Este sábado, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el Congreso, a la luz de la Ley 1448 de 2011, abro su recinto para que las víctimas fueran las protagonistas de la sesión plenaria, que reunió a senadores y representantes para escuchar los reclamos, preocupaciones y necesidades de las más de ocho millones de personas que han padecido el conflicto armado.
El Congreso escuchó desde víctimas de grupos armados ilegales, como las exFarc y paramilitares, así como del Estado y familiares de militares desaparecidos y asesinados. El dolor y la resistencia fueron los testimonios de todas las personas que intervinieron en el pleno del Congreso, quienes aprovecharon para hacer varios llamados al Gobierno Nacional y a los legisladores.
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En primer, las víctimas reconocieron y le hicieron llamados especiales a los 16 representantes electos de las circunscripciones territoriales de paz, una deuda que se tenía con las víctimas desde la firma del Acuerdo de Paz.
“Creemos que es una oportunidad valiosa para que nosotros podamos buscar esas alianzas y acercamientos con estos 16 nuevos representantes a la cámara que van a representar los intereses de las víctimas y crear canales para que la implementación siga avanzando”, dijo Odorico Guerra, representante de víctimas de desaparición forzada.
Ménderson Mosquera, de la Mesa de Víctimas de Antioquia, fue más directo en los pedidos a los 16 representantes de las curules de paz: adelantar una reforma rural integral, control en las actividades de indemnización administrativa y seguimiento a la tarea del sistema de paz del Acuerdo (Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas”.
Es más, Karen Manrique, electa por la circunscripción de Arauca, pidió ayuda a sus próximos colegas del Congreso, para que los apoyen en su trabajo legislativo por las dificultades y riesgos de seguridad que vivieron durante campaña y que prevé vivirán una vez se posesionen en el cargo.
A los llamados al Congreso en general, Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, pidió la creación de sanciones para las entidades estatales que no cumplan con la garantía de los derechos de las víctimas, y la gratuidad en la emisión de documentos (registro civil, apostillados, duplicados, entre otros) a la población que se encuentra en algún proceso de reconocimiento o resarcimiento de sus derechos.
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Las víctimas de violencia sexual, en voz de Mayerli Paredes, exigieron la apertura del macro caso en la JEP de este delito y garantías de seguridad para poder contar su verdad. “Somos el centro de la paz, no desconocemos que tenemos participación, pero está amarrada a una institucionalidad”, dijo a modo de crítica, exigiendo más contundencia en la reparación efectiva de sus derechos.
También las víctimas del conflicto pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ reclamaron una ley antidiscriminación para poder acceder a la restitución de sus derechos, pues denunciaron que terminan siendo revictimizados por las instituciones por pertenecer a las disidencias sexuales. Juan Felipe Valencia también solicitó una política pública para esta subpoblación de víctimas y mayor participación en los espacios de poder.
Los familiares y uniformados de la Fuerza Pública que han sido víctimas del conflicto armado también se pronunciaron en el pleno del Congreso. Y en conjunto pidieron ayuda a los congresistas para hacer incidencia en la JEP con el objetivo de que se abra un macro caso especial para ellos. “Como representantes de las víctimas de Fuerza Pública y Policía necesitamos ser escuchados”, dijo Lydia Iveth Florian, esposa de un miembro de la Fuerza Aérea asesinado.
Por parte de estos hubo reclamos directos a la bancada de congresistas de Comunes, la mayoría de ellos exlíderes de las Farc. “No es justo que las Farc no nos dé la cara para decirnos donde están nuestros familiares”, dijo Olga Esperanza Rojas, asegurando sentirse burlada por parte de los desmovilizados, pues, a su juicio, no han contribuido a esclarecer la verdad y, mucho menos, a reconocer delitos perpetrados en el marco del conflicto.
Como mensaje final, las víctimas pidieron que las escuchen más allá del 9 de abril, cuando se conmemora la fecha de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán como fecha representativa para honrar a todas las víctimas de la guerra del país. “Estamos pasando por situaciones en las que la indemnización administrativa ha sido nefasta. Se ha convertido en ayuda humanitaria. Las víctimas hemos servido de vitrina en el ámbito internacional, pero en los territorios más lejanos no llega la presencia del Estado. Necesitamos compromiso social y responsabilidad de los congresistas. No necesitamos reconocimiento solo el 9 de abril, sino la materialización de nuestros derechos”, concluyó Sandra Castañeda.
