El debate por cómo se va a tramitar la reforma a la salud no ha acabado. Aunque este lunes se reunieron los presidentes de seis de las siete comisiones constitucionales de la Cámara para votar sobre el tipo de ley que era la reforma a la salud, estatutaria u ordinaria, algunos aseguran que dicha determinación no es vinculante.
La votación de los presidentes arrojó que el proyecto de reforma se estudiará y votará como una ley ordinaria y se hizo el compromiso de que se eliminarán los artículos que puedan llegar a ser considerados estatutarios, es decir, que entran a modificar directamente la aplicación del derecho fundamental a la salud. Sin embargo, varios congresistas expresaron que la decisión no tiene validez alguna, pues no sigue el conducto correspondiente.
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A través de una carta, varios congresistas, en los que figuran sectores de oposición, gobiernistas e independientes, señalaron que aún no se ha definido el trámite de la reforma a la salud, pues esta decisión debería ser tomada por la plenaria entera y no solo por los presidentes de las Comisiones.
De acuerdo con los firmantes, el artículo 44 de la ley 5 de 1992, que establece el reglamento básico del Congreso, señala que las decisiones de los presidentes de Cámara y Senado “son apelables inmediatamente ante la respectiva corporación legislativa”. De esta forma, los congresistas argumentan que debe ser la plenaria de la Cámara la que se pronuncie sobre la decisión del presidente de la Cámara, David Racero, de tramitar la reforma a la salud como una ley ordinaria.
En la misiva, los congresistas aseguran que es contrario a la ley que los presidentes de las comisiones hayan decidido la forma en que se iba tramitar el texto impulsado por el Ministerio de Salud. Por eso, pidieron al presidente de la Cámara que reconsidere su decisión y ponga la controversia en conocimiento de toda la plenaria.
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Los firmantes de la carta son Paloma Valencia y Hernán Cadavid (Centro Democrático, Humberto de la Calle (Verde Oxígeno), David Luna y Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) y Jota Pe Hernández y Catherine Juvinao (Alianza Verde). Son estos los que más han insistido que la reforma a la salud debe tramitarse como una ley estatutaria por su naturaleza.
Aunque parece un tema de mera mecánica legislativa, lo cierto es que el futuro del proyecto depende en gran medida de cómo se discuta. Una ley ordinaria necesita mayoría simple y dos años para su discusión, mientras que las estatutarias necesitan de una mayoría absoluta (50%+1) de los votos y apenas tienen un año para ser tramitadas. De tramitarse como estatutaria, el Ejecutivo sabe que su proyecto tiene menos posibilidades de pasar.
Por otro lado, de seguirse el trámite como ley ordinaria, lo más probable es que la reforma, si es aprobada, sea demandada ante la Corte Constitucional por vicios de forma. El alto tribunal podría determinar que los argumentos de los demandantes están ajustados a derecho, por lo que el proyecto se podría hundir debido a que no se tramitó con las condiciones de una estatutaria.