Recta final: así va el pulso por integrar la terna para la Defensoría

Los rumores dicen que el presidente Iván Duque anunciará esta semana o a más tardar en la siguiente la conformación de la terna que enviará a la Cámara de Representantes para que esta elija al nuevo defensor del Pueblo. Un cargo tan apetecido como el de la Fiscalía o la Procuraduría, pues maneja un presupuesto cercano a los $600 mil millones y una amplia planta de personal con ramificaciones en todas las regiones del país.

Según el artículo 281 de la Constitución, el defensor debe ser elegido por la Cámara para un período de cuatro años y el jefe de Estado debe presentar dentro de los 15 días siguientes al inicio de la legislatura, es decir, entre el 20 de julio y 13 de agosto. La elección debe hacerse en el primer mes de sesiones, o sea, máximo el 21 de agosto, y su posesión será el 1° de septiembre.

De ahí que por estos días, partidos políticos y hasta altos funcionarios de entidades del poder público libren un cerrado pulso tratando de ubicar sus fichas en dicha terna. Por ejemplo, el Partido de la U, miembro de la coalición oficialista, reclama como suya tal dignidad, invocando acuerdos previos con los demás movimientos de la alianza duquista.

Internamente se asegura que el mismo primer mandatario le pidió a la colectividad que le enviara una lista de postulados para escoger uno de ellos para integrar la terna. Y la U propuso tres nombres: Carolina Carrillo, saliente directora administrativa de la Cámara; Álvaro Echeverri, secretario del partido; y Angelino Lizcano, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y exsecretario de la Cámara.

El lío es que se dejó por fuera a Elizabeth Martínez Barrera, actual secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, hasta el punto que, a comienzos de julio, 13 representantes le enviaron una carta al presidente de la U, Aurelio Iragorri Valencia, protestando por esa exclusión. Misiva que se mandó con copia al presidente Duque, a quien —dicen fuentes en la Casa de Nariño— no le cayó muy bien el hecho, pues se manda un mensaje de “rapiña” por un cargo clave en el esquema democrático y de defensa de los derechos humanos del país.

Contexto: Choque en el Partido de la U por la terna para defensor del Pueblo

Pero todo indica que Martínez no está sola y tiene padrinos poderosos mediando por su postulación. Como lo informó El Espectador este fin de semana, el pasado miércoles, a instancias del contralor Felipe Córdoba, se dio una reunión en la que habrían estado el registrador nacional, Alexánder Vega; el viceministro del Interior, Daniel Palacios; los ministros de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y de Deportes, Ernesto Lucena; el director de Fededepartamentos, Carlos Camargo, y el mismo jefe de la U, Aurelio Iragorri Valencia. ¿El tema central? La terna para la Defensoría. Y sobre la mesa se habría puesto los nombres de Martínez y también los de los mismos Camargo y Lucena.

Ahora, como de pulso político se trata, en los pasillos del Capitolio corren versiones en las que unos cuestionan y otros defienden a uno y otro posible aspirante. De Martínez, amiga personal del mintrabajo, hablan en voz baja de su supuesto acoso laboral y maltrato a los subalternos en la Comisión. De Camargo, recuerdan las críticas que aparecieron cuando aspiró a la Registraduría, por presuntamente haber usado la tarjeta de crédito de Fededepartamentos para gastos personales y otorgado contratos en la entidad a personas cercanas a los altos tribunales, quienes a su vez eran los que escogían al nuevo registrador.

De Álvaro Echeverri dicen que es la cuota de Iragorri y que es muy cercano al senador Roy Barreras, voz disidente dentro de la U y acérrimo opositor de Duque. A Lizcano, si bien unos le reconocen su experiencia en materia jurídica y el tener estudios en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, no falta quien recuerde la investigación que le adelantó la Fiscalía por el llamado “carrusel de pensiones” en el Consejo de la Judicatura, entre otros escándalos por ahí.

