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Dice Carlo Nasi, profesor de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, que para sortear una crisis como la que vive hoy Colombia por cuenta de la pandemia y el paro nacional, se necesitan líderes excepcionales. Y más allá de la discusión sobre si el gobierno de Iván Duque ha tenido o no ese liderazgo –el mismo académico y muchos otros creen que no–, sin duda alguna parte de esas críticas recaen en el papel que debería estar jugando el Congreso de la República. Son muchas las voces que cuestionan su desconexión con el país, con algunas excepciones, sobre todo de legisladores de oposición, que han estado al lado de los manifestantes, incluso con consecuencias como anuncios de investigaciones disciplinarias de la Procuraduría.
Otros, a su vez, reclaman más mano dura y exigen más presencia militar en las ciudades donde el orden público se hace complejo. Todo depende de la orilla desde donde se hable. Lo cierto es que, salvo una audiencia pública realizada en el Senado en los primeros días del paro y en la que se escucharon los diferentes puntos de vista de sectores involucrados o afectados por las movilizaciones, lo hecho ha sido poco. A regañadientes se escuchó a algunas víctimas del abuso policial en las protestas durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, y la Comisión de Paz desarrolló una sesión en Cali. Pero desde las mesas directivas no se ha visto un liderazgo fuerte para plantear salidas a la crisis, menos ahora que los diálogos entre el Gobierno y el Comité del Paro se encuentran en un laberinto sin salida.
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Hay que tener en cuenta que será al Congreso al que le tocará acoger los compromisos que el Gobierno asuma en esas negociaciones, bien sea con el Comité o con otros sectores, para materializarlos en leyes. De entrada, una prueba de fuego será la “transformación integral a la Policía”, anunciada el fin de semana pasado por Duque, que ya tuvo su primera consecuencia. El marte, la Comisión Primera de la Cámara hundió el proyecto de la oposición, liderado por el representante Inti Asprilla, que apuntaba a una reforma a la institución, argumentando precisamente que los ánimos deberían volcarse en aportar y nutrir la propuesta que va a radicar el jefe de Estado. Siendo así, es probable que otras dos iniciativas que tocan a la Policía y que también hacen curso en el Capitolio sigan la misma suerte.
De hecho, son dos los proyectos en cuestión y que riñen con lo esbozado por el primer mandatario. Hablan, por ejemplo, de que la Policía esté subordinada al Ministerio del Interior, de limitaciones a la actuación en medio de las protestas, de prohibir el uso de armas cinéticas, de establecer responsabilidad en los altos mandos por acciones que puedan configurarse como delitos y que sean realizadas por unidades bajo su control, o de reformar la Ley 62 de 1993 para agregarle los principios de dignidad, enfoque diferencial en cuanto a niños, mujeres, indígenas o población LGBTIQ+, igualdad, necesidad o proporcionalidad. También, que se fomente la formación de los uniformados en materia de derechos humanos, cultura cívica y convivencia ciudadana.
Duque, por su parte, propone priorizar el trámite del proyecto de ley de carrera y profesionalización policial, implementar un nuevo estatuto disciplinario y avanzar con la expedición de un decreto que modernice la estructura orgánica de la Policía, que tendría la finalidad de fortalecer la política de defensa, protección y tutelaje de los derechos humanos, con la creación de una Dirección de Derechos Humanos. Asimismo, se plantea un cambio en la imagen de la institución, que empezará con la renovación del uniforme, cambiando el color verde actual por el azul; la reestructuración de la Inspección General y nuevos parámetros en el uso de la fuerza, con la incorporación de prácticas y estándares internacionales, además de nuevas tecnologías para los procedimientos que se adelanten en el marco de las manifestaciones y situaciones que vinculan a la ciudadanía.
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¿Tendrá el Congreso la altura para entrar a discutir de cara al país este tipo de reformas, a las puertas de la campaña electoral? De acuerdo con la analista Patricia Muñoz Yi, profesora de la Universidad Javeriana, las perspectivas no son muy halagadoras: “El Congreso, primero por la pandemia y luego por la cercanía de las elecciones, pareciera sumergido desde hace meses en una posición poco comprometida con los grandes problemas nacionales. Ha sido silencioso frente al paro, no asumió el papel que se esperaba, siendo elegido por voto popular. Creo que están un poco más preocupados por evitar que todo este malestar revelado en las protestas los afecte en términos de una posible campaña de reelección el año entrante”.
Para la académica, una muestra es lo sucedido con el proyecto de reforma a la Policía que se hundió, que no fue tan conocido por la ciudadanía y menos dialogado. “Se requiere el vínculo de actores sociales y políticos para lograr los consensos necesarios para que estas reformas vengan dotadas de legitimidad, respaldo y de aportes de los diferentes sectores. Ahora, no es desconocido que muchos temas importantes para la sociedad han sido resueltos por la Corte Constitucional u otras vías, y no por el Congreso, porque este no ha asumido la responsabilidad histórica de discutir los grandes temas. Por supuesto que la reforma a la Policía es un tema difícil y crucial, porque despierta sensibilidades frente al que debería ser su papel en las protestas. El Congreso debería convocar a los grandes sectores de la sociedad, en vez de solo pensar en intereses preelectorales con miras al proceso del año próximo”, enfatizó Muñoz Yi.
Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional, considera que el papel del Congreso frente al paro ha sido lamentable porque, más allá de algunas iniciativas individuales de unos congresistas jóvenes, amigos de la paz y de izquierda, no ha tomado un rol protagónico. “Podría haber sido un ente de mediación si se hubiera apropiado de la relevancia de ser una rama autónoma del poder público. Pudo haber tenido una actitud proactiva, pero eso es una decisión de las mesas directivas, que evidentemente no vimos. El Legislativo pudo haber jugado un papel importante en la coyuntura, incluso en beneficio propio para legitimarse como institución”, agregó.
Frente a las reformas que se vienen, Vargas cree fundamental que se hagan audiencias ciudadanas informales, para que personas de distintas vertientes opinen. “Esto también para que la sociedad los vea como una tribuna importante en la cual son oídos. Está relacionado con la reforma a la Policía, por ejemplo. Todos sabemos que necesitamos una buena Policía, pero que tenga la credibilidad y legitimidad de la sociedad, que es lo que hoy en día está en cuestión. De lo que se trata es de legislar de manera que contribuya a que tengamos una estructura de policía idónea. El problema no es el tema del uniforme, que haya cambio de verde a azul eso son bobadas, el problema de fondo es el papel que debe cumplir la institución en la sociedad colombiana”, concluyó.