Colombia + 20

9 Apr 2022 - 2:30 p. m.

Cinco hitos en los 10 años de conmemoración a víctimas del conflicto

Solo hasta 2011 el Estado reconoció a las víctimas por medio de la Ley 1448 de 2011, y creó un día para conmemorar sus luchas. Colombia+20 habló con representantes de víctimas para resaltar algunos de los hitos de su trabajo en esta década. Las víctimas reconocen grandes avances, pero también deudas que el Estado y la sociedad aún tienen en temas de reparación y construcción de paz.
María de los Ángeles Reyes Mesa

María de los Ángeles Reyes Mesa

Periodista Colombia+20
Miles de personas salen a marchar por la paz de Colombia, se congregan en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.
Miles de personas salen a marchar por la paz de Colombia, se congregan en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

Este 9 de abril se cumplen diez años de la declaración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Esta fecha reconoce la existencia de las víctimas del conflicto armado en Colombia y el hecho de que deben ser dignificadas y reparadas. La conmemoración se creó como parte de las medidas de satisfacción establecidas en la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, cuyo objetivo es el de “restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido (en el marco del conflicto armado)”, según se lee en el capítulo 9 de la Ley.

Según la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, la reparación a las víctimas es imperativa para lograr la paz en Colombia. Por eso, Colombia+20 recogió las voces de varios representantes de organizaciones de víctimas que han liderado y hecho veeduría a los procesos de reconocimiento y reparación de las más de nueve millones de víctimas que han dejado la guerra en el país. Tras once años de la ley, y diez años de la conmemoración del 9 de abril, ellas reconocen grandes avances, pero también deudas que el Estado y la sociedad aún tienen en temas de reparación y construcción de paz.

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1. Reconocimiento del conflicto armado y las víctimas

A pesar de que, con base en los parámetros dictados por el Derecho Internacional Humanitario, Colombia ha tenido un conflicto armado interno casi desde la década de 1960, el Estado solo lo reconoció hasta 2011. Según organismos internacionales como el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés), esto obstaculizaba la forma como se podían afrontar los diferentes hechos de violencia y buscar salidas a la confrontación armada. Es por eso que para algunas víctimas uno de los hitos más importantes en la lucha de las víctimas es justamente que el Estado reconociera la existencia del conflicto en el país.

Como consecuencia directa de este reconocimiento, también fue reconocida la existencia de las víctimas que había dejado esta violencia. En la Ley 1448, se definió que las víctimas son “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. También son víctimas sus familiares directos, los menores de edad reclutados por grupos armados ilegales y los miembros de las fuerzas militares que hayan tenido alguna afectación directa por causa del conflicto armado y sus familias.

Para Gloria Gómez, miembro de la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos, Asfaddes, el 9 de abril es una oportunidad para que “la sociedad se sume a la exigencia por el reconocimiento y las garantías para el cumplimiento de los derechos de las víctimas”. Su organización existe desde 1983, para exigir respuestas sobre el paradero de sus familiares, de quienes perdieron el rastro después de que terminaran detenidos por miembros del Estado.

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2. Pasos hacia la reparación integral

Para Leonardo Benítez, representante a la Mesa Nacional de Víctimas por Ovejas, Sucre, el hecho de que existan víctimas que han sido reparadas económicamente, o comunidades que han podido volver a las tierras de las que fueron desplazados, es un gran avance para la reparación integral. Si bien Benítez reconoce que todavía hay un largo camino por recorrer, también afirma que “hubo personas que fallecieron esperando una reparación, por eso ver que sucede, da algo de esperanza porque eso significa trabajar para la paz”.

La Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (Uariv) tiene un despliegue nacional con 195 oficinas de atención y 34 centros regionales para atender a las víctimas en los territorios. Además, dentro de su mandato ha registrado y caracterizado a las víctimas. Así, se sabe que el 51.1% de víctimas en Colombia son mujeres y que el hecho victimizante con más casos registrados es el desplazamiento forzado, con 8.231.887 personas desplazadas.

