Lida Magali Rodríguez. Este diario supo que en la entrada del edificio se dispuso un acta de asistencia para que los mismos funcionarios —que tampoco han podido rendir informes sobre sus labores en la entidad— pudieran anotar su nombre.
Lo que señalan es que hubo una falta de planeación desde el Minigualdad para asumir la liquidación. Parte de ello fue materia de una visita de la Procuraduría, en la que, además, se señaló que debió existir una estrategia definida para afrontar el proceso, que tuvo que haber estado en curso desde la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó la cartera y, en todo caso, le dio una segunda oportunidad para reconstituirse a través del Congreso.
Por el momento, solo un grupo reducido de personas está liderando la liquidación. Este incluye a la misma secretaría del Minigualdad, una oficina de tecnología y funcionarios administrativos. Incluso, se está a la espera del empalme que debe ocurrir entre los viceministerios y las entidades o ministerios señalados para la “absorción” de esos cargos: ya se inició el proceso para que el Viceministerio de Poblaciones y Territorios Excluidos pase al Departamento de Prosperidad Social, mientras el resto de ellos (Mujeres, Jóvenes, Diversidades y Pueblos Étnicos y Campesinos) pasará al Ministerio del Interior.
Aunque el Gobierno aseguró que convocaría a sesiones extraordinarias para seguir debatiendo el proyecto, eso no se ha concretado y la cartera sigue en vilo. Además, existe una discusión interna en el Congreso sobre la posibilidad de que, al menos para el proyecto de Minigualdad, esa puerta haya sido cerrada definitivamente.
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Por María José Barrios Figueroa
