Una nueva controversia se desató alrededor de la reforma pensional luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, remitiera el último informe sobre la aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias en las que presuntamente se subsanaron los vicios de la ley pensional.
Integrantes de esta corporación aseguraron que se cometieron nuevas irregularidades en este trámite solicitado por la Corte Constitucional para evaluar la ponencia sobre la legitimidad de la Ley 2381 de 2024. De acuerdo con las denuncias de las representantes Lina María Garrido y Katherine Miranda, el más reciente informe tanto López como el procurador General, Gregorio Eljach, están cometiendo “falsedad ideológica y fraude procesal”.
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La congresista de Cambio Radical señala que en el informe emitido el pasado 5 de septiembre no confirmaba la aprobación de las actas, especialmente de la 256 en la que se referencia la sesión extraordinaria del 27 de junio cuando se realizó el anuncio para debate de la ley pensional. Garrido apunta que ahora, tras un concepto no vinculante emitido por Procuraduría sí reconocen la aprobación de estos documentos por parte de la plenaria de la Cámara.
“Ojo Corte Constitucional, el Procurador y el presidente de la Cámara quieren inducirlos a un error. El acta 256 no está aprobada”, aseguró la congresista. Quien fuese segunda vicepresidenta de la corporación durante la legislatura anterior, recalcó que la asistencia de 79 congresistas no es suficiente para dar discusión a ningún proyecto, pues se requiere un mínimo de 94 para la aprobación del orden del día, y con ello, el anuncio de proyectos.
Caso similar detalló Katherine Miranda (Alianza Verde), cuestionó que “esa misma votación se repitió 3 veces antes con idénticos resultados. Si las anteriores no fueron válidas, ¿por qué sí la última? Eso es un vicio de procedimiento y el documento enviado hoy a la Corte Constitucional puede constituir falsedad en documento público”. Es por lo anterior que desde la Cámara emprenderían acciones legales bajo los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal.
¿Qué sigue para la reforma pensional?
El trámite de esta ley culminó en el Congreso en junio de 2024 y se esperaba su entrada en vigor en el mismo mes de 2025. Sin embargo, una serie de acciones jurídicas frenó la puesta en marcha de la ley 2381, que además, durante su estudio en la Corte Constitucional por parte del magistrado Jorge Enrique Ibáñez determinó una serie de vicios de trámite sustentados en la falta de debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Por ello, desde el alto tribunal se emitió un oficio para que la corporación subsanara el vicio al cierre de la legislatura (16 de junio) anterior. Este proceso se desarrolló entre los días 27 y 28 de junio, pero desde el llamado a las sesiones extra generó controversia, puesto que algunos congresistas aseguran que el decreto que llamó a esta sesión era ilegal, siendo uno de los puntos estudiados por el magistrado Ibáñez.
Ahora que se cumplieron los plazos para la presentación de las actas solicitadas por la Corte, se espera que el magistrado radique la ponencia para emitir concepto definitivo sobre esta ley. Este documento sería radicado en los próximos días y su votación no tardaría mucho en la sala plena del alto tribunal en donde se estima, el gobierno no cuenta con las mayorías.
Puede leer: Presidente de la Cámara envió a la Corte Constitucional actas sobre la pensionalEn un nuevo llamado previo la decisión del presidente de la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro defendió la legalidad del proceso. Tras el envío de las actas, el mandatario nacional señaló que “efectivamente la carta del presidente de la Cámara, muestra que hubo mayoría constitucional en la sesión donde se aprobó la conciliación de la reforma laboral y efectivamente el acta de dicha sesión fue aprobada”. Bajo su concepto, el jefe de Estado aseguró que “el acta de la sesión de anuncio del tema, efectivamente se efectuó en sesión con quórum deliberatorio, porque los anuncios no necesitan de quórum decisorio”, razón por la que espera no hayan más “dilaciones” en la aprobación de esta ley.
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