“Rechazamos la deriva autoritaria y antidemocrática del Gobierno”: docentes universitarios

Más de 50 docentes universitarios consideran que el gobierno del presidente Iván Duque está mutando a un verdadero régimen autoritario. Por medio de un comunicado rechazaron la posición que ha tomado esta administración frente a los abusos del poder y de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército, ocurridos en la protesta social de 2019 y de este año.

(Lea: Álvaro Uribe podría quedar en libertad en la misma fecha en que rindió indagatoria)

“rechazamos la deriva autoritaria y antidemocrática que está tomando el gobierno actual. En la medida en que nuestra actividad científica, docente e investigativa gira en torno a o se ve atravesada por fenómenos y prácticas políticas, guardar silencio ante una situación tan crítica como la que atravesamos hoy en Colombia, sería intelectualmente deshonesto e iría en contravía de nuestra vocación”, expresaron los firmantes esta semana.

Para ellos, profesores de claustros como la Universidad Autónoma de Manizales, la de Caldas, la de Antioquia, la Nacional, la Luis Amigó, la Sabana, los Andes, la Tecnológica de Pereira, entre otras, no es válido el discurso de que los abusos de la Fuerza Pública es cuestión de “manzanas podridas” y menos eventos aislados.

En la misiva dirigida a la opinión pública, manifestaron que el asesinato de Dilan Cruz, a manos de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la muerte de 23 presos en la cárcel La Modelo, a principios de este año, el homicidio de Javier Ordóñez, los 13 asesinados en las protestas por la muerte de Ordóñez y, más recientemente, el asesinato de Juliana Giraldo a manos de un soldado en el Cauca, “suman a la larga lista de casos de abuso sexual, violación y tortura al interior de los CAI y en zonas rurales de nuestro país, denunciados hasta la saciedad por sus presuntas víctimas y en su inmensa mayoría aún impunes”, afirmaron.

(Lea también: “Callamos por conveniencia y por vergüenza”: Farc sobre magnicidio de Álvaro Gómez)

Recordaron cómo funciona la autoridad en el estado social de derecho que es Colombia: los servidores públicos tienen el objetivo superior de asegurar los fines de la República. “El respeto a la dignidad humana no debe ser una figura retórica, sino un imperativo jurídico exigible a todas las instituciones y en todos los niveles. Hechos como los acaecidos son gravísimos, ilegales, inconstitucionales, inaceptables y repudiables. Queda en entredicho el respeto de dichas instituciones a la Carta Superior y a la ley”, resaltaron.

En ese sentido, de vulneración a lo contenido en la Constitución, reiteraron la relación de los poderes públicos y el sistema de pesos y contrapesos afectado porque varios de los entes de control están dirigidos por personas del círculo más cercano del presidente, algo que no solo los docentes firmantes rechazan, sino también organizaciones como Transparencia por Colombia.

Ante ese panorama, los profesores universitarios reforzaron una queja que comparten otros sectores de la sociedad: que “el presidente Iván Duque y el partido oficialista, el Centro Democrático, han mostrado un respaldo incondicional a la fuerza pública -a pesar de los crímenes presuntamente cometidos y en contra de los reclamos civiles, y judiciales e internacionales-”, aseguraron. De esa forma, consideraron los mencionados líderes políticos han optado por “evadir sus deberes constitucionales, los mandatos del Poder Judicial y el compromiso de representatividad adquirido con una población civil heterogénea. Además, la abusiva exhibición de violencia por parte de agentes del Estado no puede compararse con los desmanes de algunos civiles; el rol de la policía es asegurar la convivencia ciudadana y no el de establecer lógicas bélicas, ni el de constituirse en una facción más de la convulsión social”.

(Conozca: Álvaro Leyva propone un gran movimiento nacional por la verdad)

Además, hicieron referencia a las presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de los uniformados han estado bajo el reflector de entidades internacionales y judiciales del país. Trajeron a colación, por ejemplo, una providencia de la Corte Suprema de Justicia emitida el pasado 22 de septiembre en la que advierten que desde 2005 se están vulnerando los derechos a la protesta pacífica, a la participación ciudadana, a la integridad personal, el debido proceso, así como también el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, libertad de expresión, reunión, circulación y movimiento, que pueden verse fácilmente vulnerados en las manifestaciones.

Desde la perspectiva de los firmantes, lo que está pasando en el país, en especial el accionar de la Policía y el Ejército en contra de la ciudadanía, es muy grave en un escenario de posconflicto por el que intenta atravesar Colombia. “La coyuntura actual tiene dimensiones históricas, por lo que es urgente modificar la doctrina y la estructura organizativa de la Policía Nacional para que opere dentro del Derecho y responda a las necesidades civiles y democráticas de un país que está luchando por construir paz”, advirtieron los docentes, recalcando en que se debe promover un régimen político “realmente democrático” que logre garantizar el imperio de la ley y reducir el malestar social que hoy por hoy prima en los ciudadanos.