En la lista de posibles ternados han sonado también personas del círculo cercano del presidente Duque, como su actual consejera para los Derechos Humanos, la exministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, y la hoy ministra de Cultura, Carmen Vásquez, quien públicamente ha dicho que no es de su interés llegar a la Defensoría. Y últimamente se menciona mucho al que podría ser el “palo”: el actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo Martínez, considerado muy cercano al fiscal general, Francisco Barbosa, y al mismo jefe de Estado. Entre otros cargos, ha sido personero de Valledupar y director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

¿Qué características debe tener el nuevo Defensor? Hablan los representantes

Para el representante a la Cámara por Córdoba, Jorge Burgos, de la U, el nuevo defensor del Pueblo “debe tener experiencia en la defensa de los Derechos Humanos, respetando las diferentes clases sociales en Colombia, los afrodescendientes, los indígenas, entre otros, sin distinción alguna”.

A su vez, el representante caqueteño Harry González, del Partido Liberal, enfatiza que la terna enviada por el presidente Iván Duque debe ser idónea, conformada por personas “con la experiencia, la formación y el conocimiento en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es muy importante el perfil de cara a tener una buena escogencia en la Cámara de Representantes”, manifestó.

El representante Buenaventura León, por Cundinamarca y del partido Conservador, considera que es de vital importancia que, como característica principal, el nuevo defensor sea “una persona con calidad humana, capaz de escuchar a todos los segmentos poblacionales y con servicio de entrega a la comunidad en general”.

Y según el representante de Centro Democrático Edwar Rodríguez, por Bogotá, quien llegue al cargo “debe ser una persona íntegra y ante todo que tenga credibilidad ante la ciudadanía, y que le dé la garantía al país de defender el pueblo”.

En líneas generales, casi todos los sectores consultados coinciden en que el nuevo defensor del Pueblo debe ser una persona que tenga los conocimientos para ocupar el cargo con suficiencia, no tener tacha de su actuar al interior de las comunidades, que defienda al ser humano, independientemente de su color, partido o raza, y debe, además, tener todas las capacidades y estudios para tal dignidad.

Los rumores dicen que el presidente Iván Duque anunciará esta semana o a más tardar en la siguiente la conformación de la terna que enviará a la Cámara de Representantes para que esta elija al nuevo defensor del Pueblo. Un cargo tan apetecido como el de la Fiscalía o la Procuraduría, pues maneja un presupuesto cercano a los $600 mil millones y una amplia planta de personal con ramificaciones en todas las regiones del país.

Según el artículo 281 de la Constitución, el defensor debe ser elegido por la Cámara para un período de cuatro años y el jefe de Estado debe presentar dentro de los 15 días siguientes al inicio de la legislatura, es decir, entre el 20 de julio y 13 de agosto. La elección debe hacerse en el primer mes de sesiones, o sea, máximo el 21 de agosto, y su posesión será el 1° de septiembre.

De ahí que por estos días, partidos políticos y hasta altos funcionarios de entidades del poder público libren un cerrado pulso tratando de ubicar sus fichas en dicha terna. Por ejemplo, el Partido de la U, miembro de la coalición oficialista, reclama como suya tal dignidad, invocando acuerdos previos con los demás movimientos de la alianza duquista.

Internamente se asegura que el mismo primer mandatario le pidió a la colectividad que le enviara una lista de postulados para escoger uno de ellos para integrar la terna. Y la U propuso tres nombres: Carolina Carrillo, saliente directora administrativa de la Cámara; Álvaro Echeverri, secretario del partido; y Angelino Lizcano, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y exsecretario de la Cámara.

El lío es que se dejó por fuera a Elizabeth Martínez Barrera, actual secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, hasta el punto que, a comienzos de julio, 13 representantes le enviaron una carta al presidente de la U, Aurelio Iragorri Valencia, protestando por esa exclusión. Misiva que se mandó con copia al presidente Duque, a quien —dicen fuentes en la Casa de Nariño— no le cayó muy bien el hecho, pues se manda un mensaje de “rapiña” por un cargo clave en el esquema democrático y de defensa de los derechos humanos del país.