Según la Uariv, se han entregado indemnizaciones administrativas y judiciales por más de 7,8 billones de pesos a 1.121.176 personas. Existen también 792 sujetos de reparación colectiva, es decir, comunidades campesinas, pueblos étnicos, organizaciones y movimientos sociales que, por las características de su victimización, fueron reconocidas como un conjunto de víctimas y sus reparaciones responden, precisamente, a su bienestar como colectivo. Además, la Unidad de Restitución de Tierras ha restituido 538.018 hectáreas a cerca de 78.300 personas, y de esas 358.414 hectáreas fueron entregadas a grupos étnicos.

A pesar de estos avances, y según el informe de seguimiento al Acuerdo que hizo la Bancada de Paz del Congreso, las reparaciones que se han hecho efectivas solo corresponden al 16% del total de las víctimas que deben ser reparadas. Además, la velocidad en la que se está llevando a cabo este proceso implica que tomaría 59 años reparar a todas las víctimas en Colombia. En temas de restitución de Tierras, solo el 9% de solicitudes han sido resueltas en sentencias.

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3. La construcción de la memoria histórica: El protagonismo de las voces de las víctimas

Con la Ley de Víctimas también se creó el CNMH, con el fin de responder al deber de memoria del Estado. Según la ley esto “se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad (…) así como los organismos del Estado (…) puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto”.

“El CNMH significó que por primera vez el Estado iba a escuchar nuestra versión de los hechos, reconocer que nos mataron, que nos desaparecieron. Antes solo entre nosotros nos escuchamos”, afirma Leonardo Benítez. En 2012 el CNMH presentó su informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, donde por primera vez, una entidad oficial admitió que, desde 1958, murieron 220.000 personas como consecuencia del conflicto armado. Hoy, la cifra actualizada que reporta el Observatorio de Memoria y Conflicto, adscrito al CNMH es de 268.807 muertes por causa de la guerra.

El centro está creando además el Museo de la Memoria que debería ser entregado antes de que se acabe el Gobierno de Iván Duque al ser una de sus promesas de campaña. Sin embargo, ese proceso ha tenido retrasos, entre otras cosas, por la seguidilla de renuncias de sus cuatro directores. Hace unas semanas se conoció que Laura María Ortiz, quien se había posesionado apenas en enero pasado como directora del Museo de Memoria para las víctimas del conflicto armado, también dejó el cargo.

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4. Acuerdo de paz, víctimas en La Habana y Sistema integral de verdad: justicia reparación y no repetición

Si bien el Acuerdo de Paz no fue una consecuencia directa de la Ley de Víctimas, las organizaciones siempre han tenido como bandera la búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado, así lo afirma Laura*, lideresa social del departamento del Guaviare que pidió mantener su identidad en reserva, por motivos de seguridad.

Las víctimas fueron centrales en las negociaciones de La Habana, y el punto 5 del Acuerdo, recoge muchas de las exigencias que ellas mismas hicieron durante el proceso. Además, como recuerda el líder Kankuamo Oscar Montero, investigador de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, fueron las organizaciones de mujeres y las organizaciones indígenas las que pusieron sobre la mesa la necesidad de crear una subcomisión de género para las negociaciones y de la inclusión de un Capítulo Étnico en el Acuerdo de Paz.

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Tras la firma del Acuerdo se implementó el Sistema integral de verdad, justicia reparación y no repetición, Sivjr, que comprendió la creación de la JEP, la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV. Para Angélica Pérez, periodista y víctima de exilio, el sistema en sí mismo es una victoria para las víctimas.

Además, Pérez añade que fue la CEV la que por primera vez en la historia de las comisiones de la verdad en el mundo, reconoció la importancia de dedicar un capítulo exclusivo para las víctimas de exilio que, según la Uariv, son 7.599 colombianos en 61 países. La CEV en total ha recogido más de 27.000 testimonios a individuos y colectividades, y está por entregar su informe en junio de este año. Pastora Mira, una lideresa histórica de San Carlos, Antioquia, coincide en que la CEV y las demás instituciones creadas por el acuerdo reivindican la dignidad de las víctimas, pues apuntan a la construcción de la paz a futuro: “un país sin verdad, es un país absolutamente ciego, que no sabe hacia dónde apunta”, dice.

