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Las indagaciones contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara empezarán a moverse tras la compulsa de copias de la Fiscalía a esa corporación, el CNE y la Corte Suprema de Justicia. Las tres recibirán los videos del interrogatorio en el que Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario, habla del supuesto ingreso irregular de dinero a la campaña presidencial de su padre.
El Espectador pudo establecer que, en la Comisión de Acusaciones, actualmente hay nueve expedientes relacionados con las presuntas irregularidades de la campaña Petro - Márquez 2022; sin embargo, ninguna está en etapa de investigación. Una fuente de la corporación le aseguró a este diario que las nuevas pruebas que entregará la Fiscalía podrían ser la pieza que ayude a entender si todos las indagaciones se pueden condensar en una sola.
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Hasta el momento, en la Comisión se han designado tres representantes para cada caso, muchos de los cuales manejan varios de los expedientes, por lo que al final de cuentas hay cinco investigadores que conocen las diferentes denuncias y el material probatorio contra la campaña.
Se trata de Olga Lucía Velásquez, Alirio Uribe, Alejandro Ocampo, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo. La designación de cada uno ha sido motivo de polémicas, esto debido a que la mayoría, al menos los primeros cuatro, hicieron campaña abierta por Gustavo Petro o actualmente hacen parte de su coalición de Gobierno en el Congreso.
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En las últimas horas el nombre que más ha generado críticas es el de la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde. Según algunos congresistas del Centro Democrático, Velásquez está impedida para conocer el caso debido a un conflicto de intereses que involucra a su esposo, Ovidio Claros. Él acaba de asumir como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, un cargo al que llegó con el respaldo del Gobierno y el guiño del presidente Petro.
Aunque Velásquez le dijo a este diario que prefiere no pronunciarse para evitar una recusación en el proceso contra el mandatario, su esposo ha dicho en algunas entrevistas que, aunque reconoce el apoyo del Gobierno, su esposa es “autónoma” y le responderá al país con sus actuaciones.
Lo cierto es que ella, al igual que Uribe, Ocampo, Arizabaleta y la representante Katherine Miranda han sido recusadas por su cercanía al Gobierno. Sin embargo, como le dijo otra fuente de la comisión a este diario, ninguno de esos recursos ha prosperado porque deberían ser presentados por los sujetos activos del proceso; es decir, los denunciantes o los abogados que representan a las partes.
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Como lo contó El Espectador, la imparcialidad de Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo también ha sido cuestionada por su lazo con el Gobierno y por vínculos con funcionarios públicos en entidades públicas.
Uribe, por ejemplo, fue presidente y miembro, por más de 20 años, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que defendió a Petro en su caso en la Corte IDH por su destitución como alcalde de Bogotá. Además, es cercano a tres personas relacionadas con CAJAR que hoy ocupan cargos en el Ministerio del Trabajo y en la Supersubsidio, entidad adscrita a la misma cartera: en agosto de 2022 fue nombrado como superintendente Luis Guillermo Pérez, cercano a Uribe y quien también fue presidente de CAJAR.
Gladys Edith Laverde, exesposa del representante Uribe, también recibió, en enero de este año, un contrato en esa entidad por $88.660.000. Al tiempo, su hijo, David Uribe Laverde, fue contratado en el Ministerio de Ambiente en la oficina de asesoría jurídica y recibió un contrato por $15.166.666 en octubre de 2022. El superintendente Pérez afirmó que vinculó a la expareja de Uribe porque es “una mujer profesional, de excelentes condiciones éticas” y no por recomendación del representante.
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Gloria Arizabaleta, por su parte, es exesposa de Roy Barreras, pieza clave de la campaña presidencial. En su momento, El Espectador habló con la representante, quien aseguró que las recusaciones en su contra no van a prosperar, pues su “cercanía con el Gobierno solo es política”. Por último, está Wilmer Carrillo, representante del Partido de la U y cercano al exgobernador William Villamizar, quien maneja un grupo político con algunas fichas en entidades del Ministerio de Hacienda.
Son ellos, junto al representante Alejandro Ocampo, quien respalda abiertamente toda la agenda y gestión del presidente Gustavo Petro, los encargados de determinar si existen pruebas para investigar a Petro por la entrada irregular de dinero a su campaña o por la violación del tope de gatos de campaña. En cualquier caso, aún está lejos un llamado a declarar del presidente, pues antes debe aprobarse la apertura de una investigación formal. Por ahora, lo único que la Comisión de Acusaciones pude hacer es llamar al hijo del mandatario para que explique lo que contienen las pruebas de la Fiscalía.
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