“Reactivación no puede estar basada en mermelada”: MOE sobre derogar Ley de Garantías
Ante el llamado de alcaldes para derogar la ley en la discusión del Código Electoral, alegando que limita su gestión y dificulta la recuperación en tiempos de pandemia, Alejandra Barrios alerta que se abriría la puerta al clientelismo. Se refiere también a las oportunidades y riesgos de reformar el código que establece las nuevas reglas del juego electoral en Colombia.
El Código Electoral que rige a Colombia, es decir, el que fija las reglas de juego alrededor –nada menos– que del proceso y la organización de las elecciones, es anterior a la Constitución del 91 y data de 1986. Si bien han sido varios los intentos por reformarlo y adaptarlo a nuevas realidades, lo cierto es que en el Congreso no han logrado ponerse de acuerdo y cualquier asomo de reforma ha naufragado. Ahora, en medio de la pandemia y con sesiones virtuales, el Parlamento encara nuevamente la discusión. Sin embargo, la polémica y el desacuerdo sobre algunos puntos persisten y amenazan con frustrar este nuevo intento.
Detrás de la iniciativa está el Gobierno, el registrador Alexander Vega y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Hernán Penagos, con el apoyo –hasta ahora–, de varios partidos y organizaciones. Pese a que el proyecto –que recién fue aprobado en primer debate por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara– apuntaba al voto electrónico, finalmente se estableció un voto mixto (para sufragar presencialmente con urna, y también con máquina en el sitio de votación).
Lea también: Código Electoral pasa su primer debate en comisiones primeras conjuntas
A ello se suma paridad de género, una hora más en la jornada de votación (hasta las 5:00 p.m.) y facultades extraordinarias para el presidente para que pueda reestructurar la Registraduría, con el propósito de hacer nivelación salarial y estabilidad laboral.
Quizá el punto más álgido de la iniciativa es el que busca derogar algunos artículos de la Ley de Garantías, que prohíbe la contratación cuatro meses antes de elecciones para evitar que los mandatarios salientes terminen beneficiando con la chequera del Estado a ciertos candidatos.
Aunque los alcaldes reunidos en Fedemunicipios se mostraron a favor e insistieron en derogar la ley, alegando que les quita margen de gestión y limita sus programas de gobierno –una situación aún más apremiante en medio de la pandemia y los ánimos de reactivación económica–, desde la Misión de Observación Electoral (MOE) su directora, Alejandra Barrios, alerta de la inconveniencia de quitar ese cerrojo, señalando que por ahí se le abriría la puerta a la mermelada y el clientelismo. Esta es su visión del proyecto.
También le puede interesar: Fedemunicipios pide al Congreso derogar Ley de Garantías de reforma electoral
Tocar la Ley de Garantías resultó tan delicado, que en primer debate se pospuso la discusión y se optó por llegar primero a un acuerdo multipartidista. ¿La deja tranquila?
Muy tranquila, porque los votos se enfrentaron con la realidad. Ese artículo podía haber sido aprobado con las mayorías, pero pasó algo importante: hubo una comprensión de que el Código y, sobre todo este tema, no puede adoptarse si independientes y oposición no están de acuerdo.
Eso les va a poner otro tono a los debates y espero que eso ocurra en las plenarias de Senado y Cámara.
¿Que sea una negociación y no un acuerdo formal no es un riesgo?
No, y creo que ese cerrojo no se va a levantar. Lo que se pide eliminar es, nada menos, que la prohibición de contratación por parte del Ejecutivo cuatro meses antes de elecciones y modificar la nómina a manos de autoridades locales, lo que significa que ahí se puede abrir la compuerta para el clientelismo y a que se les pueda meter mano a los bienes y recursos del Estado para favorecer campañas.
Imagine quitar la prohibición de inaugurar obras o dar inicio a programas sociales con presencia de candidatos o sus voceros.
¿Llegó la hora de abrir el debate sobre la Ley de Garantías? Los alcaldes dicen que limita más de la mitad de su mandato y que no tiene sentido sin reelección presidencial…
Se va a abrir el debate, pero creo que va a permanecer como está. Frente a los reclamos hay que recordar que estamos en un sistema presidencialista, y eso significa que tenemos certeza de cuáles son las fechas de las elecciones. Cuando se tiene esa certeza hay algo que se llama planeación. Uno no puede decir que el plan de reactivación económica del país va a estar basado en mermelada y clientelismo.