Asfaddes y otras organizaciones de familiares de personas desaparecidas fueron quienes presionaron a los negociadores del Gobierno y las Farc en La Habana para que se creara un mecanismo de búsqueda desde el Estado. Gracias a este trabajo hoy existe la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que, del universo de más de 90.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, ha incluido a 27.477 en los 21 Planes Regionales de Búsqueda, y, para 2021, había encontrado con vida y reunido con sus familias a cinco personas dadas por desaparecidas.

Por su parte, la JEP tiene formalmente abiertos 7 macrocasos, y se espera que este año abra tres más: uno de concentración nacional sobre crímenes de las extintas Farc, otro sobre crímenes cometidos por las Fuerzas Militares, grupos paramilitares y terceros civiles, y otro sobre crímenes contra pueblos indígenas en tres regiones del país. Además, esta entidad ha recibido más de 450 informes de organizaciones de víctimas por diferentes hechos victimizantes y a ella se han sometido 13295 personas entre agentes del Estado, excombatientes de las Farc y terceros.

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5. Ampliación de la Ley de Víctimas por otros diez años

La Ley 1448 tenía una vigencia de diez años, que se habrían cumplido en 2021. Sin embargo, por medio de la Ley 2078 del 8 de enero de 2021, se prorrogaron las acciones, instituciones y mandatos de la 1448 por diez años más. Junto con ella también fueron prorrogados los decretos Ley 4634 y 4635, que reglamentan la respuesta institucional a las afectaciones de personas y comunidades indígenas, afrocolombianas y rom, en el marco del conflicto.

Oscar Montero afirma que esta prórroga también fue producto de la lucha de las víctimas que apoyaron y brindaron insumos para que en 2019 la Corte Constitucional ordenara al congreso legislar para alargar el mandato de la Ley de Víctimas. La Corte aceptó que todavía había muchas deudas con muchas de las víctimas y que era necesario que el mandato de la ley se extendiera para subsanar esos vacíos.

Las deudas con las víctimas

A pesar de todos estos avances, las organizaciones y representantes de víctimas entrevistados por Colombia+20 coincidieron en que hay un camino muy largo por recorrer en materia de reparación integral. “Hoy en día hay víctimas, líderes sociales que son asesinados porque siguen luchando por sus derechos y los de sus comunidades”, afirma Benitez, representante de la Mesa Nacional de Víctimas. Esto es una muestra de la falta de garantías de no repetición, que es uno de los mandatos del Estado con las víctimas, según la Ley.

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Además, la norma también contemplaba la necesidad de garantizar el bienestar de quienes padecieron por consecuencia de la guerra, y el panorama actual de violencia no ha permitido que las víctimas reciban lo que les corresponde. Por ejemplo, este periódico ha reportado casos de comunidades que han sido favorecidas por medio de sentencias de restitución y que han sido amenazadas de nuevo en sus tierras, o han tenido que volver a abandonarlas.

Por otro lado, si bien las víctimas ven el Acuerdo de Paz como algo muy positivo, “casi están logrando hacer trizas la implementación”, dice Pastora Mira, y añade que “la paz es la mejor forma de reparación y la mejor garantía de no repetición”. Según el informe de seguimiento a la implementación en el Congreso, todavía hace falta una norma sobre el Punto 5, que es justamente una reforma a la Ley de Víctimas. La prórroga por diez años más fue un avance, pero en el Acuerdo se tenía contemplado que se hicieran ajustes a la Ley, recogiendo las conclusiones de espacios participativos con representantes de víctimas.

Angélica Pérez, también coincide en que, tras la firma del Acuerdo, se esperaba que el Estado llegara a los territorios que más han sufrido por causa del conflicto y que sus instituciones se fortalecieron. Sin embargo, dice, la debilidad en los PDET, la lenta implementación y la falta de voluntad política del Estado muestran esto no ocurrió. La consecuencia de esto también recae sobre los hombros de las víctimas, como dice Pérez: “este paisaje desolador tiene como consecuencia que a la gente la siguen matando, desapareciendo y violando sus derechos fundamentales. Es decir que la lista de víctimas sigue creciendo día a día, como una guerra prolongada al infinito”.

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