Contexto: Choque en el Partido de la U por la terna para defensor del Pueblo

Pero todo indica que Martínez no está sola y tiene padrinos poderosos mediando por su postulación. Como lo informó El Espectador este fin de semana, el pasado miércoles, a instancias del contralor Felipe Córdoba, se dio una reunión en la que habrían estado el registrador nacional, Alexánder Vega; el viceministro del Interior, Daniel Palacios; los ministros de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y de Deportes, Ernesto Lucena; el director de Fededepartamentos, Carlos Camargo, y el mismo jefe de la U, Aurelio Iragorri Valencia. ¿El tema central? La terna para la Defensoría. Y sobre la mesa se habría puesto los nombres de Martínez y también los de los mismos Camargo y Lucena.

Ahora, como de pulso político se trata, en los pasillos del Capitolio corren versiones en las que unos cuestionan y otros defienden a uno y otro posible aspirante. De Martínez, amiga personal del mintrabajo, hablan en voz baja de su supuesto acoso laboral y maltrato a los subalternos en la Comisión. De Camargo, recuerdan las críticas que aparecieron cuando aspiró a la Registraduría, por presuntamente haber usado la tarjeta de crédito de Fededepartamentos para gastos personales y otorgado contratos en la entidad a personas cercanas a los altos tribunales, quienes a su vez eran los que escogían al nuevo registrador.

De Álvaro Echeverri dicen que es la cuota de Iragorri y que es muy cercano al senador Roy Barreras, voz disidente dentro de la U y acérrimo opositor de Duque. A Lizcano, si bien unos le reconocen su experiencia en materia jurídica y el tener estudios en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, no falta quien recuerde la investigación que le adelantó la Fiscalía por el llamado “carrusel de pensiones” en el Consejo de la Judicatura, entre otros escándalos por ahí.

En la lista de posibles ternados han sonado también personas del círculo cercano del presidente Duque, como su actual consejera para los Derechos Humanos, la exministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, y la hoy ministra de Cultura, Carmen Vásquez, quien públicamente ha dicho que no es de su interés llegar a la Defensoría. Y últimamente se menciona mucho al que podría ser el “palo”: el actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo Martínez, considerado muy cercano al fiscal general, Francisco Barbosa, y al mismo jefe de Estado. Entre otros cargos, ha sido personero de Valledupar y director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

¿Qué características debe tener el nuevo Defensor? Hablan los representantes

Para el representante a la Cámara por Córdoba, Jorge Burgos, de la U, el nuevo defensor del Pueblo “debe tener experiencia en la defensa de los Derechos Humanos, respetando las diferentes clases sociales en Colombia, los afrodescendientes, los indígenas, entre otros, sin distinción alguna”.

A su vez, el representante caqueteño Harry González, del Partido Liberal, enfatiza que la terna enviada por el presidente Iván Duque debe ser idónea, conformada por personas “con la experiencia, la formación y el conocimiento en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es muy importante el perfil de cara a tener una buena escogencia en la Cámara de Representantes”, manifestó.

El representante Buenaventura León, por Cundinamarca y del partido Conservador, considera que es de vital importancia que, como característica principal, el nuevo defensor sea “una persona con calidad humana, capaz de escuchar a todos los segmentos poblacionales y con servicio de entrega a la comunidad en general”.

Y según el representante de Centro Democrático Edwar Rodríguez, por Bogotá, quien llegue al cargo “debe ser una persona íntegra y ante todo que tenga credibilidad ante la ciudadanía, y que le dé la garantía al país de defender el pueblo”.

En líneas generales, casi todos los sectores consultados coinciden en que el nuevo defensor del Pueblo debe ser una persona que tenga los conocimientos para ocupar el cargo con suficiencia, no tener tacha de su actuar al interior de las comunidades, que defienda al ser humano, independientemente de su color, partido o raza, y debe, además, tener todas las capacidades y estudios para tal dignidad.