Lea también: “En 2022 se estrenaría el nuevo Código Electoral”: Alexánder Vega
Es decir, tal como está la Ley de Garantías hoy así debe permanecer...
Así debería quedarse y si se pueden mejorar medidas de transparencia y publicidad son bienvenidas, pero mínimo este es el piso que deberíamos tener.
La MOE alertó también por el riesgo de permitir coaliciones entre partidos y grupos significativos de ciudadanos (GSC). ¿Por qué?
No es riesgoso, es incoherente. La razón de ser de los GSC, muy importante en democracia, es que un grupo de ciudadanos en consenso decide que los partidos no le sirven. Sin embargo, que esa alternativa de poder haga alianza con partidos no es coherente.
Y no solo eso. Nos hemos encontrado con el fenómeno de que comienzan a hacer campaña y a recoger dinero al recolectar firmas, y el día de la inscripción terminan siendo candidatos de un partido.
La reforma apunta, entre otras, al voto electrónico, pero se aprobó el mixto (para sufragar en urnas, pero también con máquina en el sitio de votación). ¿Es suficiente?
En las comisiones primeras se perdió la posibilidad del voto remoto no presencial, es decir, voto virtual. Lo que terminó generando mucho daño fue señalar que debía implementarse en 2026.
Cuando se pone una fecha sin tener los estudios, el análisis de conveniencia, de costos, de seguridad y sin tener diferentes opciones de tecnología, genera en las organizaciones políticas (no solo oposición) descontento, cuando lo que tenemos que generar es confianza.
Es decir, el país no está preparado...
No está preparada ni Colombia, ni la mayoría de los países del mundo.
En el tema de paridad hubo avances, pero se criticó que sin una lista cremallera o intercalada es difícil apuntar a la equidad. ¿Le convence?
No, nos quedamos cortos. Lamentablemente siempre en Colombia cuando estamos hablando de medidas de acción afirmativas para incluir a más mujeres, no solo en la participación, sino en las representaciones de poder político, nos quedamos cortos. Nos falta.
Se puede decir que lo que se aprobó es una victoria, pero muy pequeña porque se tomó una decisión de paridad frente a la conformación de las listas en las que haya cinco o más curules en juego con 50/50 de candidatos. Pero no es paridad universal, porque las curules con menos de cinco candidatos solo es el 30 %.
La cremallera en lista abierta es más simbólica y podría ser importante porque manda un mensaje de igualdad, pero en últimas ya no estamos hablando de participación de las mujeres, sino de representación real en cargos de decisión política. Nos quedó faltando, como siempre, cinco pal peso, porque nos quedamos en la representación, que no es universal, y una participación no universal que no implica ser elegidas.
Análisis: El proyecto de Código Electoral: ¿más tecnología y más clientelismo?
Alertaron también que se ampliaron las funciones discrecionales del registrador y el presidente para designar a funcionarios de libre nombramiento y remoción…
Se tomó una mala decisión. Nos preocupa mucho que Colombia va en contra de la norma internacional, que indica que los cargos de las autoridades electorales son técnicos e independientes, y con eso se garantiza estabilidad laboral.
Si a eso le sumamos que sea la Presidencia de la República la que hace una reestructuración tanto del CNE como de la Registraduría, no solamente en sus funciones y estructura, sino también salarios, no nos parece conveniente.
El panorama no parece el mejor para el Código. ¿Hay algo que destacar?
Hay muchísimos aspectos. En todo el capítulo de los principios democráticos que deben regir el Código se hizo un trabajo importante, porque se incluyen medidas que deben ayudar a facilitar la votación de la población en situación de discapacidad o de indígenas.
También se reconoce por primera vez que debe haber sanciones para quienes discriminen mujeres que hacen política. Hay temas duros, pero se han logrado avances.
De ser aprobado, ¿se podría aplicar el Código de aquí a 2022?
