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Justo cuando la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribó al país para comenzar una agenda del 7 al 11 de junio con el propósito de recoger en terreno las violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional, el denominado Comité del Paro anunció la suspensión unilateral de su participación en los diálogos con el Gobierno, que buscan llegar a unos preacuerdos para instalar una mesa de negociación, teniendo el pliego de emergencia que radicaron el 19 de junio de 2020 como el objeto a convenir.
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Para el Comité, el Gobierno ha tenido una actitud desinteresada con la situación social del país que este dice representar –pese a que esté compuesto mayoritariamente por organizaciones sindicales, laborales y de docentes, y por hombres que no hacen parte propiamente de la población juvenil– y una estrategia dilatoria para cansar la protesta social.
“Esta actitud nos lleva a suspender la negociación y evaluar la continuidad de las conversaciones adelantadas”, expresó el Comité en un comunicado. Para monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal y mediador en las conversaciones junto a la Misión en Colombia de Naciones Unidas, la decisión del Comité no significa expresamente que ambas partes no continuarán dialogando.
“De momento no hay ruptura, lo que hay es una suspensión hasta el jueves”, dijo a El Espectador monseñor Henao. Aunque el Comité no fijó una fecha para comunicar una nueva decisión, no es absurdo tener como base ese día (10 de junio), debido a que sus líderes se sentarán con la delegación de la CIDH mañana (9 de junio) en el Hotel Tequendama. En esta, el vocero Francisco Maltés, también presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), anunció que entregará el preacuerdo al que habían llegado con el Gobierno el pasado 24 de mayo y que días después fue objeto de “cambios regresivos”, según advirtió el Comité, que también aprovechará la reunión con la CIDH para hacer “denuncias sobre cómo el Gobierno se ha negado a firmar el preacuerdo”.
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Aunque los comisionados del organismo interamericano se dedicarán a escuchar, se espera que en ese encuentro se den luces sobre el paso a seguir por parte del Comité. “La visita de la CIDH es un punto importante para el Comité del Paro, que había exigido en el preacuerdo su anuencia, o sea, será un momento importante para ellos, en el que plantearán varias situaciones”, complementó monseñor Henao.
Para Angélika Rettberg, profesora de la Universidad de los Andes, la decisión se puede leer como una estrategia para “presionar antes de la conversación con la CIDH y la anunciada ‘toma de Bogotá’, así como demorar el levantamiento de los bloqueos y el alargamiento del paro”. Para mañana, el Comité convocó a nuevas movilizaciones.
La respuesta del Gobierno frente a la decisión de suspensión temporal de las conversaciones fue la de reiterar su disposición a dialogar con el Comité del Paro. “Vamos a hacerlo con quienes están de acuerdo, con los que a veces están de acuerdo y con quienes están en absoluto desacuerdo”, manifestó Emilio Archila, consejero para la Estabilización y vocero del Ejecutivo. Y a esto agregó que hay apertura para negociar sobre la renta básica, reforma a la Policía, matrícula cero –que el presidente ya se comprometió– y otros puntos que hacen parte del pliego de emergencia del Comité del Paro.
Eso sí, Archila dejó claro que no hay intenciones por parte del Gobierno de regresar al documento del 24 de mayo, en tanto se había entendido como un borrador el cual debía pasar el examen de ambas partes y, del lado del Ejecutivo, fue sometido a varios despachos ministeriales que propusieron cambios. Los temas que están incluidos en el documento del preacuerdo y de los que no se ha logrado una concertación son: el no uso de armas de fuego en la protesta pacífica, la no participación de fuerzas militares en las manifestaciones y la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las marchas, entre otros.
Los motivos del paro
El paro nacional, que comenzó el 28 de abril, detonó luego de que el Gobierno presentara la reforma tributaria del 15 de abril de 2021, que buscaba un recaudo de $25 billones por medio de propuestas como eliminar el grupo de exentos del IVA y ampliar la base gravable del impuesto de renta a personas naturales.
Sin embargo, uno de los consensos que han surgido entre los académicos es que el paro no se debe solamente a la reforma tributaria, sino que es la consecuencia del duro panorama social que vive Colombia: más de 2,4 millones de personas perdieron su trabajo durante el año en que estalló la pandemia; la pobreza monetaria pasó del 35,7 % (lo registrado en 2019) a 42,5 % en 2020, implicando que 3,6 millones entraron a esta condición.
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Además, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la clase media se redujo en 2,17 millones de personas, bajando desde los 14,7 millones en 2019 a 12,5 millones en 2020. Y Cali, uno de los epicentros de las protestas, fue una de las ciudades más afectadas: 256.000 personas salieron de la clase media.
A la par, los sindicatos también llevan varios meses pidiendo la derogación del Decreto 1174 de 2020, el piso de protección social. Esta es una norma que el Gobierno considera como una solución para darle seguridad social a personas que no alcanzan a devengar un salario mínimo mensual porque trabajan a tiempo parcial. Este ha sido fuertemente criticado por las centrales obreras al considerar que es una reforma laboral disfrazada, pues, a su lectura, promueve el trabajo por horas, lo que, dicen, desincentiva el empleo de calidad.
Impacto económico
Los bloqueos que han surgido en el marco del paro nacional han tenido consecuencias visibles e impactos para el ciudadano de a pie, incluyendo el alza del costo de vida. El DANE reveló que en mayo de 2021 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual del 1 % (en 2020 fue -0,32 %) y una anual del 3,3 % (en 2020 fue 2,85 %). Es decir, la inflación acumulada en lo corrido del año se sitúa en 3,18 % (en 2020 fue 1,5 %).
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Popayán (4,5 %), Florencia (4,02 %) y Cali (2,77 %) fueron las ciudades que registraron la mayor variación mensual en mayo de 2021 y son también los epicentros de las manifestaciones más fuertes que se han dado en el último mes.
Preocupa que 88 de los 100 puntos de la variación mensual de la inflación de mayo se deben a los alimentos, lo que refleja el impacto que han tenido los bloqueos a las vías en el marco del paro nacional. Desde 2009 no se veía un alza tan fuerte en los alimentos, que registraron una variación mensual de 5,37 %. De hecho, según el DANE, los alimentos se encarecieron más durante el paro de este año que durante el paro nacional de camioneros en 2016.
Incluso, Fedesarrollo asegura que el costo del paro nacional de mayo de 2021 es aproximadamente 1,5 veces superior al efecto del paro nacional camionero de 2016. La entidad estima que en mayo los bloqueos provocaron un costo de entre $4 y $6,8 billones.
El informe de Fedesarrollo también concluye que el desabastecimiento de insumos y el cese de actividades fueron las razones por las que la industria, el comercio, y el agro resultaron siendo los sectores más afectados. Estos concentran el 80 % del costo total estimado. Pero, las limitaciones por el cierre de las vías también tendrían impactos sobre la construcción, minería, suministro de energía y, en menor medida, las actividades profesionales y de entretenimiento.
En efecto, los bloqueos han generado afectaciones en diferentes sectores e industrias, de todos los tamaños. Según un reporte de Confecámaras de finales de mayo, el 22 % de las unidades productivas están inactivas. Una situación que ha obligado a suspender la producción de icónicas marcas y productos, como mantequilla Rama y las Frunas. Incluso, Renault-Sofasa anunció que se vio forzada a adelantar las vacaciones colectivas y suspender su operación por una semana.
La construcción también se ha visto afectada: la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió el pasado 26 de mayo que de los 2.289 proyectos que se están ejecutando, el 75 % se vio obligado a detener por completo su operación. Por esto el gremio alerta que hay 472.000 empleos en riesgo por cuenta de los bloqueos.