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La Comisión de la Verdad, reunida en pleno, agradeció a la Corte Constitucional la decisión de extender su período para terminar el Informe Final y su posterior socialización con el país. En voz de su presidente, el padre Francisco de Roux, la entidad reiteró que esta decisión les significa, ante todo, una responsabilidad importante para la construcción de la paz duradera que se firmó en 2016 y que contiene, en el centro de su propuesta, a las víctimas del conflicto armado.
(Lea: Comisión de la Verdad tendrá siete meses más de vida: Corte Constitucional)
“Recibimos esta decisión como una responsabilidad. En primer lugar, una responsabilidad con las víctimas, para escuchar a las víctimas y garantizar sus derechos. También como una responsabilidad con la sociedad, el derecho de la sociedad a la verdad”, expresó De Roux este viernes, horas después de conocerse el fallo del alto tribunal.
El presidente de la Comisión de la Verdad reiteró que el mandato y compromiso de él y de los 10 comisionados más, es contribuir, desde la verdad, a garantizar los caminos de convivencia y de la paz, esto para que, desde la dignidad, exista un futuro compartido entre los y las colombianas. Es decir, donde todos, a pesar de las diferencias, podamos vivir sin guerra.
De Roux también le agradeció a las víctimas y a la ciudadanía que solicitó la extensión para terminar el Informe Final. “Han puesto toda su confianza en nosotros. Y de manera muy particular queremos agradecer a todos aquellos que, con su opinión y con su participación contribuyeron a esta decisión de la Corte. Nuestra decisión y determinación es contribuir a fondo para que este futuro soñado por todos nosotros sea una realidad en Colombia. Y en esta disposición trabajaremos hasta el último día en el tiempo que tenemos dentro de la Comisión”, concluyó.
Este viernes, la Corte Constitucional dio a conocer su determinación: por considerar este asunto urgente nacional, el 30 de septiembre estimó que la Comisión de la Verdad debía extenderse nueve meses, siendo siete de estos para finalizar el texto sobre las verdades en torno al conflicto armado, y dos más para su posterior socialización con los territorios y sectores de la sociedad.
La razón, según se documentó, está en que se debía llegar a una decisión por cuenta de los tiempos de discusión del presupuesto de la nación para 2022. La Corte encontró que no había un peso destinado a la entidad de la justicia transicional. El Gobierno insistió en que no había reparado en ese gasto porque el mandato se le acababa. También se tuvo en cuenta el impacto del COVID-19 en el trabajo de recopilación de testimonios y la importancia que la sala encontró en la Comisión dentro del Sistema Integral de Verdad.
“La interpretación, según la cual el período de tres años de operación de la Comisión de la Verdad se ha cumplido, pese a las restricciones que impuso el aislamiento obligatorio, desconoce contenidos del Acuerdo de Paz que rodearon los compromisos adquiridos en relación con el derecho fundamental de las víctimas a la verdad”, señaló el magistrado Jorge Enrique Ibáñez en su ponencia.
Con el visto bueno de la Corte Constitucional, se deberá resolver el tema presupuestal de la Comisión y su trabajo en un ambiente electoral como será 2022.