Lo vemos con muchísima más claridad con miras a 2023. Si bien el trámite termina este año, sigue la revisión de la Corte Constitucional. Pero es que hay que tener en cuenta que el calendario electoral comienza en marzo 2021 y podrían cambiar las reglas de juego. No es acertado, esas reglas deben ser ciertas y previamente conocidas.
Jgonzalez@elespectador.com
El Código Electoral que rige a Colombia, es decir, el que fija las reglas de juego alrededor –nada menos– que del proceso y la organización de las elecciones, es anterior a la Constitución del 91 y data de 1986. Si bien han sido varios los intentos por reformarlo y adaptarlo a nuevas realidades, lo cierto es que en el Congreso no han logrado ponerse de acuerdo y cualquier asomo de reforma ha naufragado. Ahora, en medio de la pandemia y con sesiones virtuales, el Parlamento encara nuevamente la discusión. Sin embargo, la polémica y el desacuerdo sobre algunos puntos persisten y amenazan con frustrar este nuevo intento.
Detrás de la iniciativa está el Gobierno, el registrador Alexander Vega y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Hernán Penagos, con el apoyo –hasta ahora–, de varios partidos y organizaciones. Pese a que el proyecto –que recién fue aprobado en primer debate por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara– apuntaba al voto electrónico, finalmente se estableció un voto mixto (para sufragar presencialmente con urna, y también con máquina en el sitio de votación).
Lea también: Código Electoral pasa su primer debate en comisiones primeras conjuntas
A ello se suma paridad de género, una hora más en la jornada de votación (hasta las 5:00 p.m.) y facultades extraordinarias para el presidente para que pueda reestructurar la Registraduría, con el propósito de hacer nivelación salarial y estabilidad laboral.
Quizá el punto más álgido de la iniciativa es el que busca derogar algunos artículos de la Ley de Garantías, que prohíbe la contratación cuatro meses antes de elecciones para evitar que los mandatarios salientes terminen beneficiando con la chequera del Estado a ciertos candidatos.
Aunque los alcaldes reunidos en Fedemunicipios se mostraron a favor e insistieron en derogar la ley, alegando que les quita margen de gestión y limita sus programas de gobierno –una situación aún más apremiante en medio de la pandemia y los ánimos de reactivación económica–, desde la Misión de Observación Electoral (MOE) su directora, Alejandra Barrios, alerta de la inconveniencia de quitar ese cerrojo, señalando que por ahí se le abriría la puerta a la mermelada y el clientelismo. Esta es su visión del proyecto.
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Tocar la Ley de Garantías resultó tan delicado, que en primer debate se pospuso la discusión y se optó por llegar primero a un acuerdo multipartidista. ¿La deja tranquila?
Muy tranquila, porque los votos se enfrentaron con la realidad. Ese artículo podía haber sido aprobado con las mayorías, pero pasó algo importante: hubo una comprensión de que el Código y, sobre todo este tema, no puede adoptarse si independientes y oposición no están de acuerdo.
Eso les va a poner otro tono a los debates y espero que eso ocurra en las plenarias de Senado y Cámara.
¿Que sea una negociación y no un acuerdo formal no es un riesgo?
No, y creo que ese cerrojo no se va a levantar. Lo que se pide eliminar es, nada menos, que la prohibición de contratación por parte del Ejecutivo cuatro meses antes de elecciones y modificar la nómina a manos de autoridades locales, lo que significa que ahí se puede abrir la compuerta para el clientelismo y a que se les pueda meter mano a los bienes y recursos del Estado para favorecer campañas.
Imagine quitar la prohibición de inaugurar obras o dar inicio a programas sociales con presencia de candidatos o sus voceros.
¿Llegó la hora de abrir el debate sobre la Ley de Garantías? Los alcaldes dicen que limita más de la mitad de su mandato y que no tiene sentido sin reelección presidencial…
Se va a abrir el debate, pero creo que va a permanecer como está. Frente a los reclamos hay que recordar que estamos en un sistema presidencialista, y eso significa que tenemos certeza de cuáles son las fechas de las elecciones. Cuando se tiene esa certeza hay algo que se llama planeación. Uno no puede decir que el plan de reactivación económica del país va a estar basado en mermelada y clientelismo.