Más de 50 docentes universitarios consideran que el gobierno del presidente Iván Duque está mutando a un verdadero régimen autoritario. Por medio de un comunicado rechazaron la posición que ha tomado esta administración frente a los abusos del poder y de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército, ocurridos en la protesta social de 2019 y de este año.

(Lea: Álvaro Uribe podría quedar en libertad en la misma fecha en que rindió indagatoria)

“rechazamos la deriva autoritaria y antidemocrática que está tomando el gobierno actual. En la medida en que nuestra actividad científica, docente e investigativa gira en torno a o se ve atravesada por fenómenos y prácticas políticas, guardar silencio ante una situación tan crítica como la que atravesamos hoy en Colombia, sería intelectualmente deshonesto e iría en contravía de nuestra vocación”, expresaron los firmantes esta semana.

Para ellos, profesores de claustros como la Universidad Autónoma de Manizales, la de Caldas, la de Antioquia, la Nacional, la Luis Amigó, la Sabana, los Andes, la Tecnológica de Pereira, entre otras, no es válido el discurso de que los abusos de la Fuerza Pública es cuestión de “manzanas podridas” y menos eventos aislados.

En la misiva dirigida a la opinión pública, manifestaron que el asesinato de Dilan Cruz, a manos de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la muerte de 23 presos en la cárcel La Modelo, a principios de este año, el homicidio de Javier Ordóñez, los 13 asesinados en las protestas por la muerte de Ordóñez y, más recientemente, el asesinato de Juliana Giraldo a manos de un soldado en el Cauca, “suman a la larga lista de casos de abuso sexual, violación y tortura al interior de los CAI y en zonas rurales de nuestro país, denunciados hasta la saciedad por sus presuntas víctimas y en su inmensa mayoría aún impunes”, afirmaron.

(Lea también: “Callamos por conveniencia y por vergüenza”: Farc sobre magnicidio de Álvaro Gómez)

Recordaron cómo funciona la autoridad en el estado social de derecho que es Colombia: los servidores públicos tienen el objetivo superior de asegurar los fines de la República. “El respeto a la dignidad humana no debe ser una figura retórica, sino un imperativo jurídico exigible a todas las instituciones y en todos los niveles. Hechos como los acaecidos son gravísimos, ilegales, inconstitucionales, inaceptables y repudiables. Queda en entredicho el respeto de dichas instituciones a la Carta Superior y a la ley”, resaltaron.

En ese sentido, de vulneración a lo contenido en la Constitución, reiteraron la relación de los poderes públicos y el sistema de pesos y contrapesos afectado porque varios de los entes de control están dirigidos por personas del círculo más cercano del presidente, algo que no solo los docentes firmantes rechazan, sino también organizaciones como Transparencia por Colombia.

Ante ese panorama, los profesores universitarios reforzaron una queja que comparten otros sectores de la sociedad: que “el presidente Iván Duque y el partido oficialista, el Centro Democrático, han mostrado un respaldo incondicional a la fuerza pública -a pesar de los crímenes presuntamente cometidos y en contra de los reclamos civiles, y judiciales e internacionales-”, aseguraron. De esa forma, consideraron los mencionados líderes políticos han optado por “evadir sus deberes constitucionales, los mandatos del Poder Judicial y el compromiso de representatividad adquirido con una población civil heterogénea. Además, la abusiva exhibición de violencia por parte de agentes del Estado no puede compararse con los desmanes de algunos civiles; el rol de la policía es asegurar la convivencia ciudadana y no el de establecer lógicas bélicas, ni el de constituirse en una facción más de la convulsión social”.

(Conozca: Álvaro Leyva propone un gran movimiento nacional por la verdad)

Además, hicieron referencia a las presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de los uniformados han estado bajo el reflector de entidades internacionales y judiciales del país. Trajeron a colación, por ejemplo, una providencia de la Corte Suprema de Justicia emitida el pasado 22 de septiembre en la que advierten que desde 2005 se están vulnerando los derechos a la protesta pacífica, a la participación ciudadana, a la integridad personal, el debido proceso, así como también el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, libertad de expresión, reunión, circulación y movimiento, que pueden verse fácilmente vulnerados en las manifestaciones.

Desde la perspectiva de los firmantes, lo que está pasando en el país, en especial el accionar de la Policía y el Ejército en contra de la ciudadanía, es muy grave en un escenario de posconflicto por el que intenta atravesar Colombia. “La coyuntura actual tiene dimensiones históricas, por lo que es urgente modificar la doctrina y la estructura organizativa de la Policía Nacional para que opere dentro del Derecho y responda a las necesidades civiles y democráticas de un país que está luchando por construir paz”, advirtieron los docentes, recalcando en que se debe promover un régimen político “realmente democrático” que logre garantizar el imperio de la ley y reducir el malestar social que hoy por hoy prima en los ciudadanos.