Lea también: “En 2022 se estrenaría el nuevo Código Electoral”: Alexánder Vega
Es decir, tal como está la Ley de Garantías hoy así debe permanecer...
Así debería quedarse y si se pueden mejorar medidas de transparencia y publicidad son bienvenidas, pero mínimo este es el piso que deberíamos tener.
La MOE alertó también por el riesgo de permitir coaliciones entre partidos y grupos significativos de ciudadanos (GSC). ¿Por qué?
No es riesgoso, es incoherente. La razón de ser de los GSC, muy importante en democracia, es que un grupo de ciudadanos en consenso decide que los partidos no le sirven. Sin embargo, que esa alternativa de poder haga alianza con partidos no es coherente.
Y no solo eso. Nos hemos encontrado con el fenómeno de que comienzan a hacer campaña y a recoger dinero al recolectar firmas, y el día de la inscripción terminan siendo candidatos de un partido.
La reforma apunta, entre otras, al voto electrónico, pero se aprobó el mixto (para sufragar en urnas, pero también con máquina en el sitio de votación). ¿Es suficiente?
En las comisiones primeras se perdió la posibilidad del voto remoto no presencial, es decir, voto virtual. Lo que terminó generando mucho daño fue señalar que debía implementarse en 2026.
Cuando se pone una fecha sin tener los estudios, el análisis de conveniencia, de costos, de seguridad y sin tener diferentes opciones de tecnología, genera en las organizaciones políticas (no solo oposición) descontento, cuando lo que tenemos que generar es confianza.
Es decir, el país no está preparado...
No está preparada ni Colombia, ni la mayoría de los países del mundo.
En el tema de paridad hubo avances, pero se criticó que sin una lista cremallera o intercalada es difícil apuntar a la equidad. ¿Le convence?
No, nos quedamos cortos. Lamentablemente siempre en Colombia cuando estamos hablando de medidas de acción afirmativas para incluir a más mujeres, no solo en la participación, sino en las representaciones de poder político, nos quedamos cortos. Nos falta.
Se puede decir que lo que se aprobó es una victoria, pero muy pequeña porque se tomó una decisión de paridad frente a la conformación de las listas en las que haya cinco o más curules en juego con 50/50 de candidatos. Pero no es paridad universal, porque las curules con menos de cinco candidatos solo es el 30 %.
La cremallera en lista abierta es más simbólica y podría ser importante porque manda un mensaje de igualdad, pero en últimas ya no estamos hablando de participación de las mujeres, sino de representación real en cargos de decisión política. Nos quedó faltando, como siempre, cinco pal peso, porque nos quedamos en la representación, que no es universal, y una participación no universal que no implica ser elegidas.
Análisis: El proyecto de Código Electoral: ¿más tecnología y más clientelismo?
Alertaron también que se ampliaron las funciones discrecionales del registrador y el presidente para designar a funcionarios de libre nombramiento y remoción…
Se tomó una mala decisión. Nos preocupa mucho que Colombia va en contra de la norma internacional, que indica que los cargos de las autoridades electorales son técnicos e independientes, y con eso se garantiza estabilidad laboral.
Si a eso le sumamos que sea la Presidencia de la República la que hace una reestructuración tanto del CNE como de la Registraduría, no solamente en sus funciones y estructura, sino también salarios, no nos parece conveniente.
El panorama no parece el mejor para el Código. ¿Hay algo que destacar?
Hay muchísimos aspectos. En todo el capítulo de los principios democráticos que deben regir el Código se hizo un trabajo importante, porque se incluyen medidas que deben ayudar a facilitar la votación de la población en situación de discapacidad o de indígenas.
También se reconoce por primera vez que debe haber sanciones para quienes discriminen mujeres que hacen política. Hay temas duros, pero se han logrado avances.
De ser aprobado, ¿se podría aplicar el Código de aquí a 2022?
Lo vemos con muchísima más claridad con miras a 2023. Si bien el trámite termina este año, sigue la revisión de la Corte Constitucional. Pero es que hay que tener en cuenta que el calendario electoral comienza en marzo 2021 y podrían cambiar las reglas de juego. No es acertado, esas reglas deben ser ciertas y previamente conocidas.
Jgonzalez@elespectador.com